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La denominada masacre de Porvenir, ocurrida el 11 de septiembre de 2008, quedó en el olvido porque ya no tiene interés político para el Gobierno. Así se refiere el abogado Karlo Brito, defensor del entonces prefecto de Pando Leopoldo Fernández y de la exdirigente cívica Ana Melena. Lo atribuye a que ahora el oficialismo busca posicionar su teoría del golpe de Estado. “Hace 13 años el trofeo del Gobierno fue el líder pandino y ahora tomó su lugar la expresidenta Jeanine Áñez”.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió que “los bolivianos deberíamos preocuparnos por las personas que murieron en Porvenir, hace 13 años, o las que lo hicieron en Sacaba y Senkata, en 2019”.

Aseguró que si la oposición lo ve en términos de venganza, “para nosotros es justicia. No es posible que la muerte de compatriotas quede en la impunidad. En Porvenir se configuraron graves violaciones a los DDHH y pérdida de vidas. Seguiremos en el esfuerzo de que se conozca la verdad y eso es solo con un fallo de la justicia”.

Lima advirtió que “el Gobierno no ve las cosas en términos de trofeos de guerra, eso es instrumentalizar a las personas; nosotros respetamos la dignidad de Áñez, así como de Fernández”, dijo.

Porvenir

2008 fue el año de mayor tensión entre el Gobierno del entonces presidente Evo Morales y la oposición, aglutinada en cinco departamentos: Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca, en un bloque al que se denominó la Media Luna. La consigna opositora era la conquista de la autonomía departamental a lo que las autoridades del MAS se oponían.

Los primeros días de septiembre de 2008, los prefectos y cívicos de la oposición tomaron las instituciones que dependían del Gobierno central.

En Pando, campesinos de Riberalta, afines al MAS, y de otras zonas rurales iniciaron una marcha hacia Cobija, con el fin de retomar el INRA, argumentando que la toma de esa institución amenazaba la titulación de tierras fiscales.

En los días previos, el entonces ministro Juan Ramón Quintana amenazó a Fernández. “Lo vamos a llevar al prefecto del departamento de Pando al último lugar de la tierra. Prefecto que en paz descanse y conviva con los gusanos”, se escuchó decir a Quintana en un video grabado en Riberalta.

El 10 de septiembre, el entonces prefecto instruyó que cavaran zanjas para impedir el paso de los marchistas; una a la altura de Cachuelita (entre Filadelfia y Porvenir) y otra en Tres Barracas (entre Puerto Rico y Porvenir).

El 11 de septiembre hubo enfrentamiento armado. Un funcionario del Servicio Departamental de Caminos, Pedro Oshiro, fue muerto por un disparo de bala. También fallecieron 13 campesinos de la marcha que iba de Porvenir a Cobija. El resultado fue de 15 muertos (de ambos bandos).

Fernández fue detenido en Cobija, trasladado a La Paz y enviado a las cárceles de San Pedro y de Chonchocoro. “Estuvo preso por 10 años, desde 2008 hasta el 2019.Fue liberado con libertad pura y simple”, explicó su abogado Brito.

Estuvo en prisión casi seis años. Posteriormente logró detención domiciliaria, “que también se debe tomar en cuenta como otro tipo de encierro”, aseveró.

En 2018, la Sala Penal Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz ratificó la sentencia de 15 años en contra de Fernández por la denominada masacre de Porvenir.

“Fue absuelto por cuatro delitos, entre ellos terrorismo, asesinato, homicidio y lesiones graves y leves, entonces fue condenado (15 años) por homicidio, pero en grado de autoría mediata, esta resolución fue apelada con recurso de casación”, detalló su abogado.

Pero, la defensa apeló al Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, a través de un recurso de casación. En la capital, esa instancia judicial anuló el auto de vista, que es la resolución que resuelve la apelación y retornó al tribunal de La Paz, donde debe emitirse una nueva resolución. “Hasta ahí llegó el proceso, le puedo decir que está absolutamente paralizado”.

“Al final, siempre se impone la verdad”, dijo Leopoldo Fernández la tarde del lunes 9 de diciembre de 2019, durante el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez, porque ese día se benefició con la libertad irrestricta, pura y simple por el caso Porvenir, de acuerdo a una decisión del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz.

Brito aseguró que el proceso “ha sido muy traumático para Leopoldo y para su familia. Su salud se deterioró completamente. Cuando lo llevaron a Chonchocoro tuvimos que sacarlo con un cuadro severo de hipertensión; lo operaron de la próstata y perdió un riñón debido a un cáncer que le detectaron. Está con consecuencias y secuelas”.

El abogado está convencido de que Fernández fue un trofeo político del gobierno de Evo Morales. “Ahora la gestión de Luis Arce tiene otro trofeo, que es la señora expresidenta Jeanine Áñez. A Leopoldo lo han tenido como la tienen ahora a ella. Mi cliente ya está fuera de la política, pero ellos siempre lo consideraron como un rival, a quien anularon tras las rejas y lo quieren mantener en ese perfil. Leopoldo aguantó, yo no creo que la señora Áñez lo haga”.

Por su parte, Ana Melena de Suzuki fue acusada por el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, de “haber dirigido el operativo del asesinato de los campesinos en Porvenir”. Ella solicitó refugio en Brasil, donde permaneció hasta finales de 2019, después de la renuncia y posterior salida del país de Evo Morales, acusado por la OEA de fraude electoral.

“Desde la salida del país, y me refiero a la fuga de Evo Morales, nuestra situación ha mejorado mucho. Hemos podido retornar a Bolivia después de 12 años, aunque sin un debido proceso, un estancamiento en cuanto a la investigación y sin transparencia. Se mantiene la misma rosca judicial, no están claras las cosas. Pero pudimos regresar”, dijo Melena en diciembre de 2019.

Ella señala que con el nuevo gobierno del MAS, encabezado por Luis Arce Catacora las cosas no han cambiado, porque “ahora buscan consolidar la teoría del falso golpe de Estado. Creo que nuestro caso ha quedado en el pasado, pero veo los escenarios parecidos de persecución política, de uso de la justicia para ese fin, el mismo sistema, el mismo régimen, la misma ideología”, dijo.

Aseveró que solo cuando una persona pasa por lo que ella pasó, “puede entenderlo plenamente. Para mí fue un aprendizaje muy favorable. Estamos revitalizados espiritual y moralmente. Estamos vivos, sanos, salimos fortalecidos”.

Pero consideró que es una tarea de los bolivianos asumir que este camino por el que anda el país no es correcto. “Ojalá que no tengamos que pasar por la experiencia de la migración obligada, a sufrir injusticia. Estaba tan cerca del país, al otro lado de la frontera, y no pude ver por última vez a mi madre, que falleció el 2009, al poco tiempo de mi partida. Se la llevó la pena. No estuvimos tras las rejas, como quería el régimen, pero quiero decirle que eso que vivimos fue una cárcel, un castigo inmerecido y muy duro”, aseguró.

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