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30 de octubre de 2022, 4:00 AM
30 de octubre de 2022, 4:00 AM


Ya no es solo un cerco. Ya no es solo amenaza de muerte contra Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo. Ya no es solo el corte de suministro de gas y carburantes. Ya no es solo el ataque a los puntos de bloqueo. Ya no es solo la amenaza de invasión estilo Ucureña. Ya no es solo la suspensión de la exportación de productos claves para la economía. Ahora tambén es la toma de empresas privadas y cooperativas. Todo en Santa Cruz. Todo contra Santa Cruz. ¿Qué viene luego? ¿La toma y ocupación militar del departamento?

Todo lo anterior ha ocurrido en menos de una semana. No se trata solo de amenazas. Han sido acciones de hecho, salvo los anuncios de muerte contra dos dirigentes cruceños y la ejecución de un descabellado Plan Tupac Katari. Si no fuera que lo estamos viendo en vivo y en directo, viviendo en carne propia, daría para pensar que es una locura inventada por una mente extraviada en el siglo XX e incluso XIX. Pero no, no es un invento ni fruto de la imaginación. Es tan real, que duele. Tan verídico, que indigna.

Pero tal vez lo que más duele e indigna es tener que reconocer que hemos llegado a este punto de irracional arremetida contra Santa Cruz no apenas por voluntad y mérito de una cúpula y organización política antidemocrática como lo son el MAS, sus dirigentes y bases, sino también por la desidia, la incoherencia, el oportunismo y hasta la indiferencia de más de un sector o actor que, lejos de actuar en consecuencia con los valores democráticos o intereses de la región que dicen abrazar y defender, han ido doblando rodillas, inclinando la cerviz, haciendo de la vista gorda, extendiendo las manos o abriendo bolsillos.

El resultado ha sido el avance de ese proyecto político autoritario que hoy se manifiesta con toda su brutalidad principalmente en Santa Cruz, aunque es sabido que el impacto de los daños que provoca trasciende al departamento cruceño y se deja sentir en todos los departamentos del país. Que lo diga Potosí, por citar solo otro de los más afectados, e incluso La Paz, a la que el privilegio de ser sede de gobierno no le ha bastado para quedar eximido de las torpezas y violencia de su inquilino principal. El listado puede seguir con Beni, Pando, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, cada uno con sus propios dramas, pero ninguno con la carga que soporta ahora, y desde larga data, Santa Cruz.

Una carga cada vez más pesada e insostenible que amenaza con explotar en cualquier momento, provocando daños no solo a Santa Cruz, como quieren creer algunos, sino a Bolivia toda. Una explosión cada vez más próxima, como lo estamos viendo hoy a través de la crisis generada en torno a la demanda del Censo 2023. Una demanda que ha dejado de ser regional, cruceña, para convertirse en un reclamo nacional, boliviano, pero que no ha logrado instalarse como una prioridad en la agenda de la política formal. Crece entre la gente, los ciudadanos, con una fuerza que se está expresando en las calles de manera aún dispersa, sin conducción política clara, incluso en Santa Cruz.

Una evidencia que preocupa, dados los escenarios posibles que se plantean en el análisis de esta nueva crisis política y social gatillada por la demanda del Censo 2023. La madre de todas las batallas, a decir de Renzo Abruzzese, entre tantos otros. Una batalla que se está librando en condiciones adversas desde la sociedad civil, hoy expuestas otra vez aunque más que antes a un peligroso escenario de escalada de la violencia, alentada por el poder central y alimentada por el oportunismo de actores y sectores ya señalados antes.

Días de incertidumbre, sin duda. Días decisivos, cómo no. Días marcados por la paradoja de un monstruo debilitado que está a punto de ganarle una gran batalla a una sociedad enriquecida en su capital social, pero carente del soporte esencial que debiera ofrecerle su representación política.

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