Agro exige condiciones y pacto para sostener el desempeño productivo

A pesar de un año atípico marcado por la crisis económica mundial y la emergencia de salud pública provocada por la pandemia del Covid-19, el tejido empresarial agropecuario de Santa Cruz alcanza un desempeño productivo favorable -mayor área cultivada y volumen de grano producido- y reivindica la necesidad de generar políticas públicas para sostener el crecimiento sectorial y un pacto productivo para garantizar la seguridad alimentaria e incentivar la inversión en el aparato productivo nacional.

A decir del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz, a pesar del cierre de fronteras y cuarentenas rígidas en los sectores económicos que provocaron una drástica caída de la oferta y la demanda, el sector agropecuario se convirtió en el amortiguador de los efectos negativos de la pandemia alcanzando un área cultivada de 2,75 millones de hectáreas (incluyendo verduras y frutas), que significa un incremento de 1,3% con respecto a 2019.

La producción agrícola fue de aproximadamente 15,94 millones de toneladas -un 8,41% más comparado con la registrada en 2019-, apoyado principalmente por un incremento significativo en los rendimientos de los cultivos.

En el ámbito pecuario, Díaz afirmó que el balance de resultados es dispar, registrándose un leve crecimiento del hato bovino de carne y de leche, y una contracción en avicultura de carne y huevo, como también en el sector porcinocultor.

La actividad productiva de pollos de engorde sufrió un duro revés durante el periodo de la cuarentena rígida (marzo a julio), donde la demanda de carne de pollo se contrajo más del 50%, ocasionando el colapso de las granjas que se encontraban cargadas a su máxima capacidad. Esta variable presionó a la caída del precio del kilo vivo a niveles históricos (Bs 3).

En el caso de la porcinocultura, el balance refiere que éste fue el sector más castigado por la pandemia. La producción de carne porcina decreció un 8% con respecto a 2019, además muchas granjas, principalmente pequeñas, cerraron debido a que no pudieron vender su producción por el cierre de mercados e inadecuada logística de distribución en la ‘nueva realidad’. Calculan una pérdida durante la cuarentena rígida que bordea los $us 4,8 millones.

Sector oleaginoso

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), sector que aporta con la producción de granos estratégicos (soya, maíz, trigo, girasol, chía y sorgo), el presidente en ejercicio Fidel Flores, indicó que el recuento productivo sectorial es también favorable.

Aclaró que a pesar de la cuarentena sanitaria por Covid-19, su sector extremó esfuerzos para garantizar la producción de alimentos. Es así que, según Flores, la producción total de soya, maíz, sorgo, girasol, trigo y chía alcanzó 5.024.000 toneladas, que significa un 15% más con relación a 2019.

Atribuye el aumento de producción a las condiciones climáticas favorables que se presentaron en la campaña de invierno 2020, que contribuyeron a obtener buenos rendimientos, principalmente en maíz, sorgo, trigo y girasol producidos en la zona este de la región.

La producción total de granos en 2020, según Flores, representó un movimiento económico de al menos $us 1.150 millones distribuidos en toda la cadena productiva de alimentos, y representa un incremento del 18% con relación a 2019.

De acuerdo al Índice Global de Actividad Económica (IGAE) del INE a septiembre, la agropecuaria creció casi un 2% a diferencia de casi todos los sectores que decrecieron.

Acciones urgentes

Al margen de las cifras, Díaz aludió que el sector agropecuario se encuentra en una nueva realidad, no solo por los efectos de la pandemia, sino también porque es evidente el rezago tecnológico en el que se encuentra el productor agropecuario para cumplir los propósitos de generar empleos, proveer de alimentos y dar calidad de vida a las familias bolivianas.

En un contexto de desempleo, disminución de la demanda, reducción de la oferta, cierre de unidades productivas, ingreso masivo de productos desde países vecinos, a nombre del aparato productivo cruceño, Díaz exigió frenar el contrabando, no aplicar restricciones a las cadenas productivas, no desincentivar las inversiones, facilitar el acceso a tecnología de última generación para todas las cadenas productivas, iniciar una campaña entre el sector público y privado para apertura de nuevos mercados internacionales e implementar medidas de reactivación de la oferta y demanda interna.

Para Flores, presidente en ejercicio de Anapo, el sector agrícola tiene un potencial para aumentar la producción de alimentos, garantizando el abastecimiento del mercado interno y generando excedentes para las exportaciones, pero que requiere concretar con el Gobierno un pacto productivo que permita generar condiciones y contemple la liberación de las exportaciones, acceso al uso de semilla genéticamente mejorada, implementación de Puerto Busch, lucha contra el contrabando de productos de origen agropecuario y seguridad jurídica en predios productivas para aumentar la producción.

Una de cal y otra de arena

El pedido del sector productivo asoma días después que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunciara la abrogación del Decreto Supremo 4139, aprobado el 22 de enero de 2020 en el periodo del Gobierno de transición, que liberaba las exportaciones sin presentación de certificado de abastecimiento interno y precio justo.

Para la autoridad, esta norma constituye un atentado a la soberanía y seguridad alimentaria, con el posible incremento de precios y desabastecimiento de productos sensibles, como carne bovina y de pollo, trigo, arroz y maíz, que conllevaría a un escenario de presiones en los precios de estos productos.

En la presente semana, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en el programa La Mañana en Directo de Erbol, reveló que el decreto que establece procedimientos abreviados para la adopción y uso de semillas genéticamente modificadas, aprobado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, será abrogado para dar paso a una nueva normativa que está en evaluación.

El decreto en cuestión fue aprobado por Áñez el 7 de mayo, con el propósito de establecer mecanismos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificadas para el consumo y la comercialización.

La ministra Prada explicó que este decreto forma parte de varias normativas que en este momento se están revisando para proceder a su abrogación.

Desde la Cámara de Exportaciones, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), el presidente Oswaldo Barriga, afirmó que el sector ve con mucha preocupación la abrogación del Decreto Supremo 4139 que eliminaba la necesidad de la obtención de certificados de abastecimiento interno y precio justo y desregulaba el mercado interno.

Acotó que el sector exportador, además de ser una de las principales fuentes de divisas para el Estado boliviano, genera más del 10% de los empleos formales directos del país, siendo el sector no tradicional el que más contribuye con empleos dignos, formales y sostenibles.

A juicio de Barriga se necesita mejorar la productividad en todos los eslabones de las diferentes cadenas productivas de modo que se reduzcan los costos y se generen niveles de competitividad para conquistar nuevos mercados de exportación e incrementar la participación en los existentes.

“Consideramos que se debe trabajar en un gran acuerdo por la producción y las exportaciones que mejore las condiciones de productividad y competitividad de todos los actores de las diferentes cadenas productivas, eliminando toda ventaja artificial dentro de las mismas, y así seguir generando más y mejores empleos e incrementando las divisas tan necesarias en la actualidad”, dijo Barriga.

En criterio del presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, la abrogación del Decreto Supremo 4139 afecta a las exportaciones que son el pilar fundamental para el ingreso de divisas, que sirven para equilibrar la balanza comercial de Bolivia, especialmente en estos momentos de pandemia global.

Aludió que con la vigencia de dicho decreto el mercado interno se autorreguló y hubo un abastecimiento normal con más de 20.000 toneladas mensuales promedio. “Volver a un sistema regulado perjudicaría a toda la cadena oleaginosa”, puntualizó Amantegui.

El jueves, el presidente Luis Arce promulgó el jueves el Decreto Supremo 4424, que crea un fondo inicial de Bs 911 millones (poco más de $us 130 millones), a través de dos fideicomisos, para viabilizar créditos dirigidos a reactivar el aparato productivo nacional con una tasa de interés anual del 0,5% y a 15 años plazo.

Los créditos podrán financiar capital de operaciones o de inversión, que tengan por finalidad la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan importaciones.

Para el titular del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Pedro Colanzi, con una política de promoción selectiva de exportaciones para traer dólares a Bolivia (focalizando en sectores de rápida reacción como el agropecuario, agroindustrial y forestal) y una política de sustitución competitiva de importaciones para ahorrar las divisas (producir biocombustibles, textiles, alimentos, maderas trabajadas y calzados de cuero), se puede volver a crecer generando superávit en la balanza comercial como antes, y recuperar los más de $us 10.000 millones perdidos de las Reservas Internacionales Netas (RIN) , desde el 2014.