Ajustes indispensables en la política fiscal

Luego de analizar algunas de las intervenciones de las autoridades económicas y monetarias del país, incluida la última aparición del jefe de Estado, no podemos menos que preocuparnos por el contraste entre lo que observan quienes nos gobiernan y la realidad en la que vivimos los bolivianos, y en particular la situación económica crítica para quienes generan producción y empleo formal.

Del cúmulo de males que aquejan la economía, muchos de ellos estructurales desde el siglo pasado, como el alto nivel de informalidad, el contrabando permisivo, que a pesar de los esfuerzos de la Aduana aumenta cada año, el déficit público recurrente, el déficit global de la balanza comercial de bienes y servicios, el bajo nivel de empleo formal, la creciente deuda pública interna y externa, y ahora la inestabilidad cambiaria e incertidumbre sobre la fortaleza del sistema financiero, gran parte de ellos se originan en una errática política fiscal que trataremos de analizar.

La política fiscal comprende una serie de instrumentos directamente relacionados a la asignación de recursos públicos al gasto e inversión en actividades productivas de bienes y servicios, en resumen, hace a los ingresos y gastos en los cuatro poderes (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral), como a las inversiones en empresas públicas, infraestructura en general y otros activos que son necesarios para el desarrollo humano y económico del país. De igual manera, la fiscalidad abarca instrumentos de financiación como deuda pública externa e interna, así como la emisión de activos al mercado financiero nacional e internacional.

Considerando lo enunciado, veamos ahora cuál es el desempeño de nuestra política fiscal y su responsabilidad en la actual crisis, descrita por el Gobierno como coyuntural y producto del contexto económico internacional. Hasta el año 2020 todos estábamos con economías recesivas producto de la pandemia del covid-19, ya el año 2021 la mayoría de las economías recuperaron su recesión con tasas de crecimiento mayores a sus tasas negativas del año anterior, éste no fue el caso de Bolivia cuya tasa de recuperación el 2021 fue del 6%, inferior a una contracción de más del 8% el 2020. En gran parte atribuible al incremento del gasto público, la subvención a los combustibles y el costo de la deuda.

El bienio 2021-2022, los dos primeros años del actual periodo gubernamental, el déficit público se situó en -9,3% y -7,2% del PIB, respectivamente, haciendo un total de más de 6.500 millones de dólares americanos; sin embargo, el problema no es el déficit en sí mismo, sino cómo se financia. En este caso, una gran parte lo solventaron las reservas internacionales, el incremento de deuda y nuevos impuestos, cuyo resultado hoy se ve reflejado en la crisis cambiaria y financiera.

Otro de los problemas álgidos de la política fiscal es el régimen de subsidios y ayudas directas, en el caso de los combustibles el costo llegó en 2022 a 1.700 millones de dólares americanos, según lo informado por YPFB (La Razón, 24/01/2023), lo que equivale al 4% del PIB, cuando el presupuesto asignado el año anterior era de 750 millones de dólares americanos. A esto se suman los subsidios en la compra de alimentos como maíz, trigo y otros, destinados a solventar la baja tasa de inflación. Esta situación no solo provocó un rezago cambiario, sino que fomentó el contrabando y las importaciones con un dólar barato, provocando daño en la industria manufacturera y agroalimentaria.

Un aumento gradual y casi marginal del precio de los combustibles fósiles (diésel y gasolina especial), sumado al mayor uso de biocombustibles como el etanol en la mezcla con gasolina que ahora solo llega al 8% cuando la ley permite una proporción de hasta el 12%, además de las presupuestadas plantas de biodiésel, deberían reducir de manera significativa la subvención. De la misma manera, que debería permitirse el uso de la biotecnología en la producción de maíz, soya y sorgo, lo cual no solo garantiza más alimentos baratos, sino un mayor volumen de producción de biocombustibles.

El incremento del gasto corriente en 7% en el PGE 2023 sobrepasa los 20.500 millones de dólares y amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas, destinado en buena parte a burocracia gubernamental y empresas estatales deficitarias. Esto contrasta con el reclamo de maestros y padres de familia por más presupuesto para educación que arrastra un déficit de 15.000 ítems en escuelas públicas, o el sector salud cuya carencia de médicos, equipos y medicamentos en los hospitales y centros de salud laceran la dignidad de los bolivianos que no tienen cómo acceder a la salud privada.

El talón de Aquiles de la política fiscal sigue siendo la recaudación tributaria. La multiplicidad de regímenes tributarios promueve la evasión y elusión de impuestos consolidando un Estado informal. El contrabando cuyas incautaciones no sobrepasan el 10% de su estimación es constatable con claridad meridiana en la cantidad de vehículos indocumentados en todas las provincias rurales y la proliferación de mercados informales con venta directa de ropa usada, bebidas alcohólicas y alimentos que ingresan evadiendo el control aduanero y sanitario.

En tanto no resolvamos estos problemas estructurales de nuestra política fiscal, será muy difícil consolidar crecimiento sostenible y paz social.