9 de julio de 2023, 4:00 AM
9 de julio de 2023, 4:00 AM

Una vez más, el censo nacional de población y vivienda avanza sin tomar en cuenta a todos. El Consejo Nacional de Autonomías se reunió en la Casa Grande del Pueblo sin la presencia de los gobernadores de Santa Cruz y de La Paz. Este ente avaló el trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras la población no tiene certeza de que el camino recorrido se enmarca en lo que se espera para tener un conteo transparente de los habitantes que tiene el país y de cómo está cada departamento.

La ausencia del gobernador cruceño hay que leerla desde dos ángulos. Primero, es censurable que el juez que autorizó la asistencia de Luis Fernando Camacho a la reunión no hubiera hecho llegar el documento escrito al penal de Chonchocoro de manera oportuna, para que la autoridad departamental acuda con los custodios correspondientes. Y esto tiene varias lecturas. La primera habla de la negligencia de ese tribunal y de sus funcionarios; pero la segunda lleva a pensar que, en realidad, al Gobierno no le interesaba la presencia de Camacho y que se cumplió una formalidad porque el fin era que se apruebe el informe del INE sin objeciones.

La segunda tiene que ver con la vulnerabilidad en la que se encuentra la Gobernación de Santa Cruz con su principal autoridad presa y prácticamente aislada en una cárcel que está a más de mil kilómetros de esta región. Luis Fernando Camacho sigue siendo y ejerciendo como gobernador cruceño, de eso se han encargado él mismo y el entorno de confianza que tiene en Santa Cruz. Un funcionario, el secretario jurídico, Efraín Suárez, lo visita semanalmente y le lleva los informes y los documentos que debe firmar. Habrá que preguntar a ese grupo que controla la Gobernación si, ante la invitación que hizo el Gobierno nacional a participar de la reunión del Consejo de Autonomías, siquiera valoraron la posibilidad de que acuda el vicegobernador, Mario Aguilera, de manera que este departamento esté representado en el encuentro nacional.

Si bien la invitación era solo para el gobernador, era posible hacer la gestión para que acuda el vicegobernador, pero es probable que esa opción no hubiera sido considerada. La consecuencia es que el avance presentado por el INE tiene luz verde a espaldas de quienes lo cuestionaron y tenían criterios técnicos para avalar o para objetar lo realizado. Quien pierde es el habitante de Santa Cruz.

Es probable que los portavoces del Gobierno nacional culpen totalmente a Luis Fernando Camacho por la ausencia de la voz de Santa Cruz, como si hubiera sido su voluntad estar ausente en la reunión. Pero hay que tomar en cuenta que tampoco asistió el gobernador de La Paz. Entonces, lo que se hizo fue dar luz verde al INE para que siga su trabajo, sin el aval de los dos departamentos más poblados del país. Dirán que estuvo la Asociación de Municipios de Bolivia y que ahí hay voces cruceñas y paceñas, pero en país tan politizado también está claro que esta organización tiene mayor afinidad con el Gobierno nacional y sus intereses. La pregunta que persiste es: ¿Quién escucha el interés de los habitantes que hicieron un paro de 36 días porque querían un censo oportuno y porque desconfiaban del trabajo realizado por el INE?

Entonces, es preciso que la información sea transparente y que el INE también tenga la capacidad de escuchar observaciones técnicas (si las hay) y hacer las correcciones que sean necesarias para la realización de la gran encuesta nacional.

Que el censo cumpla el objetivo de sincerar la realidad nacional, a fin de planificar el desarrollo con datos reales.

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