Balance dice que ABT afrontó el fuego solo con su presupuesto

“La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) es un cajero recaudador porque no se queda con nada y por eso no aplica sus otras atribuciones, como el desarrollo de políticas de preservación y de administración y concesión de derechos agrarios y forestales”, dice Víctor Hugo Áñez, aún director ejecutivo nacional de la ABT.

Hace poco, Áñez presentó un balance de su gestión de 11 meses, en la que resume los logros, pero también se sinceró con respecto a una serie de desafíos pendientes para que la labor dé más frutos.

Dice que un problema grave que no pudo solucionarse, pese a muchas cartas, es que la ABT es una entidad totalmente centralizada. “Hasta para comprar este bolígrafo tengo que esperar que un tipo en La Paz apruebe, y esto violenta la norma de creación. Es más, yo podría vender servicios y generar más plata”, argumenta.

Según él, es un problema de la concepción del manejo del Estado, “la ABT tiene que gozar de una autonomía de gestión administrativa y financiera”, recomienda.

Otro aspecto “incómodo” es que de los 400 funcionarios de la institución, el 55% es eventual, “por más que todos los años se gaste la misma plata en personal”.

Emergencia sin plata

El balance de la ABT muestra las cifras. En la gestión 2020, la recaudación fue de Bs 92,5 millones. A este total, Santa Cruz aporta el 73%, seguido por Beni, con 8%.

Dice que, del total recaudado, Bs 61,3 millones se van al Tesoro General de la Nación (TGN), de los cuales regresan como Bs 42 millones para sueldos, y el saldo, entre 6 y 8 millones, para gastos operativos, monto con el que la ABT tuvo que afrontar los incendios, sin algún presupuesto adicional desde la instancia nacional, indicó Áñez.

“Tuvimos que hacer ajustes administrativos internos para quedar operativos y atender la emergencia por incendios, reducir gastos de otras cosas, se hizo una especialidad ahorrar”, compartió.

Asimismo, de los Bs 92,5 millones, otros Bs 16 millones se destinan a Fonabosque, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, casi Bs 8 millones a las gobernaciones, y Bs 7 millones a los municipios que coparticipan.

A diferencia del año pasado, cuando las quemas autorizadas o legales solo llegaban al 3%, según Áñez, hoy están por el 10%, “aunque siguen siendo bajas”, reconoció. Áñez también lamentó que los incendios, desde el año pasado, mantengan una tendencia, una alta incidencia en áreas protegidas y bosques, casi la mitad sobre el total, aunque destacó que este 2020 se registró 60% menos de hectáreas quemadas que en 2019.

Sobre las denuncias de bomberos de que algunas quemas serían iniciadas con intencionalidad, Áñez reconoció que hubo “inusualidad”, y que a pesar de eso, hubo buen trabajo, y coordinado con los actores del Comité de Crisis.

“Hay dos temas de fondo para trabajar, el tema de asentamientos humano, política errática de los últimos años de parte del Estado, asentando gente donde no corresponde en función del Plan de Uso del Suelo (PLUS) y en esto basta ver el mapa de incendios, versus asentamientos de comunidades nuevas, es una radiografía”, dijo.

Otro punto en la mira de su gestión fue la Ley 741, que no fue abrogada por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional, y la que llama “cheque en blanco, y hecha a medida de los asentamientos”.

“Obliga a la ABT a autorizar que tumben hasta 20 hectáreas a simple petición, por comunario, y ¿qué pasa si se juntan 20 comunarios en una misma zona?. No se les exige Plan de Ordenamiento predial; es una ley absurda y sin fundamento técnico de manejo predial”, cuestionó.

De acuerdo a Áñez, hay incoherencia entre los discursos de la Madre Tierra y lo que se legaliza. “Los bolivianos tenemos un desafío grande, revisar el tema de los asentamientos, los manejos, cómo vamos a volver al ordenamiento. Esperemos que la Comisión Agraria Departamental, que recién pudo instalarse después de muchísimos años en Santa Cruz, continúe su ruta para una revisión. Y si el INRA no da información, será difícil que la Comisión haga su trabajo”, resaltó.

En este sentido, para Áñez quedó pendiente la consolidación de un sistema único de información de manejo de la tierra.

Hermetismo

Sobre la coherencia de la estructura del Estado, para Áñez, no puede ser que una Gobernación, del departamento que sea, y que desarrolla políticas para el progreso, no tenga acceso a datos del manejo de sus propios recursos naturales, de la disposición de su tierra, “es inconcebible”, criticó.

Áñez aseguró que la Gobernación no accede a nada, salvo a lo que puede tramitar a través de las personerías jurídicas. 

Cree que los niveles tienen que ir de lo local, pasar por lo departamental, hasta ir a lo nacional.

Áñez teme que Pando, muy pronto, entre en la dinámica de los incendios, cosa que ya está notando. “Tienen asentamientos y hay deforestación porque no eran áreas aptas. Pando no suena tanto porque es más alejado, y no tiene las mismas dimensiones que Santa Cruz; sin embargo, no dudo que hayan los mismos problemas de incendios si no comenzamos a aplicar políticas de Estado que aseguren el uso sustentable de los recursos naturales en el tiempo”, aseguró.

El tema indígena

Para Víctor Hugo Áñez, el movimiento indígena tiene que recuperar su fuerza orgánica y debe dejar de lado la partidización.

“Siempre han sido cuidadores del bosque. Lamentablemente, como en todos los niveles de desgaste del sistema político boliviano, a ellos también los metieron a esa vorágine de desintegración de su esencia real. Si dejaran la politización, acabarían los paralelismos y los beneficios realmente llegarían a los verdaderos beneficiarios que deberían ser, las comunidades. Pero por ahora, esos beneficios se quedan en los senos dirigenciales”, aludió a los planes de manejo forestal de las Tierras Comunitarias de Origen, de los que actualmente no se rinden cuentas, en muchos casos.

Cree que una buena forma de trabajo, ya que a los indígenas les dan los planes de manejo, pero no los mecanismos para explotarlos, es la alianza comunitaria-privada.

Avances

De acuerdo al balance, está entregando una institución renovada, con una cultura digital que reduce la burocracia, se reactivó el sector forestal con un paquete de medidas, entre las cuales está el incremento de CFO, beneficiando a 90.000 familias que viven de la madera.

Menciona también la creación del Centro de Monitoreo Interinstitucional, para transparentar la información con boletines periódicos, apostando por la prevención, pero también por la desconcentración de la ABT hacia sus 41 oficinas en el país.

El documento también resalta la formalización de 47 denuncias penales ante el Ministerio Público, y 748 procesos administrativos sancionadores.