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El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se pronunció ayer sobre el paro médico nacional y pidió a los galenos suspender la medida para apoyar en el proceso de inmunización, que será reforzado con las 500.000 dosis Sinopharm que se distribuyen a todo el país.

“Exhortamos a todos los médicos que, en lugar de hacer huelgas, se pongan a vacunar a la gente porque el pueblo está esperando sus servicios”, manifestó Arce, durante el acto de recepción de las vacunas chinas, en el aeropuerto Viru Viru.

A esta voz se sumó la del ministro de Salud, Jeyson Auza, quien instó al sector médico a pensar en el pueblo boliviano y no darle la espalda en un contexto en el que la segunda ola de contagios por Covid-19 sigue haciendo estragos entre la población.

Hoy tenemos una responsabilidad histórica. El pueblo boliviano nos necesita y la salud del pueblo está en crisis. La vida de los bolivianos está riesgo y la vacuna es una respuesta a este riesgo, por eso no podemos darle la espalda, no vamos a darles la espalda. Eso pedimos a los trabajadores y profesionales de salud”, manifestó Auza en el aeropuerto Viru Viru.

El ministro desestimó la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, tal y como se señaló desde la Asamblea Legislativa, y recordó que no solamente se ha llamado al diálogo al sector sanitario en diferentes ocasiones, sino también se los ha incluido en la articulación de la norma que ahora rechazan.

“Hemos escuchado las observaciones que ellos han hecho a los artículos 17, 19 y 28. No solo escuchamos, incorporamos las recomendaciones y modificaciones que ellos nos dieron. Ahora piden abrogación, entonces, ¿cuál es el objetivo que buscan?”, cuestionó la autoridad de Salud.

El sector cumple un paro movilizado desde el pasado viernes, que se extenderá hasta el 28 de febrero. La huelga fue convocada por el Consejo Nacional de la Salud (Conasa), que reúne a los colegios médicos y sindicatos de profesionales de la salud, en contra de la mencionada ley, que consideran inconstitucional. 

Los profesionales de salud atienden solamente con los servicios de emergencias, internación, además de los pacientes con coronavirus.

La ley establece varias disposiciones como el control a los precios de los servicios en los centros privados, los tratamientos y medicamentos.

También la contratación directa de médicos extranjeros y la prohibición de cualquier movilización como paros por parte del personal sanitario, con los que el sector médico no está de acuerdo.

El sector responde

En cumplimiento del paro movilizado, médicos, profesionales y trabajadores de salud marcharon ayer hasta la plaza 24 de Septiembre. Durante la protesta, el representante del Colegio Médico Departamental, Edil Toledo, indicó que el paro se mantiene y que la única solución que puede dar al conflicto es que el “Gobierno abrogue la ley, que es una norma de emergencia camuflada porque ninguno de sus 36 artículos hace referencia al Covid-19”.

Toledo aseguró que los centros hospitalarios han reforzado sus servicios de emergencias para atender los casos urgentes y tampoco se ha interrumpido la vacunación. “No hemos dejado de atender las emergencias, los casos urgentes están cubiertos”, insistió.

Por su parte, Rocío Rivero, vocera del Fesirmes, manifestó que el sector está cumpliendo de forma disciplinada la medida y también está solicitando el apoyo de otras instituciones para que sumen al rechazo a la mencionada ley.

Mañana (por hoy) visitaremos a las autoridades departamentales y municipales porque entendemos que esta ley también transgrede la Ley Marco de Autonomía”, dijo Rivero.

Agregó que “lo vivió en carne propia la alcaldesa, cuando no se le permitían ingresar para participar de un evento de importancia para la salud, como era la entrega de las vacunas contra el coronavirus”. 

Rivero se refería al incidente en el aeropuerto Viru Viru, cuando Angélica Sosa reclamaba porque no se le permitía ingresar a la pista de aterrizaje, donde se desarrollaba el acto de recepción de las 500.000 dosis Sinopharm.

Se cumple la norma

Entretanto, el Ministerio de Justicia asegura que la vacunación masiva contra el Covid-19 con las 500.000 dosis de vacunas Sinopharm representa el cumplimiento de varios artículos de la Ley de Emergencia Sanitaria.

Según un boletín institucional, el artículo 13 de la norma referida establece que el Ministerio de Salud definirá las políticas de inmunización y regulará su implementación en todo el territorio nacional. De igual manera, el art. 14 determina que los procesos de inmunización “serán gratuitos y no deben representar ningún tipo de costo para los beneficiarios”.

En la misma línea, el artículo 15 de la ley establece que la vacunación “tendrá carácter voluntario” y se aplicará con un “consentimiento informado”, según el boletín del Ministerio de Justicia.

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