Asamblea debatirá una ley contra el financiamiento al terrorismo
El proyecto estuvo dormido desde 2016. El 17 de febrero fue remitido al Legislativo. Para la oposición, el instrumento puede ser un “cheque en blanco” para la persecución
La Cámara de Diputados comenzará a tratar este miércoles el proyecto de ley de Estrategia nacional de Lucha contra Legitimación de ganancias ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, una iniciativa que data de 2016, y que fue repuesta el 17 de febrero de este año por la bancada del MAS.
La propuesta legal, que consta de siete artículos y dos disposiciones adicionales, será debatida en momentos en que la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros se encuentran detenidos desde el 13 de marzo acusados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por los hechos ocurridos entre octubre y noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo después de que observadores de la OEA denunciaran un fraude en las elecciones generales de ese año.
Precisamente ayer, el diputado oficialista Patricio Mendoza, solicitó un informe oral a la alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, para que explique el origen de los recursos con los que financiaban el apoyo logístico a las personas que en 2019 protestaban en contra del fraude durante las manifestaciones de 21 días en la capital cruceña.
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabezas (MAS), aseguró que esta ley permitirá “cumplir algunos requisitos internacionales en términos económicos y de ese modo generar confianza ante organismos multilaterales”.
Por su lado, el jefe de bancada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, señaló que con este proyecto de ley el MAS está buscando “un cheque en blanco para que después vaya aplicando medidas de naturaleza penal, incluso de instituciones privadas que no forman parte del Poder Ejecutivo”.
El legislador opositor no descarta que esta ley también sea usada en el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada, precisamente de “terrorismo”, sedición y conspiración.
El artículo 4 del referido proyecto de ley establece: “La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) deberá efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas en la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y reportar al Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo para fines de evaluación de su ejecución.
Para tal efecto las entidades involucradas en la ejecución de acciones deberán reportar los avances y proveer a la UIF la información que sea requerida por esa entidad.
En el artículo 7 contempla que el Órgano Ejecutivo nacional podrá introducir ajustes, mediante un decreto supremo, a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
De hecho, la propuesta legislativa confiere a la Aduana Nacional “atribuciones para realizar el control de internación y salida física de dinero de instrumentos negociables” y, en ese marco, de “imponer sanciones a quienes no presenten la declaración jurada correspondiente ante la Aduana Nacional o cuando el monto de esa declaración sea impreciso”.
El diputado oficialista Renán Cabezas explicó que la norma, una vez que sea aprobada en el Legislativo, será reglamentada a través de decretos que precisarán los montos sobre los bienes y montos que ingresan al país.
No obstante, en la Disposición Final del proyecto ya se establece que existe una “sanción pecuniaria del 30% entre el monto total del dinero y el valor nominal del instrumento negociable transportado y el declarado o autorizado según corresponda sin perjuicio de la acción legal pertinente”.
Para Alarcón, “cada artículo de esta ley establece parámetros muy delicados” que deben ser legislados por leyes específicas y no por una norma general, “una estrategia que debería ser ejecutada por el Órgano Ejecutivo”.
