19 de agosto de 2021, 5:00 AM
19 de agosto de 2021, 5:00 AM

Como ocurre cada cierto tiempo, nuevamente propietarios de vehículos indocumentados, conocidos como ‘chutos’, presionan para “nacionalizar” unos 200.000 motorizados usados que entraron al país de contrabando.

El argumento es ya conocido: dicen que esos vehículos son utilizados como herramienta de trabajo, también repiten que elevan esta demanda “por última vez” y rematan con la explicación de que esta nueva amnistía para legalizar esos motorizados le daría ingresos al Estado por pago de impuestos.

Se trata, dicen los dirigentes del sector, de autos a gasolina, diésel y GNV, tractores, maquinaria agrícola, remolques, semirremolques, todos indocumentados que circulan sin placas o con placas falsificadas principalmente en áreas rurales, provincias y poblaciones pequeñas del país donde los controles policiales son mínimos o inexistentes.

Los propietarios, organizados para la defensa de sus intereses como hacen todos los gremios en Bolivia, presentaron un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, donde tienen diputados y senadores aliados para legalizar vehículos indocumentados.

Conociendo los antecedentes de estos movimientos, tradicionalmente afines al Movimiento Al Socialismo, lo más probable es que tarde o temprano se termine nacionalizando esos 200.000 vehículos, con lo cual se habrá incrementado sustancialmente el parque automotor en ciudades, con vehículos antiguos, defectuosos, contaminantes y provocando, principalmente, un enorme perjuicio a las importadoras legales de autos, que pagan millonarios impuestos al Estado.

Dice el presidente de Diputados, Freddy Mamani, que por el momento no está contemplada ninguna norma para aceptar la demanda de ese sector, pero dejó abierta la puerta para que se lo discuta más adelante.

Las “nacionalizaciones” de vehículos son una aberración legal que demuestra que en el país las leyes están hechas no para cumplirlas, sino para vulnerarlas con todo tipo de otros artificios jurídicos.

Un vehículo indocumentado es uno que algún propietario de algún país del exterior vende a medio uso porque ya no le sirve, porque tiene defectos o porque cree que ya llegó el momento de renovar su propiedad y que se traslada a países del subsahara africano y en Sudamérica a Bolivia.

Se desconoce sus condiciones técnicas e ingresan al país por algún punto de las extensas fronteras, evadiendo el control de aduanas, en ocasiones huyendo de la persecución militar o policial con uso de sofisticado armamento.

Se dice que irónicamente los contrabandistas de autos están mejor equipados en armamento que los militares, tienen sistemas de comunicaciones de punta y hasta arman mejores operaciones de “inteligencia” para burlar a la Aduana, Policía y Fuerzas Armadas en las llanuras del altiplano.

Esos son los autos indocumentados. Y las nacionalizaciones significan, en pocas palabras, aceptar como legal lo que fue ilegal, traicionar la fe de ciudadanos que compran autos nuevos pagando impuestos, igual que a los empresarios que al vender esos motorizados transfieren gran parte de sus ingresos al Estado como pago de impuestos.

Pero los propietarios de autos chutos no solo están bien organizados, sino que tienen una gran capacidad de movilización, al extremo que tenían previsto un bloqueo nacional de caminos y carreteras para la primera semana de agosto, la misma que suspendieron solo temporalmente.



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