29 de diciembre de 2022, 4:00 AM
29 de diciembre de 2022, 4:00 AM

El secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho muestra el rostro más autoritario del Gobierno de Luis Arce y de sus brazos operativos, el Ministerio Público y la Policía. No se puede llamar más que secuestro a la forma en la que actuaron los uniformados contra la principal autoridad del departamento: interceptaron su vehículo, lo encañonaron con armas de grueso calibre, lo bajaron a la fuerza, agredieron a su chofer y se lo llevaron con rumbo incierto. En la operación actuaron agentes encapuchados y sin identificarse. Una conducta nada democrática, sino más ajustada a lo que se hacía en gobiernos de facto.

Más tarde, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, confirmaba la aprehensión, sin dar mayores explicaciones. Horas después lo hizo la Fiscalía. A Camacho se lo llevaron, primero al aeropuerto de Viru Viru y después, en un helicóptero, al aeropuerto de Chimoré (en Chapare) y finalmente a La Paz. Todo se hizo en un marco de secretismo, vulnerando los derechos del gobernador y dejando a la ciudadanía en la incertidumbre.

Nadie entendía cuál era la causa que gatillaba este procedimiento. Más tarde se supo que se trata del caso Golpe I, denunciado por la exasambleísta Lidia Patty. En este proceso, Luis Fernando Camacho fue convocado a declarar a La Paz y después suspendieron la convocatoria. Posteriormente, fue llamado a declarar en Santa Cruz, pero fueron los mismos fiscales quienes suspendieron el acto, debido a que no llegaron. Hasta ahí se conocía sobre la denuncia e investigación. Sin embargo, ahora sacan de la manga un mandamiento de apremio, sin que el gobernador Camacho hubiera sido notificado con anterioridad. Y se ejecuta la aprehensión/secuestro de la manera violenta como se hizo.

La actuación de la Fiscalía y la Policía, bajo el manto del Gobierno de Luis Arce, marcan un rumbo autoritario del régimen que gobierna Bolivia. La percepción de la ciudadanía en Santa Cruz es de malestar porque se detuvo de esa manera al gobernador electo de Santa Cruz. También se han pronunciado líderes políticos, dentro y fuera del país, cuestionando la conducta de las fuerzas del orden. La población se autoconvocó, primero a los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo, después a las calles y algunas carreteras, donde se iban instalando puntos de bloqueo. Mientras tanto, la Policía no dudó ni un instante en salir a reprimir a la gente movilizada.

La violencia ejercida por el aparato policial desencadenó violencia en las calles. Una situación que puede salirse de control y desembocar en consecuencias que ni el presidente imagina, amén del costo político para Luis Arce no solo en Santa Cruz, sino en todo el país, bajo la lógica conclusión de que, si le pasó a Camacho, puede pasarle a cualquiera en Bolivia.

La pregunta que flota en el aire es ¿cuál es el objetivo de Luis Arce para abrir las puertas del infierno? Analistas creen que busca dar un mensaje de dureza frente a los ataques permanentes de Evo Morales. Si así fuera, qué mezquindad y qué poca talla de estadista. ¿Quiere aplacar el ímpetu libertario de un pueblo, pensando que, al detener con violencia a su gobernador, todos quedarán callados y como mansas ovejas? Pues está equivocado, porque está claro que el espíritu rebelde de los cruceños no necesita caudillos.

Lo cierto es que ayer se dio un paso funesto para la democracia en Bolivia. El Gobierno de Arce Catacora se sumerge en las sombras. Lo peor es que la violencia desencadenada puede ir en espiral y Bolivia no se merece esto.

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