Andrea Forfori va a prisión por 60 días por el caso QR y exigen que Jhonny sea convocado

La audiencia duró algo más de dos horas. En este tiempo, el juez primero de Instrucción Anticorrupción, Roberto Parada, decidió enviar a prisión preventiva a Andrea Forfori, la arquitecta y exreina de belleza que ejercía como directora del Jardín Botánico de Santa Cruz de la Sierra. Consideró que había un riesgo de obstaculización para las investigaciones si quedaba en libertad. Testigos de este caso señalaron que la imputada les solicitó retirar las acusaciones.

Al caer la tarde, la exfuncionaria, quien fue parte del círculo de confianza del alcalde Jhonny Fernández, fue trasladada al penal de Palmasola, donde debe permanecer por 60 días. En este plazo, el Ministerio Público debe formalizar una acusación por malversación de fondos públicos y concusión, delitos que Forfori pudo cometer al cobrar recursos públicos destinados al pago de salarios del personal a su cargo.

Anteriormente, el exadministrador del Jardín Botánico Enrique Mariaca fue enviado a prisión por este mismo proceso penal. La denuncia fue planteada en diciembre de 2022 por concejales de Comunidad Autonómica (C-A), sobre la base de testimonios de un grupo de 11 personas que fue contratado para trabajar en el Jardín Botánico. 

Estos profesionales recibieron sus salarios por periodos en los aún no estaban contratados. Los afectados denunciaron que Forfori les pidió “la reposición” de esos montos a través de códigos QR que estaban vinculados con cuentas bancarias de terceras personas.

El concejal Juan Carlos Medrano (C-A) destacó la decisión del juez, aunque reconoció que la fiscal del caso, Mirtha Mejía, había solicitado 90 días de prisión preventiva para estas pesquisas. 

“Esperamos que, en este tiempo prudente, se puedan complementar las pruebas, escuchar las declaraciones de los testigos y que los responsables de la Unidad de Recursos Humanos de la Alcaldía, y hasta el mismo alcalde Jhonny Fernández, involucrado por una declaración de Andrea Forfori, se sienten y presten su declaración”, dijo Medrano, tras la vista judicial a la que llegó como denunciante.

“Ella se abstuvo de declarar; manifestó que estuvo allí para cumplir los requerimientos. Sin embargo, la declaración de varios testigos señala que ella intentó que se retracten y eso es obstaculización para la justicia”, añadió.

Cuando estalló este escándalo, la denuncia inicial incluyó registros de audio, atribuidos a Forfori, en los que se escuchan reclamos a los funcionarios por el pago de estos salarios debitados de manera irregular. “El alcalde me acaba de llamar, porque esto es un problemón, no es un problema. En dónde estás dejando a toda esta gente, no tenés idea la cantidad de proveedores que estás dejando sin que les paguemos”, se escucha en uno de esos audios presentados por los concejales de C-A.

Desde la Alcaldía de Santa Cruz, el vocero de la Dirección Jurídica, Bernardo Montenegro, afirmó que hay un seguimiento a este proceso porque la institución se adhirió a las investigaciones. “El Gobierno Municipal, por mandato del alcalde Jhonny Fernandez, siempre ha tenido una posición, absolutamente clara, que cualquier hecho irregular, que sea detectado, debe ser procesado”, afirmó a los periodistas.

“También esperamos que el Ministerio Público actúe en el caso de las denuncias contra la gente de Comunidad Autonómica (C-A) que ya se presentó sobre cobros irregulares por QR y transferencias interbancarias. Tanto en el caso de la señora Forfori, se debe actuar en todos los casos”, añadió.

Hace dos meses, la Alcaldía cruceña demandó a los concejales de C-A por una supuesta planilla de 90 funcionarios que trabajaron en el municipio a través de un pacto.

El abogado de la defensa, Víctor Cartagena, anunció que iba apelar antes del 15 de abril, la fecha en la que fenece el plazo establecido para esta prisión preventiva. 

A decir del concejal Medrano, la defensa de Forfori argumentó que la plata que ella estaba cobrando, según el audio que se difundió en redes sociales, era porque los funcionarios le debían dinero.

“No soy abogada ni política. Y no voy a permitir que utilicen mi nombre como trofeo político, por pugnas, por mayor poder. Ojalá que esto sea por el bien de la ciudad y no por otros intereses”, dijo Forfori en diciembre a través de un video que divulgó desde sus cuentas en redes sociales. Ayer, se tomó la cabeza y agachó la cabeza durante la audiencia cautelar.

La arquitecta fue una de las funcionarias más próximas al alcalde. Tras la decisión del juez, agentes de seguridad la trasladaron al penal en medio de la expectativa de los medios. Se protegió el rostro y evitó ser filmada en los pasillos del Palacio de Justicia. 

La gestión de Jhonny Fernández enfrenta, además de este caso, cuarto escándalos por la ‘venta de ítems’ y que llegaron al Ministerio Público. 

El concejal José Alberti señaló que la primera denuncia por la venta de ítems llegó en octubre de 2021, a cinco meses de iniciada la gestión. El caso se presentó a la Fiscalía, pero aún no hubo avances ni requerimientos.

La segunda denuncia por la ‘venta de ítems’ llegó a mediados de 2022 y fue involucrada Teresa Góngora, quien fue secretaria de Desarrollo Humano y, como tal, parte del gabinete de Jhonny Fernández. Ella y su hijo, Mauricio Pinto, están procesados por la venta de ítems de la Alcaldía.

La exfuncionaria fue encarcelada preventivamente en Palmasola en septiembre y el juez anticorrupción Juan Quiroz ordenó su liberación tras cumplirse los 60 días de reclusión preventiva. Eso sí, Pinto permanece en prisión porque la fiscal del caso, Rose Mary Barrientos, tiene nuevas evidencias que lo incriminan.

Góngora asumió en enero luego de que el municipio destituyera a Raschid Guardia por un audio filtrado donde se expresaba de manera misógina en contra de una integrante de un grupo de campaña de Jhonny Fernández.

La tercera querella apunta al servidor público José Carlos Dorado, quien estuvo en la Secretaría Municipal de Salud. Los afectados que suman 75, según los datos de la bancada de C-A, y aseguran haber erogado de entre $us 1.000 y $us 2.000 por un puesto permanente en la Alcaldía. Este caso estalló el 3 de diciembre.

Alberti indicó que, a diferencia de los anteriores casos, el de ‘pagos QR’, tiene que ver con puestos eventuales que duran entre dos y tres meses con sueldos para profesionales cotizados en casi Bs 7.000, algo más de $us 1.000 por mes. “Les hacían firmar las últimas páginas de sus contratos y no les mostraron el resto ni les hicieron llegar la copia respectiva”.

“Pedimos los contratos a Recursos Humanos para establecer el daño económico a la comuna. Hemos identificado entre nueve y 10 afectados con este modus operandi”, apuntó Alberti. “Vamos a llegar hasta el fondo. Tenemos las pruebas y están en la Fiscalía”.

En la Alcaldía de Santa Cruz existen cerca de 10.000 funcionarios, pero la mayoría de ellos, algo más de 6.000, son eventuales, cuyos contratos se renuevan o caducan, según las necesidades de una gestión observada y marcada por denuncias de corrupción.

Ayer, un numeroso grupo de personas protestó en las puertas de la oficina regional del Ministerio de Trabajo en Santa Cruz para reclamar por contratos prometidos en la gestión de Fernández.

El alcalde no se refirió a las denuncias de su excolaboradora, pero a mediados de diciembre divulgó un spot en el que mencionó “cuoteo” a favor de C-A. Los concejales de esa fuerza política rechazaron esas declaraciones.

En ese spot, le consultan a Jhonny sobre la existencia de una lista de funcionarios “propuesta por C-A” y él dice que “es verdad”, aunque no precisa la cantidad de los involucrados. Luego, le preguntan por las “cuotas” de los opositores en las direcciones del Jardín Botánico y el Matadero, dos entidades descentralizadas, a lo que responde: “Claro que sí; ellos saben; (en el) Jardín Botánico, Matadero y en otros lugares”, afirmó.