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Uno de los más tristes inventos del gobierno de Evo Morales se llama AJ, la Autoridad de fiscalización de juegos, creada el 25 de noviembre de 2010 con la misión de fiscalizar las operaciones de juegos y promociones empresariales, pero que en los hechos se convirtió en un terrible freno para las actividades privadas, fuente de prácticas extorsivas y enriquecimientos ilícitos personales.

La ‘hazaña’ más reciente de esta institución - vigente en este Gobierno- es una normativa que en plena pandemia ideó para hacerle la vida imposible a las empresas, que fueron duramente golpeadas en los últimos seis meses por el cierre o drástica reducción de sus actividades.

A la AJ se le ocurrió emitir una resolución regulatoria que determina considerar como actividades de promoción empresarial -y por tanto prohibidas o sujetas de engorrosas tramitaciones en sus oficinas- las diversas acciones de reactivación que las empresas están impulsando para recuperarse y en muchos casos para evitar cerrar y dejar sin fuente de trabajo a miles de trabajadores en el país.

En pocas palabras, la AJ vio que las empresas están creando ofertas y promociones para incentivar el consumo de sus productos y entonces decidió entrar en escena con su guadaña para ver la manera de sacar provecho de esa iniciativa empresarial y regular, penalizar, entorpecer y -proponiéndoselo o no- en muchos casos probablemente provocar el cierre de actividades económicas.

Con la resolución regulatoria 01-00001-20 del 27 de agosto pasado, la AJ decidió regular y obligar a que le pidan autorización aquellas actividades ‘destinadas a incrementar las ventas, captar usuarios o consumidores, mantener o incentivar a los ya existentes mediante la entrega de premios otorgados a través de sorteos, azar o cualquier otro medio de acceso’.

También alcanza la resolución a las actividades que incluyan la entrega directa de premios de disponibilidad limitada en cuanto a stock; esto quiere decir que si una empresa quiere disponer de un stock limitado de productos para entregarlos a manera de motivación a sus clientes no podrá hacerlo si no alcanza para todos, y tendrá que someterse a los laberínticos trámites de la tal Autoridad de fiscalización.

También considera ‘promoción empresarial’, y por tanto sujeto de fiscalización, a los ‘premios consistentes en descuentos, reembolsos, bonificaciones u otros incentivos de forma continua o periódica a los clientes, usuarios o consumidores de otra empresa o actividad económica, a cambio de una contraprestación de servicios, publicidad, bienes, intercambios de cualquier naturaleza o cualquier estrategia comercial’.

En otras palabras, y por poner un ejemplo, una línea aérea no podrá premiar la compra de sus boletos con un consumo en un restaurant o un descuento en una tienda de ropa o un bono de supermercado. Así de absurdo.

Precisamente el sector gastronómico, uno de los rubros que más ha sufrido por la pandemia -de hecho se cuentan por centenares los restaurantes que tuvieron que cerrar sus puertas de manera definitiva- ha rechazado el nuevo reglamento de la AJ porque afecta a la oferta de combos, descuentos y otras acciones que las empresas proponen para movilizar el consumo en beneficio, a la vez, de sus clientes o consumidores.

Alguien del gobierno de Jeanine Áñez (¿el ministro Oscar Ortiz de Economía?) tiene que frenar a la AJ. No es posible que en medio del drama empresarial provocado por el Covid-19, venga ahora esta institución como otro virus que parece tener la misión de hacerle la vida imposible a los emprendimientos.