Apuntan a pelea interna del MAS como causa de mayor violencia en conflicto por la tierra

Desde esta semana hay una nueva directriz interna en el INRA, por mandato del gabinete de tierra y territorio, y en todos los casos de avasallamiento dentro de las competencias (tierras fiscales disponibles y en proceso de saneamiento), ya sea que las denuncias se realicen de forma verbal o escrita.

“Las direcciones departamentales deben realizar de inmediato: inspección, informe, intimación y lanzamiento de pedido de auxilio de la fuerza pública. Así evitaremos procesos penales por incumplimiento de deberes”, dice la orden, y recomienda también tener información actualizada, tanto estadística como ayudamemorias de los predios desalojados.

Algunos actores consideran que esta medida surge de un contexto especial, que va desde un cabildo realizado en Guarayos el 14 de diciembre, donde se dio como plazo el 30 de enero al Gobierno central para dar soluciones reales a esta problemática con una violencia cada vez en mayor escalada.

Según Salvador Vaca, líder cívico de Guarayos, de no avizorarse acciones efectivas, se radicalizarán medidas de presión, con bloqueos, etc. Dijo que hasta el momento, a pesar de que el plazo se acerca, no ha existido una señal de parte del nivel central, y que el mecanismo legal que tienen, de acuerdo a la Ley INRA, es la activación de la Comisión Agraria Departamental (CAD).

Sobre la directriz del INRA, para Vaca puede tener relación con peleas internas en el MAS entre los bandos a favor de Evo Morales y de Luis Arce. “En todo caso, le cae bien a Santa Cruz que por fin se quiera cumplir la ley, lo que muestra que la estaban incumpliendo”, cuestionó. 

El cívico aclaró que, si bien la escalada de violencia se visibilizó con el caso de Las Londras, la forma de actuar de los grupos irregulares ya viene desde 2019, cuando se secuestró con armas a personal de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT).

“Estos mismos delincuentes secuestraron a personal de la ABT nacional con armas, que no sentó la denuncia porque hubo orden de no hacer nada, era su propia gente. Por eso nos tiene podridos esta situación”, lamentó, que no solo se da en predios privados, sino en planes de manejo forestal, etc, con la diferencia de que el privado, al tener inversión, defiende su propiedad, “en cambio lo público es de todos, o sea de nadie”.

Sobre este punto, reconoció que dentro de la Tierra Comunitaria del Origente (TCO) de Guarayos existen “pedazos” de tierra fiscal que fueron recortados a predios privados y que se están entregando sin obedecer a la Ley INRA, “sin priorizar a los originarios del lugar”, indicó.

Reactivación

Álvaro Imaná, abogado de algunas víctimas de avasallamientos en esa provincia, informó que debido al aumento de los avasallamientos en Guarayos se está reactivando la Asociación de Productores de Predios Avasallados (ASPA), y que la idea es ampliar el foco de irradiación de este organismo.

Coincidió con Vaca en que la directriz del INRA tiene que ver con que aparentemente Evo Morales está “tratando de desestabilizar, crear un foco de conflicto que el Gobierno quiere apagar antes de que crezca, porque puede tener un costo político para Arce”.
El analista Carlos Valverde considera que, más bien, la orden nace de un intento del presidente Luis Arce de “congraciarse con Santa Cruz”.

Para Imaná, los avasallamientos de los últimos años en la zona coinciden con un mismo fiscal, que dilata todos los procesos.
Lamentó que la gran debilidad sea la falta de institucionalidad y apuntó a la Ley 260 del Ministerio Público. 

“Esa ley decía que por única vez y de forma excepcional el fiscal general nombraba a fiscales departamentales. Estamos en 2022 y ninguno ha sido institucionalizado. Fiscal que entra, debe tener apoyo de organizaciones, y así crece el círculo vicioso”, aludió.