Arce cerrará tercer año sin presupuesto para pagar sueldos ni emergencias

La gestión presidencial de Luis Arce Catacora cerrará su tercer año de mandato sin dinero que está destinado a los sueldos y salarios, al gasto corriente y la atención de emergencias, debido a que por la división interna del MAS la Asamblea terminó la legislatura sin aprobar el Presupuesto General del Estado reformulado.

La mayor parte de este proyecto de ley de presupuesto está destinado al pago de salarios durante los últimos meses del año y también para gasto corriente. Los ‘evistas’ y la oposición subrayaron el hecho de que el 71,3% se concentra en el Poder Ejecutivo. De ese monto, el 37%, “estamos hablando de más de Bs 2.100 millones están destinados al gasto corriente, específicamente a las partidas 100, 200 y 300”, explicó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel.

“De la 100, son los sueldos y salarios para el personal permanente. La 200, sueldos y salarios a personal eventual, a quienes hacen consultorías y sigue siendo personal. Además la 300, es para servicios, celulares, gasolina, es decir, gasto corriente”, aseguró.

El senador ‘evista’ William Tórrez señaló que “molesta la falta de sinceridad del Gobierno, que con el título de presupuesto para las regiones, metió recursos para el gasto corriente. Si querían dinero para pagar sueldos, debían decirnos”, aseguró
Pórcel complementó que “es una barbaridad que actúen de esa manera y de paso echen la culpa a la Asamblea”, respondió al comunicado del Ministerio.

En la última sesión de la gestión, el presidente de Diputados, Jerges Mercado, admitió que no había ni siquiera leído el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2024 “por falta de tiempo”.

Otros arcistas señalaron que el presupuesto debía aprobarse tal cual estaba, pero con otros argumentos. Por ejemplo, la diputada y exfiscal Betty Yañíquez aseguró que si no se aprobaba el proyecto, las víctimas de Sacaba y de Senkata nunca tendrían justicia.

La diputada, también ‘arcista’, Deysi Choque, manifestó que si es que no se aprobaba impedía la innovación tecnológica. Además, defendió que la disposición final séptima, relacionada con la posibilidad de que funcionarios del sistema financiero puedan denunciar movimientos extraños de dinero, se justifica para que no se vuelvan a repetir casos como el banco Fassil. Pórcel le respondió que eso es una aberración, porque con esa inclusión “de contrabando sólo tiene un objetivo que está clarísimo, la persecución”.

El contexto
Apenas concluyó el martes la sesión de Asamblea en la que el propio vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, dijo al pleno que “de conformidad a lo previsto en el numeral seis del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, el proyecto de ley será considerado en una próxima sesión de Asamblea”, el ministerio de Economía lanzó un comunicado de protesta y preocupación. El lunes, la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones con las que las había devuelto la Cámara Alta.

La norma fue aprobada en esa instancia en septiembre, pero el Senado, la semana pasada, eliminó todas las disposiciones adicionales porque ‘evistas’ y opositores vieron que se había introducido incluso artículos del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, retirado por el Gobierno en 2022 luego de protestas encabezadas por cívicos de Santa Cruz. 

Como en esa norma anulada, el proyecto del presupuesto otorgaba la facultad a cualquier funcionario de entidad financiera a denunciar a la ASFI aquella transacción que considere “sospechosa” de legitimación de ganancias ilícitas, y además, con el añadido que el denunciante y sus jefes quedan eximidos de cualquier proceso judicial. El ‘evismo’ y la oposición consideraron que el Gobierno y el ‘arcismo’ las introdujeron “de contrabando”.

El Ministerio de Economía planteó en el comunicado público emitido que los legisladores que dilataron la aprobación del Presupuesto Reformulado 2023 “deberán asumir su responsabilidad frente al pueblo”. En el texto, el despacho del ministro Marcelo Montenegro expresó su preocupación “por la postergación, una vez más, de su tratamiento. Esta dilación afecta gravemente el desempeño de la economía porque paraliza las actividades de municipios, gobernaciones y universidades públicas, en un momento en el que se enfrenta una emergencia ambiental con sequía e incendios”.

Advierte que “esta cartera de Estado considera que los asambleístas que tomaron la decisión de modificar el Proyecto de Ley de Presupuesto Reformulado 2023 (Senado) y ocasionaron esta innecesaria dilación, asuman su responsabilidad frente a las regiones y ante el pueblo boliviano que sufrirá los efectos de sus decisiones”.

Precisó que son más de Bs 5.421 millones que se encuentran pendientes de ejecución por parte de las entidades subnacionales, de los cuales Bs 1.620 millones se debían disponer para atender emergencias por desastres naturales.

Recordó que “el miércoles 25 de octubre, el propio Consejo Nacional de Autonomías (CNA), conformado por las gobernaciones de los nueve departamentos de Bolivia, expresó su solicitud para que la ALP emita el proyecto de PGE Reformulado 2023 sin modificaciones”.

Lamentó que al no tener una fecha exacta de la próxima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y al estar a dos meses de terminar la gestión, “las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) tendrán serias dificultades en ejecutar los recursos que han solicitado inscribir en el presupuesto”.

Esta “irresponsabilidad” de la Asamblea afectará la dinamización de la economía que desde este Gobierno se ha impulsado desde noviembre de 2020 con políticas “para mantener la estabilidad económica del país y retornar a la senda del crecimiento económico, fruto de ese trabajo se tiene más recursos por coparticipación tributaria que han sido incorporados en las modificaciones al Presupuesto”.

La Asamblea Legislativa sesionará hoy con miras a la elección de las directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, mientras la pugna entre las dos facciones del MAS llega a amenazas de protestas sociales porque el TSE desconoció la presidencia de Evo Morales en ese partido político.

El evismo quiere a Andrónico Rodríguez como presidente, mientras que el arcismo desplegará acciones para evitarlo.

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