Auguran para el Bajo Paraguá el mismo destino que tuvo la reserva forestal Choré

De las tres reservas forestales que tiene Santa Cruz, Bajo Paraguá es la única ‘intacta’. Las de Guarayos y Choré están, literalmente, destrozadas.

Ni el doble candado legal, de reserva y área protegida municipal, ha logrado frenar un desmonte que se acerca a las 150 hectáreas, según reportes de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC). La deforestación siguió avanzando, incluso después de las citaciones a los responsables, de parte de la Autoridad de Fiscalización y control de Bosque y Tierra (ABT), de hace dos meses, y de las que se desconoce el estado en que se encuentran.

“Nos hemos cansado de solicitar a la ABT el estado de las citaciones a los colonos por desmonte ilegal y no les da la gana de responder. Queremos saber qué procesos tienen, así como nos multan a nosotros por traer una leña o hacer algo en las comunidades, porque entonces la ABT sí se desplaza a las comunidades para notificarnos y todavía lo publican, lo sacan en la radio”, dijo Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá.

A pesar de la falta de acción, ella asegura que sí o sí el desalojo se llevará a cabo. “Los vamos a frenar, no vamos a permitir esto, estamos trabajando con el alcalde de San Ignacio, la Gobernación de Santa Cruz y otros, pero la ABT es la única que no hizo algo por sancionar el daño ambiental”, apuntó.

Peña, que también es cacique de Porvenir, comunidad de la TCO Bajo Paraguá que custodia el Parque Noel Kempff Mercado, indicó que tiene clara la estrategia de los colonos. “La idea de ellos es entrar y después legalizar”, dijo.

Y varios coincidieron con ella. Uno es Katsumi Bani, ex alcalde de San Juan, en Ichilo, que ya vivió de cerca la experiencia de Choré. “Ellos (los colonos) son tan astutos, es una mafia que busca y rebusca la parte jurídica para legalizar”, dijo.

De tener una superficie de casi un millón y medio de hectáreas, Choré perdió más de 200.000 por un decreto de desafectación de Banzer y la presión de los asentados en Santa Rosa del Sara.

En agosto, la dirigencia de los sindicatos ubicados dentro de Choré, en la parte norte del municipio de Santa Rosa del Sara, firmó un contrato con una consultora jurídica, para iniciar otro proceso de desafectación. Esta vez de más de 150 .000 hectáreas de la reserva forestal. De darse esta aspiración, Choré, pulmón que genera agua para 24 municipios productivos, entre ellos Cuatro Cañadas y San Julián, además de otros servicios ambientales, perdería casi 400.000 hectáreas.

Alcides Vadillo, director regional de Fundación Tierra, cuestionó que ahora se haga “bulla” con la defensa de Bajo Paraguá, y que nadie diga algo sobre Guarayos y Choré.

Manifestó que en Guarayos hay tanto campesinos, como interculturales y empresarios en contra de la reserva. Y que a Choré se la dé por perdida. “Ahí existen alrededor de 5.000 campesinos, que ahora se han organizado, y con la diputada Deisy Choque (MAS) se están moviendo para desafectar parte de la reserva; después lo harán en Guarayos, y ese es el camino al que se está apuntando en Bajo Paraguá. Y tenemos una actitud, desde la región, de silencio y complicidad”, lamentó

Para Vadillo, se impone la lógica de legalizar lo ilegal, a tal extremo que los habitantes de Choré ya tienen presencia institucional a través de autoridades en Yapacaní, incluso de un asambleísta departamental por la provincia Ichilo, Clemente Ramos.

Dijo que le resulta imposible entrar como organización a Choré, así que el relevamiento de información lo hace a través de dirigentes de Yapacaní. “Sabemos que es un rebalse de Chapare, los que ahí viven tienen un poder político y económico fuerte, y realizan las mismas actividades que en Chapare, el cultivo de la coca”, aseveró.

“Es la república independiente de Choré”, ironizó un ex funcionario de la Gobernación que fue retenido por varias horas, por aventurarse a llegar al lugar, y que pidió el anonimato.

Titulaciones

Al ser una reserva forestal, Choré no debería tener otra vocación distinta a la de extraer los recursos maderables y no maderables bajo la figura de las concesiones, derechos otorgados por el Estado.

Sin embargo, los que accedieron a esos derechos fueron expulsados, según el ex funcionario de la Gobernación, con la amenaza de secuestro, de destrucción de sus maquinarias, e incluso de que la vida corra riesgo.

“El lugar es peligroso. La Uagrm tenía su Centro de Investigación Elías Meneses, pero hace más de diez años que los universitarios no regresaron por su propia seguridad. De por medio hay un tema de narcotráfico”, aseguró.

Un monitoreo satelital mostró que la actividad agrícola es la más desarrollada en la tierra de vocación forestal. Asimismo, datos oficiales muestran que el INRA ha entregado títulos dentro de la zona que no ha sido desafectada, la mayoría con fecha entre 2009 y 2017.

Vadillo, de Fundación Tierra dijo que esto es ilegal, ya que al ser un área clasificada por la ley como reserva forestal, queda claro que no se puede disponer de otro tipo de derecho, y que la única salvedad es que existiera derecho propietario antes de que sea reserva (en 1966).

Vadillo recordó que cuando fue director del INRA, durante su gestión se entregó a la ABT la certificación de área saneada sobre 900.000 hectáreas de la reserva forestal Choré y que ese saneamiento se entregó en el año 2004.

Bani coincidió con Vadillo en que no es legal titular tras el saneamiento, explicó que como alcalde nunca certificó o avaló a organizaciones sociales dentro de Choré, a pesar de la presión. “Había grupos insistiendo, pero yo nunca certifiqué a una organización ilegal”, dijo.

Cirilo Sonabi, ex dirigente intercultural del MAS en Yapacaní, que luego pasó a las filas de Demócratas, partido por el que fue elegido como concejal, explicó que el área titulada, del lado del municipio de Yapacaní, ya es “casi legal, y que se logró bajo la figura de una zona de amortiguación.

Eulogio Núñez, director nacional del INRA, sobre las afirmaciones de que existe la intención de avasallar y luego legalizar en Bajo Paraguá, como en Choré, respondió que primero es necesario hacer un cruce de información con el INRA, y que en caso de existir denuncias concretas, estas deben ser contrastadas con la base de datos del INRA.

“La ventaja de ahora es que tenemos un catastro digital, poniendo los datos ya sabemos dónde está y hasta los antecedentes de Reforma Agraria del 53”, respondió.

En el ejemplo específico de Bajo Paraguá, Núñez dijo que hace tres semanas ha sobrevolado la zona, y que antes de que el área fuera creada ya existía algún propietario. “A veces se magnifican las cosas en la prensa”, dijo.

Tráfico de tierras

Sonabi aseguró que quienes hoy son productores legalmente establecidos, en su momento accedieron a tierras fiscales que no eran ni reserva forestal ni áreas protegidas.

Dice que hoy entiende, más que nunca, el impacto del daño a Choré, y que ha tenido que sustituir su producción agrícola por la ganadería. “Realmente está afectando el cambio climático, es algo que hoy rescato de los ambientalistas, hoy tenemos humo, fuego y el pulmón del departamento (Choré) perforado”, lamentó.

El ex dirigente del MAS dijo que toda la problemática gira en torno al tráfico de tierras, incluso hasta por encima del narcotráfico. “Ahorita muchos de los que eran dirigentes de centrales en mi gestión están en las centrales de la Chiquitania, esa gente ya no está aquí en Choré, los he visto en San José, San Ignacio de Velasco. Algunos mantienen sus tierras en Choré, otros meten gente y se van a formar nuevas comunidades, de eso viven”, aseguró.

Sobre las razones para que diputados, ministros y viceministros pongan su atención en Choré, Sonabi explicó que, independientemente de que sean de otras circunscripciones, todo se resume en que la gente que está en la reserva forestal es la misma de Chapare.

“Pocos son de Yapacaní, entre el 70 y 80% son de Chapare. Incluso Evo Morales, cuando era candidato, “llegó a Choré y empezó a posicionar a los dirigentes de la zona, eso pasó en mi gestión como secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales de Yapacaní”, dijo.

Mientras tanto, los chiquitanos de Bajo Paraguá siguen esperando que las autoridades hagan su parte, y que el desalojo del área protegida municipal se cumpla, a cinco meses de las denuncias en los medios.

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