Bloqueo, desbloqueo y apoyo político
Casi todos los días hay algún bloqueo en la ruta que conecta a Santa Cruz con el norte, con Cochabamba o con el este; el perjuicio para la salida de la producción de la región y el tránsito de pasajeros es enorme, pero a fuerza de tanta frecuencia queda la sensación de que esas extremas medidas son parte ya cotidiana de la nueva normalidad cruceña.
El más reciente ocurrió este miércoles, cuando los denominados transportistas libres del trópico de Cochabamba decidieron instalar nada menos que 15 puntos de bloqueo en la carretera que une a esa ciudad con Santa Cruz, que además es una ruta internacional y de alto tráfico.
Los bloqueadores exigían a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que se mejore la vía en la zona de El Sillar donde la capa asfáltica se encuentra deteriorada.
Más de 1.700 vehículos permanecían varados en distintos puntos de la ruta y solo en el cálculo de los empresarios de Cochabamba la pérdida de ingresos por día llegaba a más de 19 millones de bolivianos.
Sin embargo, los transportistas de esa región demostraron tener una efectiva llegada al Gobierno, probablemente más por ser de Chapare que por transportistas propiamente, y consiguieron su objetivo de que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se haga presente en su sede de Lauca Ñ, municipio de Shinahota, y firme allí un compromiso de desembolso de Bs 15 millones para hacer el mantenimiento de la vía Colomi-Villa Tunari.
De inmediato, el bloqueo fue levantado, pero lo llamativo del acuerdo son los puntos del convenio firmado, que tienen componentes políticos que en otras circunstancias serían motivo de escándalo, pero que en Bolivia también son parte de esta nueva normalidad donde ya nada asombra a nadie.
En uno de los puntos del documento, los presentes, dice el convenio, “ratifican su apoyo unánime a las gestiones realizadas por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca para impulsar la reactivación económica y la lucha contra la pandemia covid-19”.
Más adelante, los firmantes se comprometen a “impulsar y apoyar de forma permanente el desarrollo y ejecución de los proyectos liderados por el Gobierno nacional y el Ministerio de Obras Públicas, proyectos carreteros, corredor bioceánico, la Hidrovía Ichilo-Mamoré y otros hasta su conclusión definitiva, mismos que son de beneficio para el trópico de Cochabamba y el pueblo boliviano en su conjunto”.
En pocas palabras, el Gobierno decidió atender la demanda de los transportistas de Chapare a cambio de apoyo político a la gestión de Luis Arce y del ministro allí presente, en un asunto, el del mantenimiento de carreteras, que debió ser de obligación natural de la ABC, sin pedir nada a cambio. Pero en el país donde rigen los corporativismos de afinidad al Movimiento al Socialismo todo es posible.
En esa medida, no habría que descartar que de por medio, y sin que aparezca en los convenios públicos, se estuviera comprometiendo también el apoyo de gremios como el del transporte, para la construcción de la carretera por medio Tipnis, objetivo del MAS que no ha sido abandonado, sino apenas postergado. Ya todos sabemos que la carretera por el Tipnis no persigue ningún fin integracionista, sino la expansión de la frontera agrícola para los cultivos de coca en favor de los cocaleros de Chapare, la exploración de yacimientos en esa zona y de paso la esperanza de sacar algún beneficio millonario que implicaría la firma de un contrato con alguna empresa constructora de Brasil o de China.
