El caso de la Comunidad Indígena Agroforestal Saruki Churapa, en el municipio de San Miguel de Velasco, puede considerarse histórico, porque sería la primera vez -al menos de conocimiento público- que una autoridad indígena se declara competente y junto a los comunarios expulsa a una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que pretendía ingresar al territorio ancestral -denunciaron- junto a un grupo de campesinos denominados “interculturales”.

La acción, encabezada por la cacique Gabriela Rodríguez, también jueza indígena territorial ancestral, derivó en una demanda penal de parte de la Dirección Departamental del INRA, “por la supuesta comisión del delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones, insultos por motivos racistas o discriminatorios y privación de la libertad.

La semana pasada, la cacique Rodríguez interpuso una demanda de declinatoria de jurisdicción y competencia, que un juez público mixto de San Ignacio de Velasco, declaró procedente. “Esto surgió porque el INRA entró con interculturales en horas de la noche y los comunarios se molestaron, se reunieron y les dijeron que no iban a permitir el ingreso a sus comunidades, peor aún porque no habían coordinado con ninguna autoridad de la comunidad”, explicó el abogado que asesora a los comunarios, Carmelo Céspedes.

Expertos en la materia consultados por EL DEBER, coincidieron que este tipo de conflictos se ha incrementado en los últimos dos años, en vista de la cercana conclusión del proceso de Saneamiento de la Propiedad Agraria, que de acuerdo a la Ley 3545, el INRA debió concluirla en el año 2013.

Eulogio Núñez, director nacional del INRA, en pasados días indicó que el 92% de las tierras en el territorio nacional ya están saneadas -no brindó datos en hectáreas- y el 8% restante son 8,5 millones de hectáreas. “De esa cantidad, 5,1 millones de hectáreas están paralizados por conflictos que tienen que ver con sobreposición de derechos”, explicó.

Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, el problema ya no es el saneamiento en sí, por el avance que tiene el INRA, lo grave es que los avasallamientos se están dando en propiedades saneadas y en plena producción. “Lo que aquí amerita es un cambio de actitud del Gobierno frente a la acción violenta de grupos organizados, que dicen representar movimientos sociales. El derecho propietario es inviolable según la CPE, la tierra es un bien común pero no una mercancía, la invasión de propiedades pone indudablemente en riesgo la producción de alimentos”, dijo Farah.

Al mismo tiempo, consideró que “es evidente que el sector agropecuario, así como el de todo el pueblo boliviano está afectado por una justicia que no funciona como corresponde, toda vez que en caso de darse un acto delictivo como el avasallamiento, con agravantes como el uso de armas de fuego, el secuestro y hostigamiento a los propietarios de tierras en producción, que  tiene que ser castigado con la cárcel, vemos con mucho asombro la impunidad de la que gozan los que cometen este ilícito, lo cual ocasiona que los casos de avasallamiento se incrementen y se tornan más violentos y van a acompañado con el robo, amenazas lesiones, estafas y demás”, aseveró.

Por su parte, el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Miguel Vargas, lamentó que la disputa por la tierra en Bolivia está adquiriendo un nivel de violencia nunca antes visto, lo que tiene que ver con la ausencia de Estado. “Han ocurrido casos que podrían ser considerados paradigmáticos, el de (la propiedad) Las Londras, ha sido el más mediático, pero otros como el de finales del año 2021, la toma violenta de la comunidad ayorea 27 de Mayo, donde un grupo de interculturales dejó a varias familias fuera de su territorio, demuestra que esta ausencia de Estado profundiza los problemas”, señaló.

Al mismo tiempo, Vargas subrayó que desde el año 2010 la política agraria del Gobierno ha dejado de privilegiar la titulación de tierras a favor de comunidades indígenas y ha tomado como prioridad la titulación a favor de comunidades interculturales de campesinos. “Esto tiene que ver con una política gubernamental por apostar por otro modelo, no el modelo que establecía la revolución comunitaria de la tierra del año 2006, sino volver a un modelo en el que, a partir de la individualización de la tierra, se pueda promover y fortalecer el modelo de desarrollo vinculado a la agroindustria”, añadió.

Según el ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, hasta el momento el INRA ya saneó alrededor de 100 millones de hectáreas y lo que resta está en áreas periurbanas, que son las más complejas por la densidad predial. “Son áreas de alto valor comercial, que son fuertemente disputadas y, por eso, el INRA las dejó para lo último. Lamentablemente no hay transparencia, hace bastante tiempo no se informa sobre las superficies saneadas y la situación en la que van quedando”, aseveró.

De acuerdo con Almaraz, la actual situación da lugar a que ciertos grupos de intereses se apresuren a ocupar tierras en proceso de saneamiento, para que esas posesiones puedan quedar convalidadas. “Eso es muy posible, pero no ocurriría si es que se supiera que el saneamiento no va a convalidar posesiones ilegales. Es el caso de una serie de resoluciones de autorización de asentamiento o incluso de dotación, que el INRA ha estado dando a los colonizadores, a los llamados interculturales en Santa Cruz, sobre áreas protegidas, cuyo régimen impide la constitución de derechos agrarios.

Entonces, la tolerancia del INRA con las ocupaciones ilegales, son pues una invitación a que esas ocupaciones se repitan y eso se ha estado viendo prácticamente en todo el país”, remarcó.

Alcides Vadillo, director departamental de la Fundación Tierra, consideró que otra amenaza grave de los avasallamientos está en las áreas protegidas. “Es uno de los temas que habría que tomar con mayor seriedad, no solo hemos destruido la reserva forestal de El Choré, donde en buena parte los responsables son población campesina migrante.

También hemos destruido la reserva forestal de Guarayos, donde también hay grandes empresarios que están consolidando propiedades y que, en términos reales, ha quedado reducida al 30% como tierra fiscal. Son problemas que se nos vienen encima, como el tema del Amboró, que debería preocuparnos muchísimo”, profundizó.