Aduana, contrabando y política arancelaria
La Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas expresó la semana pasada a la opinión pública y operadores de comercio exterior su preocupación y desacuerdo con las declaraciones y propuestas de políticos opositores al actual régimen, referentes al rol de la Aduana Nacional y su necesaria eliminación, dada su escasa contribución a la recaudación tributaria nacional y su infructuosa lucha contra el contrabando, a decir de los referidos políticos. Al igual que rechazamos la propuesta de arancel cero a la totalidad de las importaciones, independiente de su origen.
Es menester aclarar que el rol de la Aduana Nacional, establecido en la Constitución y las Leyes, va mucho más allá de la simple recaudación tributaria aduanera, que por cierto representó más del 25% del total de la recaudación tributaría nacional en 2022, y durante la presente gestión 2023, en el periodo interanual enero-julio ya se había alcanzado un incremento en la recaudación del 15%, esto a pesar de la exención total de tributos aduaneros a la importación de bienes de capital destinado al sector productivo que concluyó a fines de septiembre pasado.
La facultad de la Aduana Nacional comprende además de la recaudación, el control, registro, seguridad, y facilitación del intercambio de mercancías de Bolivia con el mundo a través del tráfico fronterizo y aeroportuario. Adicionalmente la autoridad aduanera administra la concesión de los recintos aduaneros, zonas francas comerciales e industriales, tiendas libres de impuestos, depósitos aduaneros transitorios de particulares y zonas primarias portuarias y aeroportuarias. En resumen, no puede haber comercio exterior sin una Autoridad que lo controle y regule, y esta autoridad es la Aduana Nacional.
La función pública aduanera moderna, está vinculada a la promoción de la sana competencia, la eliminación de distorsiones en el mercado por aplicaciones de prácticas comerciales ilegales como el dumping, monopolios, subvenciones, la seguridad del Estado, la lucha contra el tráfico de personas y armas, etc. Somos testigos de los esfuerzos que realiza la Aduana boliviana con la cooperación de la OMA, UNCTAD y OMC en la implementación de mecanismos de medición de tiempos de despacho, ventanilla única de comercio exterior y otras medidas de facilitación del comercio que deben apoyar al país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del milenio, de Naciones Unidas.
Es pertinente también aclarar que la lucha contra el contrabando no es responsabilidad exclusiva de la Aduana Nacional, la cual es compartida con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Es por demás evidente que la guerra contra el contrabando ha sido infructuosa, aun después de la reforma aduanera del año 2000 y la reforma tributaria del año 2003, a pesar de los significativos avances logrados con la institucionalización de la Aduana Nacional e Impuestos Nacionales, considerando que hasta inicios del presente Siglo las entidades recaudadoras eran botines de los partidos gobernantes, donde el contrabando y la defraudación tenían la venia del gobierno de turno, mientras aportara al bolsillo de designados recaudadores y las arcas de los partidos.
Más allá de la ineludible responsabilidad del Gobierno, el problema radica en la alta informalidad de la economía de la cual se nutre el contrabando, a lo que debemos sumar el blanqueo de capitales del narcotráfico y la corrupción, estos son problemas estructurales que se deben encarar con políticas públicas de mediano y largo plazo, en las cuales sabemos no se han concentrado los esfuerzos necesarios. Al respecto, desde el sector privado hemos pedido la reactivación del Comité Nacional de Lucha contra el Contrabando con participación de las instituciones más afectadas, debiendo tomarse medidas concretas en cooperación con la aduana chilena para controlar el flujo de contrabando desde sus puertos del norte y la zona franca de Iquique, así como una campaña masiva de incautación de prendería usada y vehículos sin papeles.
Respecto a la política arancelaria, esta es una herramienta importante en materia de política fiscal y un instrumento válido y necesario en la política de desarrollo industrial manufacturero, agropecuario y agroindustrial. Muchos sectores intensivos en manos de obra requieren de protección de la competencia desleal de países asiáticos en particular. El arancel cero en una economía primaria como la boliviana nos dejaría sin industria manufacturera en el sector textil, calzado, forestal, metalmecánico y otros. Una política de arancel cero implica renunciar al derecho de proteger nuestra industria, situación a la que no se han expuesto economías mucho más competitivas de la región como Chile y Uruguay.
Hemos sido también muy críticos del establecimiento de medidas para arancelarias, como las Autorizaciones Previas de Importación y cupos de exportación, que lejos de ser medidas de protección se transforman en un aliciente al contrabando, lo que daña en mayor grado a la producción nacional. Por otra parte, hay una innecesaria elevación de aranceles a productos que no producimos como, vehículos que no solo alientan la informalidad, sino que retrasan el crecimiento de la producción nacional en sectores estratégicos. La solución por el desastre no la compartimos, sí apoyamos esfuerzos conjuntos para hacer efectiva la lucha contra el contrabando, la corrupción pública y privada, así como la reinstitucionalización
