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Jeanine Áñez ratificó a Fernando López Julio como ministro de Defensa. Como estaba previsto, el alejamiento duró un día, lo suficiente para cumplir con la censura de la Asamblea Legislativa, ante la interpretación de que ninguna ley ni la misma Constitución impiden nombrar en la misma cartera a un ministro censurado. Lo hizo además con un discurso tildado de electoralista por el MAS, en el que culpó de la decisión de la Asamblea a Luis Arce Catacora, su contrincante a la Presidencia. Habló de “políticos tibios” e hizo promesas de futuro, siempre mostrándose como una mujer fuerte.

Desde el otro lado del poder nacional, la Asamblea Legislativa, el acto de Áñez es leído como un “pisoteo a la Constitución” y no descartan procesarla en la Cámara Baja, es decir, juicio de responsabilidades. Quizá por eso, desde Comunidad Ciudadana ven dos poderes haciendo campaña política.

El acto

“Ayer hemos podido constatar cómo el exministro y candidato Luis Arce, respaldado por Evo Morales, ha iniciado la desestabilización de la democracia mediante la manipulación de los procedimientos legislativos, escondiéndose detrás de los legisladores del MAS. Arce y Morales no conseguirán su propósito de generar caos”, dijo Áñez, luego de juramentar a López, que no discurseó.

La presidenta-candidata dijo que no se rendirá “ante los que han puesto en riesgo la democracia y han llevado al país al borde de una guerra civil” y preguntó a los que le critican su ‘firmeza’ “dónde estaban ocultos cuando el país ardía”.

Luego enganchó un ataque sus contendientes: Bolivia “no requiere de líderes tibios que interpongan sus intereses frente a la paz, al progreso y estabilidad del país”.

Luego comenzó a pintar a su Gobierno como firme y aseguró que apagaron la violencia sin usar la violencia. Justamente sobre eso se trataba la interpelación frustrada al ministro López, sobre los días de violencia, sobre las 20 muertes que hubo en los enfrentamientos entre manifestantes de Sacaba y de Senkata contra policías y militares.

Áñez utilizó su discurso para atacar a Arce, que desarrolla su campaña entre el campo y las periferias de las ciudades, casi sin contacto con los medios. Lo acusó de buscar la inestabilidad del país, de haber destruido la economía de Bolivia y de haber derrochado todo el dinero recibido.

En el momento más electoral del discurso puso al país ante dos caminos: volver con el MAS o seguir con su Gobierno.

En el único párrafo de su discurso en el que nombró a López, dijo que él trabajó para dar seguridad y tranquilidad a la familia boliviana, que derrotó la amenaza de guerra civil sin utilizar la violencia y que “demostró que su lealtad no está vinculada a intereses personales”. Esta última frase tiene que ver con que López era uno de los colaboradores más cercanos de Luis Fernando Camacho, ahora contrincante de Áñez a la Presidencia, en la movilización de los 21 días.

La reacción

Desde la puerta de la Vicepresidencia, Eva Copa defendió primero la censura a López. Calificó su excusa para no asistir a la interpelación como “no justificable” y por eso se procedió a la destitución. Luego, recordó que la actual Constitución no deja en manos del presidente la decisión si destituye o no al ministro, sino que es “irrevocable”.

“Para nosotros en estos momentos el ministro de Defensa es el exministro y todo lo que él hace queda nulo por derecho, está usurpando funciones. Será la Cámara Baja la que deberá iniciar los procesos que corresponden”, dijo.

Consultada si el proceso es contra Áñez, Copa respondió que es ella la que está desacatando la Constitución y consideró que su discurso de re-posesión a López fue campaña electoral, ya que atacó al candidato del MAS.

Desde el lado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, candidato a la Vicepresidencia, consideró que Juntos y el MAS están en campaña a través del Ejecutivo y el Legislativo. Recordó que el fallo constitucional les extendió el mandato a ambos órganos con el único fin de organizar, administrar y garantizar las elecciones y que no cree que haya habido un cambio en este periodo de transición. “Hacer lo mismo que hacía Evo Morales no es darle esperanza a los bolivianos”, recalcó.

Lo jurídico

La decisión de respaldar al ministro censurado tiene distintas lecturas entre los constitucionalistas. Para José Antonio Rivera, expresidente del Constitucional en tiempos de la República, “la presidenta ha cumplido con el mandato constitucional, pero no veo una norma, menos una razón jurídica valedera que no le permita depositar nuevamente su confianza en ese ministro”, dijo a una radio paceña.

No opina lo mismo José Luis Santistevan, constitucionalista. “La destitución y posterior posesión de un ministro interpelado y censurado constituye un acto de desconocimiento de las atribuciones fiscalizadoras de un órgano del Estado. Es el desconocimiento del Estado constitucional de derecho. Es el desconocimiento de la vigencia del art. 158 parágrafo I numerales 17 y 18 de la CPE. En este momento no tiene ningún sentido constitucional que la Asamblea Legislativa interpele y censure a un ministro por sus actos”, dijo.

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