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Desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, la expresidenta Jeanine Áñez, junto a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, analiza una estrategia jurídica para defenderse en libertad en el caso del supuesto “golpe de Estado” que promovió el oficialismo a través de una denuncia planteada por la exdiputada Lydia Patty (MAS).

“Se busca que se defiendan en libertad porque la detención preventiva es de última ratio (última razón) en el proceso penal vigente. Están dispuestos a asumir su defensa y están conscientes de su inocencia, por eso ellos se encuentran con relativa tranquilidad” afirmó el abogado Jhon Riveros, quien forma parte del equipo jurídico que asiste a las exautoridades en este proceso.

El equipo jurídico analizaba anoche los recursos para promover la liberación sin dejar de considerar el alegado de la detención indebida en el caso de Añez, quien puede acogerse a un juicio de privilegios por ser exjefa de Estado. No obstante, según señala la demanda, la denuncia —planteada por la exdiputada Lydia Patty— establece una relación de hechos cuando Áñez fue senadora.

Por la denuncia y la información que es objeto de control y de dominio público, este caso ha sido presentado contra la exsenadora Jeanine Áñez, no contra la expresidenta. Por lo tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, apuntó el ministro de Justicia, Iván Lima, cuando la Fiscalía activó las órdenes de aprehensión.

El Ministerio Público formalizará, en las próximas horas, la acusación contra Añez. Guzmán y Coímbra por sedición, terrorismo y conspiración, delitos que tienen una sanción que va de tres a 15 años de cárcel. En ese marco, pedirá a juez la detención preventiva.

La vista judicial, que puede desarrollarse entre hoy y el lunes, definirá si estas exautoridades se defienden en libertad o detenidos en una cárcel público. Para este extremo, la Fiscalía señaló que existe riesgo de fuga porque los acusados tienen un flujo migratorio que demuestra su capacidad de viajar al exterior.

Pero mientras se tramitaba la imputación formal, un grupo de ciudadanos llegó ayer por la tarde hasta las puertas de la Felcc para expresar su apoyo a Añez y sus exministros. Al mismo tiempo, otro grupo de personas estuvo allí para “exigir justicia” y pedir que la exmandataria sea condenada.

En Trinidad, un grupo de ciudadanos se movilizó para expresar su respaldo a la exmandataria.

A pesar del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó la posibilidad de ser candidato, Morales se postuló en 2019 para un cuarto mandato amparado en una resolución del Tribunal Constitucional que le reconocía el “derecho humano” a ser elegido, al amparo del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Tras los comicios de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) reportó una “manipulación dolosa” de los resultados que daban a Morales como vencedor en primera vuelta. El país estaba sumido en protestas ciudadanas que denunciaban “fraude”.

Luego de este informe, Bolivia se convulsionó y Morales renunció. Pero, antes de su dimisión, ya había convocado a nuevos comicios con otros vocales electorales. El 11 de noviembre de 2019 salió rumbo a México, pero un mes después se asiló en Argentina.

Añez asumió la Presidencia luego de la dimisión de las autoridades que estaban en la línea de la sucesión. El Tribunal Constitucional avaló la transición. En ese marco, el Legislativo sancionó la Ley 1270 que permitió la prórroga de mandato con la perspectiva de viabilizar los nuevos comicios convocados por Morales.

Pero, la querella contra Añez señala que la exautoridad no fue elegida como Presidenta del Senado.



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