Arce erogó la suma más alta de los últimos cinco años para comprar gases lacrimógenos

La administración del presidente Luis Arce destinó $us 9 millones para comprar una cantidad no esclarecida de agentes químicos, gases lacrimógenos que son empleados para dispersar y reprimir movilizaciones de protesta. Eso sí, la Policía también emplea una pequeña parte de estos insumos en sus respectivos entrenamientos.

Se trata de la mayor asignación presupuestaria para estos fines desde 2018, según un análisis comparativo de fuentes, declaraciones y documentos oficiales que hizo EL DEBER para este reporte.

Entre 2019 y 2020, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez compró un lote de gases y equipo antimotines fabricados por la brasileña Cóndor. La operación demandó $us 5,6 millones y se hizo a través de la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), que pagó $us 3,3 millones a esa factoría.

El monto de la operación, manchada por un notorio e ilegal sobreprecio, es casi un 50% menor al proceso de adquisición que consolidó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, entre diciembre y el primer trimestre de este año. La autoridad reveló a los periodistas que se erogó Bs 64 millones, algo más de $us 9 millones, para este equipamiento.

Pero Del Castillo explicó que la compra fue directa a la empresa Cóndor y contó “con todos sus equipamientos”, incluyendo el coste de transporte. Aseguró que hubo un ahorro de Bs 16 millones que prometió invertirlos en el fortalecimiento de la Policía y que se generó cuando su despacho optó por la oferta más barata que, justamente, provino de esa proveedora brasileña observada.

Otro elemento. La Asamblea Legislativa investigó en 2020 la compra de gases lacrimógenos. Por eso, en el informe final de la Comisión Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios (1 de octubre de 2020) se identifican irregularidades y presuntos delitos de corrupción en los que incurrió Arturo Murillo, quien fue ministro de Gobierno entre 2019 y 2020. Además, figura una media docena de implicados, incluido Luis Fernando López, quien estuvo a cargo del portafolio de Defensa.

El reporte estuvo basado en informes de la Contraloría, de la Policía y evidencias que identificó la Fiscalía tras la denuncia formulada por diputados y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Así, legisladores, tanto del MAS como de la oposición de entonces, solicitaron a la Contraloría un informe sobre los montos destinados a la compra de material no letal desde 2018, cuando Evo Morales estaba en la Presidencia. El informe, sin el detalle de los montos, revela no hubo necesidad de hacer auditorías de ese periodo porque las operaciones fueron menores a los $us 5,6 millones que Arturo Murillo destinó para adquirir los pertrechos químicos.

“No se han realizado auditorías a otros procesos de contrataciones similares, porque esto no implicaba grandes montos erogados. Esto ha cambiado por la situación política y, por ello, se ha realizado una compra muy grande de estos insumos”, declaró a esa comisión Henry Lucas Ara Pérez, quien fue contralor del Estado elegido por la Asamblea Legislativa para el periodo 2016 y 2022. Entre 2015 y 2020, el MAS tuvo dos tercios allí.

La declaración de Ara Pérez se dio en el contexto de la crisis política de 2019 que está vinculada a la renuncia de Morales, pero también con la represión policial a las protestas contra el Gobierno y a los seguidores del MAS que rechazaron al gobierno de Áñez.

La compra de los gases en tiempos de Murillo fue autorizada con tres decretos: El 4090 del 3 de diciembre de 2019, luego se firmó el 4116 del 12 de diciembre de 2019 que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa. Finalmente, está el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020 que autorizó el desembolso de Bs 40.068.000, equivalente a $us 5,6 millones, para pagar esos insumos. La norma también validó el mecanismo para que el presupuesto del Ministerio de Defensa, empleado en la operación, pase al Ministerio de Gobierno que es la entidad que adquirió el material no letal en favor de la Policía.

De acuerdo con un informe de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa “emitió una orden de compra con fecha del 17 de diciembre de 2019 y muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el Contrato de Gas lacrimógeno de la Compañía Cóndor de Brasil por aproximadamente $us 3,357,735, lo que dejó a la Compañía Intermediaria con aproximadamente $us 2,291,402”.

Las evidencias de estas tratativas resultaron de una intervención a la comunicación que sostuvieron los ejecutivos de BTS y Sergio Méndez, quien fue el jefe de gabinete de Arturo Murillo.

En el informe de la Comisión Especial de Investigación del Legislativo también consigna una declaración del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien prometió convocar a representantes de esa empresa Cóndor para establecer si esa firma brasileña estuvo o no vinculada con BTS, la intermediaria que benefició a Arturo Murillo con el sobreprecio.

El exministro ahora cumple una condena de 70 meses de prisión en Miami por haber participado en el delito de soborno que recibió a cambio de ayudar a la BTS, una empresa registrada en Estados Unidos, para lograr el millonario acuerdo con Bolivia y contratar, de este modo, a Cóndor.

El procurador Wilfredo Chávez, quien fue abogado de Evo Morales, activó luego un proceso civil contra Murillo y sus socios en Estados Unidos, precisamente, por haberse beneficiado del contrato con el Gobierno. Para ello, anunció que la empresa Cóndor iba a formar parte de este proceso legal. “Cóndor está incluida en el proceso civil porque sabía del sobreprecio, que se había duplicado el precio de los gases”, dijo el procurador del Estado Wilfredo Chávez, en noviembre de 2021.

Ayer la autoridad reveló que existe evidencia sobre la participación de la firma brasileña. “Se logró establecer que la empresa Cóndor sí conocía el sobreprecio y ha persistido con la venta de los agentes químicos (a Murillo)”, dijo Wilfredo Chávez, en una entrevista con ATB-Radio de La Paz.

Altas fuentes de la Procuraduría explicaron el jueves a EL DEBER que, sobre la base de estos antecedentes, hay preocupación y molestia por la más reciente contratación que hizo el ministro Del Castillo a la empresa Cóndor.

Otro dato. Desde la Policía explicaron que entre 2020 y 2021 no hubo requerimientos mayores de equipo antimotines al Ministerio de Gobierno, pues se usó el que estaba almacenado en stock.

Sobre la cantidad de gases lacrimógenos adquiridos este año con $us 9 millones, el ministro Del Castillo no contaba con ese detalle. “Son bastantes lotes que hemos comprado, distintos requerimientos que ha realizado la Policía Boliviana para la adquisición de estos gases”, apuntó.

Como referencia, Cóndor recibió esos $us 3,3 millones por 100.000 proyectiles y 24.000 granadas de gases lacrimógenos, además de balines de goma.

Respecto a este caso, Del Castillo, recordó que su despacho es uno de los denunciantes y mencionó que recuperó recursos de la operación que incluyó sobreprecio. Aseguró “total transparencia”.

“Se están adquiriendo los gases lacrimógenos para reponer stock, siempre la Policía Boliviana tiene que realizar planes y operaciones pensando en el futuro. No estamos viendo posible convulsión dentro el territorio nacional, todo el pueblo boliviano quiere paz y tranquilidad”, remarcó Del Castillo y reveló que su antecesor, Carlos Romero, compró los insumos a través de una intermediaria. Anunció una auditoría.

El aludido dijo que en esa investigación debería incluirse a los bienes que compró el ministro Del Castillo. El exministro de Gobierno Saúl Lara, quien es diputado por Comunidad Ciudadana (CC), dijo que “hay pocas empresas que fabrican gases. Están en EEUU o Brasil”. Señaló que pedirán un informe porque le llamó la atención “el elevado monto” de la reciente compra gubernamental.

“Esa empresa Cóndor es muy poderosa y es la única en Bolivia que trae estos agentes químicos o tiene muy buenas relaciones con cada gobierno que pasa, aunque en este caso hay absolutamente una falta de transparencia”, manifestó el senador Rodrigo Paz (CC).

“Pareciera que tenemos un segundo Arturo Murillo o un Murillo parte II”, afirmó el diputado Daniel Rojas del ala evista del MAS. También adelantó que pedirá informes, pero cuestionó la lentitud del Gobierno para responder.