Apuntan al gobernador por proceso a Costas; Camacho dice que no tolera corrupción

Luis Fernando Camacho postuló a la Gobernación de Santa Cruz, en los comicios subnacionales de 2021, con el apoyo de Rubén Costas y de Demócratas. Poco más de un año después, el exgobernador de Santa Cruz enfrenta una imputación en la justicia. Es acusado por el líder de Creemos de utilizar Bs 700.000 de la administración departamental para financiar la campaña de Roly Aguilera y de Manuel Saavedra a la Alcaldía y al Concejo, respectivamente.

Los antiguos socios comenzaron otra batalla fuera de la justicia. El exsecretario ejecutivo de la Gobernación y disidente de Demócratas Vladimir Peña aseguró que la denuncia sentada por el gobernador Camacho responde a un “revanchismo político y ansias de matar políticamente” a Costas.

Para Peña resulta extraño la existencia de un trato desigual a los políticos opositores. Mencionó que la expresidenta Jeanine Áñez se encuentra detenida desde hace más de un año acusada de incurrir en los supuestos delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir la jefatura de Estado, en noviembre de 2019 cuando el país estaba en crisis política y social con la renuncia de Evo Morales, que huyó del país acusado de fraude electoral.

También mencionó el caso de Marco Pumari, el exlíder cívico de Potosí que está detenido hace cuatro meses por su supuesta participación en el incendio del Tribunal Electoral Departamental.

“Esos hechos son extraños y se presta mucho para pensar. Ni Camacho ni Evo Morales han sido citados a declarar”, mencionó Peña.

El propio Camacho respondió a las inquietudes del disidente de Demócratas. Calificó como una vergüenza que se trate de justificar un hecho de supuesta corrupción. Aseguró que tienen la potestad como autoridades departamentales de denunciar cualquier hecho que vean como un delito.

“Si lo que pretenden es que yo no denuncie (los delitos) que encuentre es un error, tenemos una obligación como autoridades de mostrar cualquier hecho (de corrupción) y por eso se ha presentado la denuncia. Si el señor (Vladimir) Peña quiere que me calle ante un caso de corrupción, yo no soy Demócrata”, retrucó Camacho a su salida de prestar una declaración en la Fiscalía por el caso del decreto departamental que confería atribuciones a un secretario por encima del vicegobernador.

A su vez, el concejal Saavedra dijo que está convencido de que este es un proceso que ha sido armado para retirarlo de la fiscalización que viene ejerciendo en el Concejo Municipal. Mencionó que trabaja en el análisis de la ley de Contratos Municipales y la norma para la ampliación de la recolección de la basura, situación que incomoda a algunas autoridades.

Saavedra recordó que hace 10 años, cuando era concejal, fue alejado de su curul junto a otros seis ediles por fiscalizar y estorbarles a los poderosos. “Fuimos procesados y estos casos se cayeron, lo mismo está ocurriendo en este caso”, explicó el concejal por Demócratas, que también se encuentra imputado por el desvío de fondos de la Gobernación para la campaña electoral de 2021.

Por su parte, el analista Fernando Prado escribió en Facebook: “La movida política de (Luis Fernando) Camacho contra Demócratas me parece muy sucia. Así no se hace política”.

Sobre la investigación

Desde el Ministerio Público detallaron los delitos por los cuales se imputó a los investigados. Costas, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), está acusado de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y legitimación. Por su lado, Aguilera y Saavedra son acusados por receptación proveniente de delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía está solicitando detención preventiva por seis meses.

La defensa legal de Costas y Aguilera señaló que hasta ayer no habían sido notificados y se enteraron de la imputación por los medios de comunicación y redes sociales. Saavedra dijo que se presentarán cuando sean convocados para la audiencia cautelar.

Desde la parte querellante, el secretario de Justicia de la Gobernación, Efraín Suárez, comunicó que se espera que se sigan los procedimientos de acuerdo a lo que establece la ley. “Nosotros, producto de investigaciones internas, hemos encontrado en su momento que existían elementos indiciarios de la posible comisión de delito en el tema de publicidad. El Ministerio Público como ente regulador realizó su trabajo y ha identificado que existen los indicios suficientes para realizar la imputación formal”, dijo Suárez.