Antesala de un juicio espurio

Es posible que hoy, 17 de octubre de 2024, se dé inicio formal a la fase oral del juicio ordinario por el denominado caso Golpe de Estado I. Eso si las autoridades de Régimen Penitenciario no se amparan en supuestos informes de inteligencia para impedir que los principales procesados: Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari comparezcan ante el juez y puedan decir su verdad.

Es pertinente afirmar, por respeto al Estado Constitucional de Derecho, a la historia de la que todos fuimos testigos y protagonistas, y al principio periodístico de fidelidad a la verdad, que Bolivia está en los prolegómenos de un juicio falso; independientemente de lo que ocurra en las numerosas audiencias que están por venir.

En este caso correspondía un juicio de responsabilidades, tal como establecen la Constitución Política del Estado y la ley para el juzgamiento de presidentes, altas autoridades judiciales y del Ministerio Público, Ley 044.

Pero para actuar de acuerdo a norma, era necesaria una autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa, votos que el MAS, muy unido en un principio, no iba a alcanzar jamás. Entonces se diseñó la estrategia legal de separar causas y consecuencias, e inventar el caso Golpe I (todos los acontecimientos previos a la asunción de Jeanine Áñez) y Golpe II (los luctuosos hechos de Senkata, Sacaba y El Pedregal, ocurridos en los primeros días de gestión de Áñez y sus aliados).

Fragmentada la historia de acuerdo a las necesidades del MAS, se tomó la vía de la justicia ordinaria, se ordenaron declaraciones, detenciones preventivas, pericias dirigidas y una suma de hechos irregulares que vulneraron y vulneran hasta el día de hoy el principio del debido proceso, consagrado en pactos internacionales de derechos humanos y en la propia Constitución Política del Estado.

En su momento, el ministro de Justicia Iván Lima Magne y el vocero presidencial, Jorge Richter, fueron fervientes defensores de su “teoría del caso”. Lo hicieron desconociendo incluso que un dictador como Luis García Meza tuvo un juicio de privilegio en el que se investigó, por ejemplo, el asesinato del sacerdote Luis Espinal Camps, ocurrido cuatro meses antes del golpe del 17 de julio de 1981.

Ahora, Lima, formalmente alejado del poder, confesó que Evo Morales, Luis Arce, David Choquehuanca y María Nela Prada tomaron la decisión política de imponer juicios ordinarios. En otras palabras: ejercer el poder por encima de la ley y de la propia historia.

Otro hecho relevante es que la expresidenta Jeanine Áñez se enfrentará nuevamente a los jueces que la sentenciaron en el caso Golpe II, lo que implica, en pocas palabras, una condena anticipada en contra de la exmandataria y los demás acusados.

No es menos importante puntualizar que en este mismo caso, seis personas (dos exministros y cuatro militares) se sometieron a juicios abreviados y se declararon culpables. Lo hicieron porque para todo ser humano es muy difícil estar meses en la cárcel a sabiendas de que no habrá un juicio justo. Otros cinco acusados fueron declarados en rebeldía y de acuerdo a la Sentencia Constitucional 01/2024, los juicios en rebeldía están prohibidos.

En síntesis, el proceso que está en puertas, carece de los más elementales fundamentos de legalidad; lo que no implica que no existan hechos que deben ser investigados, esclarecidos y sancionados, si es que corresponde.

Comienza a escribirse otra página oscura de la justicia y del Derecho, otro episodio en el que queda claro que los jueces son serviles al poder de turno y a sus oscuros tentáculos. En este juicio espurio reina la venganza y muere la justicia.