Arce admite el impacto del narcotráfico en su gestión y Del Castillo está en la mira

El presidente Luis Arce anunció la “reconstrucción” de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) a raíz del asesinato de tres policías, uno de ellos voluntario, a manos de personas vinculadas con el crimen organizado y el tráfico de drogas. Ocurrió el viernes, cuando fue relevado el general Jhonny Aguilera del mando de la Policía Boliviana.

Arce encomendó públicamente esa tarea al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuya gestión, en materia de seguridad interna, fue observada por el propio MAS, por un grupo de exministros que acompañó a Evo Morales, políticos de la oposición y expertos.

“Ministro de Gobierno tenemos que encarar una profunda reconstrucción de la Felcn y darle una institucionalidad debida”, afirmó el mandatario poco antes de responder a las críticas que surgieron contra su Gobierno, esto a raíz de los recurrentes escándalos en la Policía, pero especialmente por el crimen de Porongo, entendido por especialistas como una señal, incluso de “humillación”, a las fuerzas del orden del país por parte de grupos de narcotraficantes.

“Estamos conscientes que el narcotráfico no es la actividad primordial y las más importante de la economía de este país”, respondió el presidente Luis Arce.

Esta es la segunda vez en tres meses que desde el Ejecutivo se proponen cambios en la Felcn. El 7 de abril, el ministro Del Castillo ordenó la intervención de la Policía antidrogas con el nombramiento de su nuevo director, José Gregorio Illanes, en reemplazo de José María Velasco, acusado de proteger a narcotraficantes en Valle Sacta.

Según personeros del Ejecutivo y legisladores del MAS, el relevo de Aguilera debió haberse cumplido el martes 27 de junio, pero ese día se produjo la marcha contra el narcotráfico organizada por el Comité pro Santa Cruz. Rómulo Calvo, el presidente de la institución, afirmó que el país no puede convertirse en “la república de la cocaína”.

Además de la alusión de Arce a esa movilización, legisladores del MAS se lanzaron en picada contra Calvo. De hecho, el oficialismo reacciona con menor intensidad cuando se trata de responder a legisladores de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos.

Pero más allá de la polémica, el presidente Arce afirmó que los “cambios estructurales” en la Policía deben ser urgentes para “promover la excelencia en el servicio que presta en el marco de la seguridad interna de nuestro Estado”.

“Debemos trabajar mucho más para desterrar las malas prácticas que tanto daño hacen a la Policía y ser plenamente conscientes de que por culpa de algunos malos elementos, se va deteriorando la confianza del pueblo en la institución”, subrayó Arce y adelantó que los cambio no deben ser solo normativos “sino institucionales”.

“Nuestros efectivos policiales deben enfrentar poderes extremadamente grandes y peligrosos; muchas veces muy bien armados, que utilizan, entre otras armas, la corrupción para neutralizar el accionar en contra de su actividad ilícita y que en algunos jefes policiales, encandilados por el dinero fácil, enriquecimiento fácil, han sido cooptados por bandas delictivas que operan en nuestro país”, apostilló el jefe de Estado en el acto en que Orlando Ponce juró como comandante general de la Policía.

Además, el presidente tomó juramento al nuevo subcomandante Álvaro Álvarez y el coronel Augusto Russo como inspector general. El ajuste está incorporado en el Decreto 4748. El cambio se produjo tras reuniones de Arce y Del Castillo con los comandantes departamentales y jefes nacionales.

El general Jhonny Aguilera, poco antes de dejar el cargo, anticipó que la reforma de la Policía será integral y que su cambio estuvo motivado para “oxigenar” a la Policía. “La nueva visión del que me va a suceder permitirá generar nuevas ideas, indudablemente le darán un nuevo rumbo”, señaló Aguilera.

Tras la posición, el MAS divulgó una carta pública a nombre de los exministros de la gestión de Evo Morales. La nota menciona problemas en las estrategias y el plan de seguridad interna que aplica Del Castillo. “El desprestigio diario de la Policía y la falta de un mando político enérgico, eficiente y transparente socava la confianza ciudadana en el Gobierno, en el Estado Plurinacional y en el proceso de cambio por el que millones de bolivianos lucharon durante décadas”.

El 21 de junio, tres policías fueron ejecutados tras un supuesto altercado con un grupo de ciudadanos bolivianos y colombianos en Porongo. Como principal acusado, la Policía identificó a Misael Nallar, yerno de Einar Lima Lobo, quien fue extraditado a Brasil donde actualmente cumple una sentencia de 14 años de prisión por delitos de narcotráfico. Nallar no está siendo investigado por narcotráfico.

El abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz señaló que ese fue un error “notable” que puede develar “miedo o protección” al narcotráfico por parte de la Policía, pero también de la Fiscalía.

“Ellos enviaron un mensaje directo para que no se metan en sus negocios. Los móviles del crimen no han sido esclarecidos por muchos vicios desde el inicio de la investigación”, dijo Ruíz.

Precisó que no se aplicó la interceptación de llamadas y que se descuidó a los testigos. Aseguró que por la gravedad del caso, este debería haberse declarado en reserva. En cuanto a la Policía, consideró que debería existir un mando único de inteligencia policial con el aval de la Asamblea Legislativa. El jurista planteó, incluso, una reforma constitucional para incluir a las FFAA en la interdicción y no solo en la erradicación de cocales.

“Si se quiere llegar a la verdad, se aplican estas técnicas. La Fiscalía no está usando estás técnicas por desconocimiento, temor o encubrimiento al delito”, apuntó.

A este hecho se sumó la fuga del ciudadano colombiano Jhon Tibuidiza, quien contó con ayuda policial. El entonces jefe de la Policía, Jhonny Aguilera, lo presentó entre los detenidos el pasado 22 de junio, un día después del asesinato de los tres policías, pero luego el sindicado apareció en su natal Colombia.

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