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La Gobernación de Santa Cruz quiere que aumente la fianza de Bs 10.000 fijada para cada uno de los tres implicados en el caso de presunto desvío de fondos de la emergencia del Covid para cubrir parte de la campaña electoral municipal de Demócratas en 2021. “Por la magnitud del proceso, consideramos que debería ser más elevada”, remarcó Efraín Suárez, el secretario de Justicia de la Gobernación.

Además, dijo que apelará para que la justicia incluya en la investigación el tipo penal de incumplimiento de deberes. “El juez ha evidenciado el hecho delictivo, porque si no existiese un caso de corrupción, esta investigación se extinguía”, afirmó el secretario. 

El juez Roberto Parada, del tribunal Tercero Anticorrupción, aceptó la imputación formal contra el exgobernador Rubén Costa, el excandidato a la Alcaldía Roly Aguilera y al concejal Manuel Saavedra por los cargos de malversación de recursos, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. 

Los tres son acusados por un presunto desvío de Bs 700.000 del erario público para el pago de publicidad política en el contexto de la campaña electoral de los comicios subnacionales de 2021. La acusación, fundamentada en registros digitales, fue rechazada por los sindicados.

Suárez señaló con insistencia que para la Gobernación este es un caso que debe llevarse en el marco del “debido proceso” y evitó, de este modo, comentarios de orden político relacionados con el liderazgo regional cruceño. 

En sintonía con esa línea acción, el gobernador Luis Fernando Camacho no volvió a opinar sobre las investigaciones planteadas contra su antecesor. A través de su cuenta en Twitter, el pasado fin de semana calificó a Costas de “traidor”.

 Previamente, el exgobernador había señalado que la acción jurídica en su contra era para aniquilar a Demócratas y la institucionalidad cruceña por efecto de una estrategia que estaría a cargo del Wálter Chávez, el primer “cerebro” electoral del MAS y que ahora está de asesor político del gobernador Camacho.

“Más que la situación jurídica del exgobernador, lo que estamos viendo es que exista un debido proceso y, por otra parte, constatar que ese debido proceso sí existió. Ese es el primer elemento desde el ámbito jurídico. No se puede continuar con un proceso si se determina que un hecho no existió. Lo segundo es la probabilidad de autoría y esto fue aceptado por el juez”, afirmó Suárez ante la insistencia de los periodistas.

A última hora del miércoles, el juez Parada consideró, en su resolución, que no había un riesgo procesal que justifique la detención preventiva en Palmasola contra ninguno de los imputados, tal y como lo había solicitado el Ministerio Público. Ordenó así el pago de una fianza, cuyo monto ahora fue observado por el Gobierno Departamental cruceño.

Pero, hay más. Los acusados no pueden comunicarse entre sí ni con el personal que estuvo en la Gobernación y deberán presentarse cada viernes ante la Fiscalía. Para Costas, esa rutina no será novedosa. Desde hace 12 años asiste los viernes a firmar su asistencia ante la Fiscalía, pues está arraigado e investigado por el referéndum autonómico que fue declarado ilegal por el primer gobierno del MAS, pero sobre la base de la Constitución Política de 1965 que ya no está vigente.

Por otro lado, a Aguilera y Saavedra se le anotaron preventivamente sus bienes, y finalmente, el concejal por Demócratas deberá pedirle disculpas públicas a la fiscal Rosmary Barrientos y a su hija porque en un programa de radio dijo que está última estaría trabajando en la Alcaldía y, por ello se la estaría investigando.

Saavedra ayer habló porque es el único de los imputados al que no le prohibieron hablar con los periodistas. Aseguró que apelará la determinación del juez, porque tiene el derecho de ejercer su trabajo de fiscalización en el Concejo.

Voy a luchar para volver al Concejo Municipal y trabajar. Voy a aplicar los mecanismos que me faculta la ley para que esto se revierta”, afirmó y anticipó que participará vía Zoom, “usando los mecanismos tecnológicos” para participar de las sesiones.

En sus alegatos ante el juez, Saavedra señaló que las acusaciones de la Gobernación tienen “un trasfondo político y no busca la verdad” respecto a los hechos.

El abogado que patrocina a Costas, Aguilera y Saavedra, Luis Fernando Roca, sostuvo que sus defendidos “han colaborado con la investigación y esa conducta que fue valorada” por el juez para evitar su detención en Palmasola.

Precisó que “el arresto domiciliario no implica que deban tener escolta policial” y señaló que los acusados podrán realizar sus labores durante el día con normalidad.

 “El Ministerio Público tiene un sesgo y busca demostrar la culpabilidad de las personas a quienes persigue, pero nuestras pruebas fueron claras y lo que se pagó desde la Gobernación fue una propaganda institucional y eso queda demostrado con lo que hay en redes sociales”, precisó.

La fiscal del caso, Rosemary Barrientos, informo ayer que si los imputados vulneran alguna de las restricciones planteadas “se debe señalar día y hora para que el juez considere la revocatoria de las medidas”. Asimismo, anticipó que existe la necesidad de escuchar la versión de un asesor de Costas que fue citado como testigo y que pudo haber salido del país hacia Estados Unidos para continuar con estas pesquisas.

Suárez recordó a EL DEBER que el gerente de la empresa publicitaria que fue contratada por la Gobernación hizo varias revelaciones respecto a la supuesta operación en favor de la campaña de Demócratas. Aclaró que el allanamiento realizado por la Fiscalía a la sede de Demócratas no se encontraron documentos que relacionen al partido con la empresa Cisneros, desde donde se hacen las gestiones para el pago de publicidad a las operadoras globales Facebook y Google Ads.

En la requisa, los fiscales encontraron que el portero de la oficina del partido recibió un mensaje para deshacerse de documentos.

En las cuentas oficiales de la Gobernación se halló publicidad de Demócratas y ese dato activó la pesquisa a finales de 2021.

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