Amayapampa

Las condiciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no permiten que el Estado explote buenos yacimientos que están bajo su jurisdicción. Esto, dada la coyuntura de cotizaciones altas en el mercado internacional, obliga a pensar en la asociación con empresas extranjeras serias que aporten con capital, sostenibilidad y tecnología para no perder la oportunidad. Sin embargo, si no se garantiza seguridad y estabilidad a esas empresas, se corre el riesgo de caer en manos de compañías que buscan más fortalecerse y hacer negocios con nuestros recursos, antes que desarrollar nuestras operaciones.

Amayapampa es una comunidad ubicada en el altiplano del norte de Potosí, donde se encuentra el yacimiento aurífero del mismo nombre. Dos ayllus están presentes en esta región del municipio de Chayanta: Chayantaka y Phanacachi. Estos ayllus son propietarios del territorio y tienen una historia de luchas y reivindicaciones muy antigua por preservar su cultura, su forma de vida y los recursos naturales de su territorio. Ambos han sido reconocidos, históricamente, por su carácter guerrero, aunque en la actualidad se los conoce por las condiciones de extrema pobreza en que viven sus habitantes.

El yacimiento de Amayapampa pasó por varios dueños; ante la inactividad y el incumplimiento del último: Lion Gold Ltda. (LGCL), el Gobierno revirtió las concesiones en un proceso que terminó a fines del primer semestre de 2015. Una de las empresas que intentó explotar el depósito, con la seguridad de hacerlo, contrató una gran cantidad de comunarios como obreros; este fue el origen de la insostenibilidad de las operaciones futuras, pues, al no ingresar en la etapa productiva, se tuvo que mantener los salarios de todas esas personas, con un gasto de dos millones de dólares anuales.

Según Jorge Espinoza, exautoridad del sector, “hubo un manejo sin ética ni sustento profesional y además doloso de todas las empresas extranjeras, poco conocidas o con escaso capital. Creo que su objetivo era solo hacer juego de bolsa o vender el proyecto. Seguramente VGC fue la única empresa extranjera que ganó dinero con Amayapampa. Lamentablemente hasta ahora ninguna empresa junior de exploración logró desarrollar exitosamente un proyecto minero en Bolivia”. Este es un riesgo que corre el país al espantar inversiones serias.

El año 2016, Comibol inició operaciones en Amayapampa, haciéndose cargo de esos trabajadores. Intentó explotar el yacimiento, pero diversos factores (problemas de liquidez, limitaciones de capital de inversión, organización no adecuada a las nuevas normas) rápidamente le demostraron que no estaba en posibilidades de asumir una tarea tan compleja. Las actividades se paralizaron, pero no los salarios. La búsqueda de socias para hacer viable la explotación no logró atraer a grandes empresas internacionales que aseguraran un acuerdo serio y los trabajadores movilizados exigieron que el Estado invirtiera 300 millones de dólares para concretar un proyecto de envergadura.

La reserva estimada del yacimiento está alrededor del millón de onzas de oro, lo que podría ser atractivo para empresas serias; pero, desde hace décadas y hasta el momento, solo la gente de la región extrae, artesanalmente, pequeñas cantidades del metal para mejorar sus ingresos.

En el negocio minero, es normal que empresas junior se hagan cargo de las etapas previas a la gran explotación, allanando el camino para la llegada de las grandes, tomando el riesgo inicial, trayendo la inversión inicial, llevando a cabo la prospección para determinar si la explotación es económicamente factible y si vale la pena continuar o no sin producir, pero con la esperanza de recuperar lo invertido en la transferencia de la operación.

Orvana (Emipa) fue de las compañías que se encargó de la exploración hasta la producción. En muchos casos la misma empresa se hace cargo de la exploración, desarrollo, producción y cierre (como Newmont en Oruro, que llevó a cabo producción y sigue pagando para el cierre). En el caso de NPM, el plan es llegar al desarrollo y producción, teniendo un contracto de expansión con Comibol aprobado por la Asamblea Legislativa. Esta fase ha sido cumplida en Amayapampa, sin embargo, no llega la empresa grande que dé el paso definitivo.

El compromiso con los trabajadores, sin producir, es un pasivo social muy grande. Además, está en la memoria de la gente la masacre de fines de 1996, cuando los mineros intentaron tomar la empresa y fueron reprimidos por la Policía y el Ejército con el saldo de 9 personas muertas.

Las comunidades tienen presente, por otra parte, la relación de intercambio que había con la Comibol y la estabilidad que esta institución proporcionaba a las regiones cuando estuvo vigente. Lo mismo se espera de cualquier operador.

En los últimos años, los avasallamientos de empresas, la ocupación de áreas preparadas por otros y el riesgo para los nuevos emprendimientos han constituido un clima de inseguridad que ha puesto freno, inclusive, a operaciones del Estado. Son varias las áreas de Comibol ocupadas por cooperativas de manera irregular y que, luego, han tenido que formalizarse.

Con todo este panorama, es muy complicado que empresas serias se animen a traer inversiones en el sector. Lo que pone al país frente a otro riesgo más: que las empresas que se acerquen sean instituciones sin capital o sin la convicción de llevar a cabo el proyecto y que, más bien, intenten capitalizarse a costa de nuestras necesidades. Varias experiencias dan testimonio de estas malas experiencias en los últimos quince años.

Mientras no se refunde la Comibol, su liquidez y su capacidad de inversión están limitadas y, si quiere aprovechar la coyuntura de precios altos, tiene la opción de asociarse a empresas extranjeras, pero estas deben ser -lo repito- empresas serias, con experiencia y capital. Por el momento, en el país no tenemos más que una empresa de esta categoría, que ha invertido en la etapa de exploración y que propuso aumentar la inversión sobre la base de una expansión de su área de trabajo en acuerdo con Comibol. Si no se consiguen socias de este tipo, se corre el riesgo de repetir los perjuicios de los últimos años. Se puede atraer empresas serias si se garantiza seguridad jurídica, estabilidad y no avasallamientos.

Héctor Córdova / Analista Minero