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La guerra de poderes está instalada y, aparentemente, la Asamblea Legislativa ganó la primera batalla. Sin embargo, el Ejecutivo podría haber encontrado la maniobra para revertir siempre esas victorias momentáneas. Ayer, la presidenta Jeanine Áñez cesó de su cargo a Fernando López, ministro de Defensa al que le había ratificado su confianza el sábado último, luego de que la Asamblea Legislativa, dominada por los dos tercios del MAS, decidera censurarlo por no presentarse a una interpelación.

Ayer, a través de un decreto, Áñez dejó sin efecto su nombramiento como ministro y colocó como autoridad ‘temporal’ a Ramiro Peñaloza Escalera, hasta ayer viceministro de Defensa. En el mismo decreto, la presidenta deja sentada su protesta a la forma en la que fue censurado López (sin derecho a la defensa) y acota que lo aleja como muestra que cumple con la Constitución y respeta la separación, independencia, cooperación y coordinación entre los órganos del Estado.

Sin embargo, este alejamiento de López, al que todos elogian en el Gobierno, podría durar solo horas. “La Constitución tampoco establece que no se pueda anunciar a la misma persona censurada para el mismo cargo. La Constitución no prohíbe que el ministro pueda volver. La potestad de designar ministros sigue siendo de la presidenta Áñez y el censurado tampoco pierde ningún derecho, porque no es una sentencia”, explica Óscar Ortiz, que adelantó la estrategia gubernamental incluso antes de que Áñez firmara su decreto que “deja sin efecto la designación” de López.

Aunque Ortiz dice que esa es una decisión que deberá tomar el Ejecutivo, cree que será una muestra para no seguir en la confrontación, para invitar al Movimiento Al Socialismo a buscar consensos legislativos para una transición democrática.

“Censuraron a un ministro que tuvo un rol clave en la pacificación del país, en el restablecimiento del orden y seguridad para la familia boliviana; seguridad que estaba siendo amenazada por grupos radicales promovidos por el MAS, que estaban buscando desestabilizar a la presidenta Áñez para permitir la vuelta del expresidente Morales”, resumió Ortiz.

La jugada del Legislativo

Ignorando el respaldo por Twitter que le había dado la presidenta Áñez al censurado López, Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores, se plantó ayer ante los micrófonos y anunció que la resolución de censura había cruzado desde el Palacio Legislativo hacia el Quemado.

Copa justificó la decisión de la mayoría masista de censurar a López sin escucharlo en las numerosas reprogramaciones pedidas por seis ministros para comparecer ante la Asamblea. Desde finales de noviembre, el Legislativo trató de interpelar a seis ministros de Estado y en 28 oportunidades pidieron que se les indique otra fecha para brindar su informe. En el caso de López, era su tercera solicitud.

Copa acusó a los ministros de tener un “sistemático afán” de eludir a la Asamblea y les pidió cumplir la Constitución. Los otros ministros ‘censurables’ son los de Gobierno, Comunicación, Obras Públicas, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Su colega y correligionario Omar Aguilar advertía que Áñez podría ser pasible de un proceso por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, debido al sueldo que estaría percibiendo la autoridad censurada. Áñez, como presidenta, está protegida por el juicio de responsabilidades, algo que no es un escollo para el masismo que tiene más de dos tercios en la Asamblea.

La primera reacción del Ejecutivo fue la de confrontar. Los ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de la Presidencia, Yerko Núñez, salieron a restarle autoridad al MAS, que nunca censuró a un ministro de Evo, pese a las múltiples denuncias que tenían en su contra y reprogramó sus interpelaciones siempre que se las pidieron. “Tienen una forma de actuar con unos y una forma de actuar con otros, están en el doble estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, opinó Coimbra.

La semana pasada, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, había puesto como ejemplo que él, junto a Núñez y Ortiz, presentó 221 peticiones de informe escrito al gobierno masista, que nunca fueron respondidas.

Pero López no era el único en la mira del Legislativo. Mañana tendrían que comparecer ante la Asamblea las ministras de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, y de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco. El viernes 13 están citados el ministro de Defensa y el de Gobierno, mientras que el 15 de marzo será el turno de Iván Arias, ministro de Obras Públicas, y cinco días más tarde esperan a la canciller Karen Longaric. Consultado sobre si los ministros se iban a presentar a las interpelaciones, Núñez dijo que “seguramente no. Sabemos que las intenciones son censurarlos”.

De darse la decisión de ignorar los llamados de la Asamblea, José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, explica que podría interpretarse como ruptura del orden constitucional, ya que se estaría desconociendo la competencia de fiscalizar a la Asamblea. “Ahí las respuestas políticas no sirven, por más que el MAS haya hecho lo mismo”, dijo. Eso sí, también advirtió a la Asamblea que no puede censurar ministros sin darles el derecho a defenderse.

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