Antecedentes del paro cívico
El gobierno boliviano promulgó la norma 1409 que abrogo la polémica ley 1386 (legitimación de ganancias ilícitas). Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz arguyendo consecuencia con los diversos sectores que participaron en esta digna movilización y a solicitud de estos sectores, determinaron levantar el paro indefinido, declarándose en emergencia y movilización permanente. A su vez, algunos ciudadanos hicieron conocer su descontento con dicha suspensión pidiendo continuar con el paro.
Ante dichos eventos y analizando la validez de tal descontento, se observa que el hecho de haber logrado la abrogación de la ley de legitimación y ganancias ilícitas se constituyó en el descollante logro de las demandas que dieron lugar al paro cívico. Tal lucro, seguramente hubiera sido más escabroso en su obtención si es que el gobierno no haya “ayudado” en favor de los protestantes con su desafortunada pretensión de “ahogar de entrada” las protestas a través de nefastas intimidaciones, con ilegales aprehensiones policiacas y la acción de funestas milicias paralelas que indebidamente actuaron contra los protestantes. Fueron esas irregularidades que provocaron a la ciudadanía en general y para que se interesara en el paro cívico, apoyándolo de principio a fin.
Otro extremo para considerar es que el para cívico, a diferencia del de 2019 que arrojo un actor rutilante como Luis Fernando Camacho, no presentó ningún dirigente visible, mucho menos cualquier otra organización; sino que tales acciones de protesta fueron efectuadas por libre y espontanea presentación de la mayoría de la ciudadanía, que a veces sin salir a las calles a interrumpir la circulación, lo hizo con no oponerse con dichas medidas. De ahí que es terrible para el gobierno percibir que es el propio pueblo el que se le opone y no así un partido político o un determinado grupo interesado en su fracas, y sabe meridianamente (aunque tozudamente no lo quiera reconocer), que no lo podrá convencer de sus políticas centralizadoras, por lo que acude al uso ilegal de la fuerza pública.
El presidente Luis Arce, amén de abrogar la Ley 1386 norma marco de antilegitimación, también, y por efecto de un anterior paro cívico, se vio obligado a retirar de la Asamblea el proyecto 218 que buscaba establecer acciones y procedimientos al respecto; además, de adelantar la fecha del censo, la suspensión temporal de la exportación de carne, la reanudación “piloto” del ferrocarril La Paz-Arica, el impuesto a servicios digitales. Situación que sumerge al gobierno en un constante descredito social en su forma de gobernar el país y alimenta la posición de quienes detestan el centralismo estatal.
Y es que, el paro cívico ha demostrado palmariamente que el departamento de La Paz hace mucho tiempo cedió su liderazgo en favor del departamento de Santa Cruz debido a que los paceños, en un altísimo porcentaje, dependen económicamente de la burocracia estatal. A su vez, los cruceños, poseen una economía neoliberal (apoya la libertad económica y el libre mercado, limita la intervención del estado), extremos que, en el primer caso, los tornan permeables a las políticas centralistas dictadas por el gobierno, y en el segundo caso, son extremadamente contestatarios a las mismas. Por ello y amparado en la Constitución arts. 277, 280 y 283, que previenen las autonomías Departamentales, Regionales y Municipales, es natural que Santa Cruz sea díscola con toda política de control centralizado obstinadamente promovido por el gobierno.
Ante esta realidad en la vida de los bolivianos, es menester señalar que el paro cívico ocasiono la renuncia de la Dra. Rosario Baptista – Vocal del Tribunal Supremo Electoral, quien en el 21/07/2020, meses antes de las elecciones de octubre de 2020, envió carta a la OEA denunciando que el Tribunal Constitucional, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General del Estado se encuentran sometidos a intereses ajenos (denuncia que es coincidente con informes internacionales y nacionales en el mismo sentido), por lo que es imposible recurrir a ellos para mostrar los delitos cometidos y/o los mecanismos que operan para mantener el fraude electoral. A la par de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, mediante su informe respecto a los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019, rechazaron su atención a cualquier denuncia contraria a los intereses de Evo Morales; extremo que compromete su imparcialidad.
Consiguientemente, corroboramos que el paro cívico se constituyó en una catarsis para Santa Cruz y lo conmina a ser el epicentro nacional de esta contante lucha contra el centralismo y los puntos álgidos después del “paquete de leyes” que se ha observado durante el reciente paro cívico, deberá protestar por un nuevo padrón electoral (mediante un paro cívico que se constituya en la madre de todos los paros cívicos) que asegure la lisura de las futuras elecciones presidenciales, de gobernaciones, municipales, así como, de los magistrados, entre ellos, los del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, que si son despojados de las repugnantes manos de los políticos, podrán instituirse en el verdadero “árbitro” que la sociedad boliviana necesita para dilucidar todas sus desavenencias y no acudir a constantes paros cívicos como mecanismo de hacerse oír por un gobierno empeñado en un secante centralismo.
Joadel Bravo Bezerra es Abogado
