Bloqueos por la impunidad de Evo

Bolivia debe ser de los pocos países en los que se bloquea las principales carreteras para impedir que una persona cumpla con la ley. Seguidores de Evo Morales impidieron el paso de al menos 250 camiones y de cientos de pasajeros en una medida cuya principal motivación es evitar que el expresidente sea aprehendido después de que no se presentó a declarar en el caso de estupro agravado y trata de personas, donde es el principal investigado.​

La causa es investigada de oficio por el Ministerio Público. Morales es acusado de tener una relación con una adolescente de 14 años, a quien habría embarazado cuando ella tenía 16 años. Fue citado a declarar en Tarija (donde se habría cometido el delito), pero no acudió el jueves pasado. La fiscal a cargo anunció que lo que corresponde es librar una orden de aprehensión, lo que fue rechazado por los seguidores de Morales. Él, por su parte, se victimiza y dice que quieren encarcelarlo y hasta matarlo con afanes políticos, pero no ha dado mayores explicaciones sobre el fondo de la sindicación penal.

Sus afines iniciaron algunos puntos de bloqueo, especialmente en Cochabamba, donde es el bastión de Morales. Después de iniciada la protesta, los dirigentes de esta afirmaron que el bloqueo es contra el manejo de la economía. No obstante, su principal dirigente, Ponciano Santos, puso condiciones a cualquier opción de diálogo: 1) Que Evo Morales sea candidato presidencial. 2) Que se levanten todos los procesos abiertos contra el expresidente, entre otras demandas, lo que desnuda la verdadera intencionalidad de los bloqueos. Por si ese afán por la ilegalidad no fuera suficiente, también exigen que se acabe la pausa ambiental, que pone freno a las quemas que provocan incendios.

Los bloqueos son siempre perjudiciales, pero aparte de todo el daño económico que provocan, que se pretenda cortar las principales rutas del país para que Evo Morales no comparezca ante la justicia ya es el colmo. Sabemos que él es el maestro de los bloqueos y que tiene afinada una estrategia de relevamiento de personas “para que no se cansen”, lo que queda por indagar es quién financia la comida, el traslado de personas y el jornal que se les paga. Esa es tarea imprescindible para el Gobierno.

Lo otro es pretender obstaculizar la investigación por estupro y trata de personas, de forma que quede en la nada la acusación de tener relaciones ilegales con niñas y adolescentes. Si se comprueba la veracidad de tal delito, Evo Morales merecería la más severa sanción penal. ¿Es a eso a lo que le teme? Y precisamente porque el hecho causa repudio y la ciudadanía quiere esclarecimiento y verdad es que el primer día de bloqueo no se ha visto tanta contundencia ni respaldo.

Hay que entender que la investigación que está abierta en el Ministerio Público no es la única que se conoce. Se sabe que la relación con Gabriela Zapata comenzó cuando ella era menor de edad. También se denunció su vinculación con una adolescente con la que habría convivido en Bolivia y en Argentina, la que desnudó en chats que también atendía al expresidente realizando tareas domésticas. Ahora, una exaliada de Morales dijo que ella sabía que menores lo visitaban durante el exilio en Argentina o que había sido testigo de que le llevaban jovencitas a cambio de obras del Estado, cuando era presidente.

Totalmente reprochable también es que las investigaciones hubieran sido silenciadas hasta ahora, que hay problemas internos entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales; quiere decir que durante cinco años se supo y no se indagó, lo que causa indignación social y debería ser motivo de repudio por todos los que no hicieron lo que era correcto: investigar hasta dar con la verdad.

Por ahora, Evo Morales es el principal causante de un perjuicio descomunal a los bolivianos en tiempo de crisis. Que no se pueda trasladar exportaciones, impide la llegada de divisas; que los viajeros no puedan moverse libremente por las carreteras es un delito en el país.

Es de esperar que la Policía, con nuevo comandante, haga respetar la ley y que la investigación y probable sanción sean consecuencia de la institucionalidad y no de la vendetta política.