Amazonía sufre por la codicia y la falta de institucionalidad, alertan los expertos

“No es necesario ser inteligente para darse cuenta de que nos quieren asfixiar para que entreguemos el territorio”, dijo, en medio de la desesperación, Darío Mamio, corregidor de la comunidad Bella Altura, en la TCO Takana 2, del norte de La Paz, una de las áreas más afectadas por los incendios del mes pasado.

Como nunca antes, Mamio vio arder su hogar y también los ojos de agua. Recalcó que en el norte paceño la naturaleza ha sido protegida por seis naciones indígenas: los uchupiamonas, esse ejja, mosetenes, tsimanes, takanas y lecos. Además, este año se quemaron otros puntos de la Amazonía: Rurrenabaque, San Borja, Reyes, Santa Ana de Yacuma, en el departamento del Beni.En Santa Cruz, según datos de la Gobernación cruceña, se calcinaron casi 100.000 hectáreas de la reserva forestal Choré, que es parte de un circuito húmedo que provee de agua a varios municipios productivos de esta región.

Al embate del fuego, también se suma la deforestación, la minería, la contaminación y la apuesta por monocultivos. Roger Carvajal, académico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), lamentó que no se esté dando la atención necesaria para parar depredación en la Amazonía, ni siquiera desde el ámbito académico, tampoco del estatal.

“Las comunidades indígenas viven dispersas en el norte amazónico de Bolivia, pero sobre todo en las riberas de los ríos, en las grandes cuencas, tenían armonía con la naturaleza, son los agentes de conservación histórica, pero están siendo agredidos por todo lo que pasa a su alrededor”, dijo.

En lo que respecta a la minería, Pablo Villegas, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), dijo que lo que está sucediendo debería catalogarse como inducción al delito. “Esto es cuando gente con mucho poder aprovecha la situación de pobreza y miseria”, remarcó sobre la cooptación de los indígenas para actividades alejadas de usos y costumbres.

Sobre los incendios, Villegas explicó que viene monitoreando esta problemática desde 2019 y que, en todo este tiempo, ha constatado que hay tres puntos de mayor contaminación, generada por fuego. “Están China, Estados Unidos y Bolivia, con la diferencia que en Bolivia no nos estamos haciendo ricos como los otros dos países. Lo de Bolivia es un caso muy serio”, alertó Villegas.

Ruth Alípaz, integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), lamentó que estas actividades que depredan el medioambiente, además perjudiquen iniciativas como la de turismo eco comunitario.

“Fue tanta la desolación por el fuego, que la gente no sabía si apagarlo o cuidar las fuentes de agua”, suspiró sobre la ola de incendios y contaminación que se produjo en octubre y noviembre.

Más grande fue su molestia cuando recordó que, mientras los pobladores de San José de Uchupiamonas, su comunidad, trataban de aplacar las llamas, llegaban caravanas de mineros.

“En el caso específico de Ixiamas, la proliferación de puntos de fuego coincidió con el ingreso de los mineros. Quieren quitar su valor al bosque para que no quede nada que proteger”, aseveró.

Alípaz cree que son muchos los intereses detrás del fuego; planteó que al quitar a los indígenas las condiciones para acceder a sus medios de vida, sus chacos y montes para cacería de supervivencia, los obligan a desplazarse.

Pérdida irreparable

Para Carvajal, es vital entender que estas comunidades siempre tuvieron un conocimiento muy amplio del manejo de la naturaleza y de la biodiversidad, que se transmitía de generación en generación, pero que con estos cambios se va perdiendo. “Conocimientos que para la ciencia es una joya, pero no se ha valorado como se debe”, cuestionó.

Asimismo, admitió que, en algunos casos, los pueblos indígenas se están incorporando a la minería con costos muy altos.

Dentro de toda esta dificultad, Pablo Villegas valoró que, debido a las secuelas de las actividades extractivas, la población está adquiriendo mayor conciencia.

“Una de las causas de esta conciencia es que los datos que recolectamos muestras que el sector de población más contaminado por mercurio es de cero a 19 años, lo que estadísticamente representa el futuro del país y cuando se les ha informado sobre las consecuencias, una de ellas la reducción de la capacidad intelectual, ha despertado mucha preocupación en la gente”, compartió.

Asimismo, Villegas recalcó que el efecto del mercurio es masivo, ya que no solamente son los pueblos indígenas los que consumen pescado contaminado, sino poblaciones como Rurrenabaque, Guayaramerín, Riberalta y otros.

Carmen Capriles, de Reacción Climática, dijo que por su naturaleza húmeda, el bosque amazónico no debería arder, pero que lo acontecido es como una bola de nieve, “se quema, hay menos árboles, menos humedad y más sequía debido al fenómeno El Niño; así eso se convierte en combustible, se quema más rápido y con más fuerza. La sequía aumentará, hay que estar prevenidos y tomar en serio una política de cero chaqueo si queremos que se conserve algo”, recomendó.

Del mismo modo, Capriles manifestó su disconformidad con los discursos de reforestación. “Hay que dejar que el bosque regenere por sí solo. No se llega a recuperar el 100%, en una década se puede recuperar de 40 a 50%, el resto se pierde para siempre. Hay monte que necesita fuego y se regenera; no es el caso del bosque húmedo”.

Desinstitucionalización

Pablo Villegas dijo que todo lo que está pasando en cuanto a depredación refleja la grave crisis de desinstitucionalización del país. Puso como ejemplo la orden de un juez agroambiental a las Fuerzas Armadas para retirar a los mineros ilegales de las áreas protegidas.

“Por ley deberían hacerlo, pero más bien respondieron que se deben al presidente y se refirieron al problema como conflictos sociales. No es así, los mineros están avasallando un patrimonio nacional, no es un conflicto social, sino un delito, pero con la respuesta de las Fuerzas Armadas, vemos que perdieron el sentido de lo que es el deber y de lo que es la Patria que deben defender”, aludió, e incluyó al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en la lista negra de la pérdida de institucionalidad frente a otros intereses de orden políticos.

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