24 de octubre de 2021, 5:00 AM
24 de octubre de 2021, 5:00 AM


Bolivia ha visto con espanto cómo un interno del penal de Chonchocoro ha muerto como consecuencia de una brutal golpiza. El crimen permitió develar que el sistema penitenciario nacional sigue tan descompuesto como hace una década y que el rosario de promesas de las autoridades de turno es solo un mar de mentiras que se dicen para aplacar la indignación ciudadana.

El reo se llamaba Cristofer Quispe, tenía 27 años y debía salir del penal el día en que se conoció de su asesinato. Las autoridades del Ministerio de Gobierno admitieron que se cometieron abusos y los internos de la cárcel denunciaron la existencia de un bus de la tortura, donde los ‘indisciplinados’ eran aislados y sometidos a crueles vejámenes. ¿Cuántos habrán pasado por ahí, cuántos fueron torturados? Tuvo que morir uno de ellos para que el mundo sepa lo que sucede dentro de los muros del que es llamado el penal de máxima seguridad de Bolivia.

Días antes de conocerse el crimen ya se había informado de la muerte de un recluso. Los policías de Chonchocoro se apresuraron a negarlo y a mostrar a un interno para desmentir el exceso. Mientras lo hacían, se estaba torturando a quien fue finalmente la víctima. Esto no es más que la constatación de que tales abusos eran de conocimiento de las principales autoridades del penal. La pregunta, de respuesta casi obvia, es si el director nacional de Régimen Penitenciario está al tanto de que los presos son maltratados en los penales, especialmente los que no tienen dinero para sobornar o para pagar por su seguridad. Como en una historia de terror, se puede concluir que quien no paga puede no salir vivo.

En las cárceles del país hay contubernios de corrupción. En Palmasola era de conocimiento público la existencia de grupos de poder, cuyos líderes eran quienes verdaderamente controlaban el penal. En 2013 hubo un enfrentamiento que dejó un saldo de varias víctimas, un pabellón incendiado. Entonces se hicieron las consabidas promesas de cambio, pero después se repitió la historia.
Incidentes de violencia se han registrado en Cobija y en Trinidad, así como en otras capitales de Bolivia. Además, no se puede obviar que hay libre circulación de drogas, alcohol y hasta armas de todo tipo, porque en realidad no existe control.

Tras el crimen de Chonchocoro se ha destituido al gobernador y hay policías investigados porque fueron involucrados con el asesinato. Sin embargo, eso no alcanza para cambiar el horror que se vive en todas las cárceles del país. En Bolivia no es constitucional la pena de muerte, pero muchas veces se decreta y se cumple en las peleas entre reos o, como en este caso, en el probable involucramiento de policías cuya responsabilidad era custodiar.

Las autoridades nacionales, particularmente el ministro de Gobierno, debería estar trabajando a fondo en una reforma estructural; sin embargo, está más ocupado en las pugnas políticas que en sus verdaderas responsabilidades. Hay que recordar que sus antecesores también aseguraron que se cambiaría el régimen penitenciario, pero no cumplieron porque prevalecieron las irregularidades. Con ello demostraron incapacidad y fracasaron.

En éste, como en otros tópicos, es preciso tener autoridades que actúen con responsabilidad. La realidad demuestra de un latigazo que Bolivia no se limita a la misión de vender la retórica de que hubo golpe de estado. El país merece que el ministro de Gobierno y sus dependientes asuman sus funciones.

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