Antes del anuncio hubo acuerdos y denuncias

Antes de que el presidente Luis Arce anunciara la abrogación de la ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, ministros de Estado llegaban a acuerdos con diferentes sectores sociales para ser parte del reglamento de la norma. Además, el canciller Rogelio Mayta denunció ante la comunidad internacional que en Bolivia había planes de desestabilización contra la gestión de Arce.

“Denunciamos a la comunidad internacional que estos sectores y grupos promueven acciones violentas impulsadas por el odio y el racismo. La instalación de bloqueos son una flagrante violación a los derechos a la libre circulación, a la educación, al trabajo y a la salud, llegando incluso a incitar públicamente a tumbar al Gobierno”, afirmó el canciller.

Mayta había dicho que la Ley 1386, publicada en agosto de esta gestión, responde a los lineamientos exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y forma parte de una serie de normas contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Así, el Gobierno, a través del canciller, exhortó a la comunidad internacional, organismos internacionales y defensores de los Derechos Humanos a rechazar todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia, el estado de derecho y el gobierno constitucional.

Críticas de la oposición

La oposición cuestionó la denuncia realizada por Mayta. El diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC), criticó que el Gobierno recurra a la comunidad internacional para denunciar supuestos afanes golpistas. El legislador afirmó que existen reclamos porque no se consensuó la normativa.

“Son reclamos justos de una población y de sectores que se sienten vulnerados. Esos reclamos no son afanes golpistas. El Gobierno está soñando mucho y comete este tipo de errores”, dijo Reyes.

Por la mañana, diferentes ministros habían llegado a acuerdos con algunos sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, había advertido a los sectores movilizados con el levantamiento de los militantes del MAS si es que no se levantan las medidas de presión.

“Yo les pido a mis hermanos transportistas de Chuquisaca, a mis hermanos gremiales de Chuquisaca, cuidado, el pueblo y los municipios se levanten y  otra vez habrá enfrentamientos, eso debemos evitar y por eso mi presencia aquí en Chuquisaca, para definitivamente poner sobre la mesa cuáles son las observaciones y qué quieren que se pueda redactar en el decreto reglamentario (de la Ley 1386)”, advirtió Montaño.

La autoridad había llegado a acuerdos con gremiales y transportistas de Chuquisaca para que sean parte de la redacción del decreto reglamentario de la Ley 1386. En Cochabamba también el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se reunió con gremiales afines al MAS. En ese encuentro no se hablaba de abrogación. En Oruro, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, se reunió con sectores sociales de esa región.