Analistas ven que cerco al vertedero cobrará un costo político al alcalde

El cerco de una semana al vertedero de San Miguel de los Junos puede jugarle en contra al alcalde Jhonny Fernández, según advierten los analistas. Consideran que hubo una respuesta tardía por parte de la autoridad municipal, que dejó que en esos días se acumulen más de 11.000 toneladas de residuos sólidos en las calles, lo que puede traerle un desgaste político.

El politólogo José Orlando Peralta señala que “la tardía intervención” del burgomaestre cruceño en el desbloqueo del relleno sanitario, sumado al desmarque del Comité Interinstitucional de lucha por el censo, va a generarle un desgaste político. 

“La gente no olvida esto. Es un duro revés para Jhonny Fernández por la posición que tomó cuestionando algunas demandas regionales, sumado al tema de la basura. Entonces la población lo ve como un alcalde que no le interesa la región”, dijo el analista político.

En tanto, el abogado Paúl Coca indicó que a todo esto se suma la postura que asumió en apoyo al Gobierno del presidente Luis Arce en el tema del Censo de Población y Vivienda, mostrando una afinidad entre el gobierno nacional y el municipal.

“El alcalde fue a negociar cuando los concejales de oposición comenzaron a presionar. Además, sorprende que a la primera negociación entre el alcalde y los bloqueadores se levante la medida. Por lo tanto, hace pensar dos cosas: que tiene habilidad política o que ha dado cosas que ha permitido algunos pactos con dicho sector,” cuestionó Coca, que además recordó que cuando el alcalde era concejal, en la gestión de Percy Fernández, y se enfrentó un bloqueo en el exvertedero municipal de Normandía, pidió la intervención de la fuerza pública para habilitar el paso. 

A su vez, el urbanista Fernando Prado sostuvo que la primera autoridad de la capital cruceña “ha tenido un manejo sin convicción en esta problemática”, lo cual le puede pasar la factura en el escenario político.

“No hizo ninguna declaración y tampoco fue al lugar durante varios días, lo que viene a ser un descuido. Además, el alcalde es presidente del directorio de Emacruz por lo que era su responsabilidad directa, como alcalde y como presidente de Emacruz”, apuntó. 

A su vez, el abogado y analista, Daniel Valverde, dijo que tras que terminen las acciones, relacionadas con los pedidos para que el censo se realice en 2023, se tiene que hacer una evaluación colectiva, porque toda la responsabilidad no se la puede endosar solamente a una persona.

“Por más antipático que parezca (el alcalde) y no le guste a mucha gente, estamos todos descontrolados. Por eso creo que tiene que haber un sinceramiento y una reflexión colectiva, porque de continuar así se nos puede generar problemas sanitarios por la basura, por ejemplo”, expresó Valverde.

El bloqueo en el ingreso al relleno sanitario de San Miguel de los Junos se inició el 26 de octubre y fue levantado el 2 de noviembre, cuando el burgomaestre cruceño llegó hasta este punto a dialogar con los bloqueadores. El grupo que cerró exigía que se levante el paro indefinido por censo.

“Hemos logrado un cuarto intermedio, los he persuadido. Lamentablemente la Policía y el Ministerio Público no ayudaron, hace una semana que he pedido que intervengan, por eso vine personalmente hablar con los comunarios, con los bloqueadores, no se puede seguir perjudicando a Santa Cruz”, expresó el alcalde en aquella oportunidad.

Críticas al proceso

El proceso penal abierto contra las personas que protagonizaron el cerco al vertedero municipal en San Miguel de los Junos continúa estancado, según denunciaron concejales municipales de la oposición. Por ello anunciaron diferentes medidas para proseguir con la demanda y que el caso no se extinga. 

El concejal por la agrupación Demócratas, Manuel Saavedra, señaló que lo que hizo el municipio cruceño, a la cabeza de Jhonny Fernández, fue una denuncia “por cumplir, pero no para que prospere” por eso solicitó la documentación a Emacruz sobre las personas que cercaron el relleno sanitario para abrir un proceso en contra de las mismas en el Ministerio Público.

“El alcalde no tiene interés en que esto se investigue y se aclare. Ellos hicieron una denuncia, pero no un seguimiento al proceso. La Fiscalía y la Policía emitieron una serie de requerimientos fiscales, pero ellos (la Alcaldía) no se hicieron presente para darle continuidad al proceso penal”, denunció Saavedra. 

A su vez, la vicepresidenta del Concejo Municipal, Lola Terrazas, recordó que ella se adhirió a la demanda presentada por la gerente general de Emacruz, Andrea Hoyos, contra al menos cinco personas por los delitos de supuesto atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos contra la salud pública y otros.

“Si Emacruz ha abandonado el caso, nosotros igual le vamos a hacer seguimiento. Esto va a ser completado con las peticiones de informes escritos que debe remitirnos el Ejecutivo Municipal. Este caso no se puede quedar sin sanción, porque el daño a la salud a más de dos millones de personas no puede quedar en la impunidad”, sostuvo Terrazas.

Sobre este mismo caso, el concejal por Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, señaló que presentaron una minuta de comunicación dirigida al departamento jurídico del Ejecutivo municipal para que informe sobre las acciones realizadas para levantar el bloqueo al relleno sanitario.

“Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta, por lo que vamos a realizar una denuncia penal en contra del alcalde Jhonny Fernández, que es también el presidente del directorio de Emacruz, porque tenía la responsabilidad de mantener las vías libres y también podía usar la guardia municipal”, expresó el edil. Los ediles coinciden en que, si la comuna cruceña abandona el caso, se confirmaría la hipótesis de que los bloqueadores serían personas cercanas o vinculadas a UCS y al MAS.

El concejal por el MAS, José Quiroz, indicó que no defienden el bloqueo que se hizo al vertedero de San Miguel de los Junos, pero lo ven como una medida que tomaron vecinos que no están de acuerdo con el paro indefinido y quieren salir a trabajar.

Rechazó los comentarios que relacionan al MAS con las personas que hicieron el cerco al relleno sanitario. “Están mal informando a la población, que no se traga ese cuento, porque sabemos leer y escribir, además de analizar”, dijo el edil.

Desde la Alcaldía

La gerente de Emacruz, Andrea Hoyos, respondió a las críticas e indicó que el proceso que se abrió a los responsables del cerco sigue adelante. Además, recordó que el cierre del ingreso al vertedero constituye un delito de orden público y se tienen identificadas a al menos seis personas.

Añadió que se han realizado todas las gestiones pertinentes para que se levante y se sancione a quienes protagonizaron este cerco al relleno sanitario, por eso sentaron la denuncia formal ante el Ministerio Público, además de ponerlo en conocimiento ante la Policía y el Defensor del Pueblo.

“No es como lo han estado informando los concejales, porque no se ha hecho ningún desistimiento a la denuncia. La Constitución Política del Estado (CPE) dice que cuando se atenta contra la vida de las personas, como en este caso fue el servicio del aseo urbano, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo deben de actuar de oficio, entonces al ser un delito de orden público hemos hecho todas las gestiones en contra de estas personas”.

Según la denuncia presentada en el Ministerio Público el 28 de octubre, los involucrados están siendo investigados por el delito de atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Hoyos agregó que todas las acciones que ha realizado la Fiscalía se encuentran en el cuaderno de investigaciones.