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La comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados admitió ayer el juicio de responsabilidades en contra del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, consejeros de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.

El diputado Víctor Borda (MAS) explicó que este proceso es por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Han designado como juez a una persona con sentencia condenatoria, a abogados con procesos disciplinarios ejecutoriados, postulantes con los puntajes más bajos, nombramiento de familiares como funcionarios de confianza en el sistema judicial”, precisó el legislador.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos --citado por la agencia ABI- afirmó que el juico  contra Lanchipa es resultado de las múltiples acciones equivocadas desde la primera autoridad del Ministerio Público.

"Lamentablemente Lanchipa ha incurrido en una serie de errores, incumplimiento de deberes en algunos casos, pero también fiscales de distrito que no ha actuado responsablemente, han generado proteccionismo e impunidad no han cumplido con la administración de justicia como corresponde", aseveró Barrientos, según publica ese medio.

Cambio de fiscales

El fiscal general, Juan Lanchipa, posesionó ayer a Marco Antonio Cossío como fiscal departamental de La Paz. El cambio se produjo cinco días después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidiera la destitución de Williams Alave por la detención del exministro de Minería César Navarro y del exviceministro de Desarrollo Rural Pedro Damián Dorado, pese a que tenían salvoconductos para salir del país rumbo a México.

El 6 de febrero, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en conferencia de prensa solicitó a Lanchipa que despida a Alave y al fiscal Samuel Lima por ese hecho.

“Claramente vemos que aquí los fiscales, los jueces han sido puestos por el anterior Gobierno y buscan perjudicar casos de corrupción, investigaciones de caso de corrupción y narcotráfico”, dijo.

En esa declaración, Murillo reveló que Lima emitió una orden de aprehensión en contra de Navarro el 1 de febrero, a la 1:00 de la madrugada, aunque colocó el 28 de enero como fecha. De hecho, Alave no asistía a su fuente laboral desde el lunes. Presentó una solicitud de licencia por motivos de salud, mientras que la fiscal Rosario Benegas asumió la suplencia.

Murillo conminó a Lanchipa a realizar una “purga” en el Ministerio Público y que de esa forma se pueda “limpiar su nombre”.

Luego de posesionar a Cossío y a la nueva fiscal departamental de Tarija, Carla Oller, en reemplazo de Aimoré Álvarez, que renunció al cargo, Lanchipa solicitó que “pongan todo su esfuerzo, compromiso y trabajo en sus fiscalías departamentales y que la atención a nuestra gente sea con calidad y calidez. También pidió que se sumen a este esfuerzo colectivo que ya está en marcha para implementar transformaciones sustantivas que mejoren las investigaciones, el ejercicio de la acción penal, la sanción de los responsables y la reparación a las víctimas”.

En declaraciones a este medio, Murillo comentó que el caso de los salvoconductos dañó al país. “Hace un mes el Ministerio de Gobierno firmó un convenio con el Ministerio Público y Migración, para que cuando la Fiscalía emita una orden de aprehensión, de arraigo, inmediatamente se suba al sistema. Resulta que el 28 de enero emitieron la orden y no la subieron al sistema, la redactaron entre gallos y medianoche”.

Complementó que “claramente esto fue una actuación canalla, seguramente estas dos personas pensaron que así se iban a llevar la cabeza del ministro de Gobierno”. Murillo relató que no dijo nada en principio, y que dedicó tiempo a investigar lo ocurrido y llegar a la conclusión que comento. Lima ejecutó y no entiendo por qué Alave no supervisó esto”.

En otra declaración que hizo ayer por la mañana, Murillo advirtió que tiene información de que hay también jueces y fiscales que se dedican a liberar a delincuentes. “Estos señores irán a la cárcel, personalmente me voy a dedicar a los que busquen hacer daño a la ciudadanía boliviana”.

En esa misma línea, el candidato presidencial Carlos Mesa declaró que el sistema judicial está podrido. “El MAS nos ha dejado una herencia letal, no solamente a este Gobierno, al país. Un sistema judicial podrido hasta los huesos, con operadores que militaban en el MAS, pero según dónde sopla el viento van de un lugar a otro, con niveles de corrupción altísimos, una ineptitud en su trabajo”.

Advirtió que su alianza ofrece un cambio total de la cabeza del Poder Judicial, un cuestionamiento legal de una elección de autoridades judiciales, porque tuvo un 40% de votos nulos y 20% blancos. “Es una especie de bomba de tiempo y que estalla progresivamente porque no hay credibilidad en el sistema judicial”.