7 de febrero de 2023, 4:00 AM
7 de febrero de 2023, 4:00 AM


Nos estamos acostumbrando a vivir en crisis y con el músculo tenso. Cuando pasa la agitación de la urgencia y ya tenemos redactado el pliego petitorio, ingresamos en una suerte de marasmo inmovilista que, pareciera, espera la próxima confrontación y así sucesivamente.
Los cabildos dejaron tareas que debían ser cumplidas con carácter prioritarias, y de las cuales, no conocemos su estado.

Junto a las prioridades generadas por las necesidades, existen aquellas que nacen de una ruta crítica democrática definidas por fechas constitucionales. La realización de las elecciones para ocupar los cargos del Poder Judicial en el presente año, el Censo de Población y Vivienda el 2024 y las elecciones, nacionales el 2025 y regionales el 2026, establecen hitos ineludibles.
Cuando repasamos los titulares de las medidas e imaginamos las acciones que le son emergentes, convengamos que no se encuentran incorporadas a la agenda cotidiana para lograr su concreción. ¿Qué se está haciendo para concluir la boleta censal? ¿Está resuelta la revisión cartográfica…?, y sigue una lista larga de acciones previsibles para garantizar una justa distribución de los recursos y de la voluntad que aprobará la nueva geografía del poder.

Nace la pregunta necesaria: ¿quién está haciendo el seguimiento de las acciones importantes?
En medio de todas ellas, esta semana, la dirigencia cívica pasará por una prueba complicada. El país entero ha puesto su vista en la manera cómo la junta electoral resolverá la impugnación de un candidato que está denunciando marginación. Lo bochornoso del ambiente no se refiere solamente a la manera cómo decidirá el recurso sino, además, a la lista larga de prejuicios existentes contra una dirigencia sistemáticamente calificada como antidemocrática, derechista, racista, oligárquica, excluyente, misógina, separatista… Esta situación me recordó la frase que Machado pone en la boca de Juan de Mairena, “pobre de ti, si tu adversario tiene la razón”.

Nuestra preocupación sobre la transparencia electoral en el Comité es legítima, pues se trata de la institución que reclama a nivel nacional la democratización y lo único que se espera de ella, es consecuencia. Esta es una oportunidad para que el Comité informe, sin vergüenza, sobre la compleja forma de selección y elección de quienes tendrán la responsabilidad de dar cumplimiento a los mandatos de los cabildos. La ingeniería estatutaria con la que se administra el Comité, y las condiciones establecidas previamente para ejercer el derecho a ser parte de él, deben cumplirse fuera de toda sospecha ejercitando sus procedimientos.

Esta combinación entre el siglo XXI y la modernidad que representa Santa Cruz en su capacidad movilizadora y generadora de excedente material y simbólico en Bolivia, lo demandan.

Tags