BOA, nuestro presidente y ¡vivan las empresas del Estado!

Nuestra historia está plagada de fracasos económicos ocasionados por la férrea instalación de monopolios económicos. No hay mucho “pierde” en el asunto: monopolizas y quiebras. Aquello viene ocurriendo con BOA. Luis Arce es el problema. No es el desastre de BOA la mayor lacra del asunto. Ese es sólo efecto de un mal previo. Un perverso mal perfectamente retratado en la siguiente declaración realizada el 5 de mayo de 2023 por nuestro mandatario: “BOA, de esta manera, nos va mostrando que el Estado puede ser tan buen administrador como el sector privado, que es un mito neoliberal el tratar de pensar que solo el sector privado puede administrar bien una empresa”. 

¿Qué tal? Mal, sin dudas. ¿Verdad? Plena. Veámoslo en los siguientes puntos.

Uno, la reconocida certificadora internacional de vuelos, la empresa Skytrax, le puso a Boa la peor nota del continente: un 2 de 5 puntos, es decir un 40% del 100% posible. La empresa Skytrax con sede en el Reino Unido realizó más de 14 millones de encuestas a clientes en más de 100 países entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 para evaluar las aerolíneas del mundo.
Dos, la población comienza a percatarse de la pésima calidad del servicio: Téngase en cuenta que sólo en los primeros cinco meses de 2022 hubo 1.200 quejas ciudadanas en 11.470 vuelos realizados. Una queja por cada diez vuelos y, sobre todo, casi una queja por día (24 quejas en el mes). ¿Es todo contra el ciudadano? No, se promulgó en diciembre de 2013 la Ley No 453 de derechos de los usuarios/as y consumidores, con una serie de disposiciones que garantizan el derecho que tenemos todos a contar con servicios garantizados. ¿Sucede? No. Esa ley es una broma cruel.

Tres, la Constitución mima inútilmente a la empresa BOA. El valiente Vicepresidente García Linera afirmaba que habían protegido a esta empresa en la Constitución de 2009: “El Estado otra vez relanza una nueva línea aérea, esta vez protegida por la Constitución. Dentro de 5, 40 o 60 años, nadie podrá privatizar esta empresa”. ¿En serio? Nadie va a querer privatizar esta empresa en ese tiempo pues su quiebra tendrá lugar a poco más de una década de ser estatizada. 

Cuatro, según la Ley General del Transporte, vigente desde el 16 de agosto de 2011, en el país está prohibida la incorporación de aeronaves con más de 25 años de antigüedad. ¿Hay naves con esta antigüedad? Sí. La primera es un Boeing 767-33A(ER) de 1994 que tuvo 5 dueños antes de pasar a manos de BOA en 2014. La segunda es un Boeing 767-328(ER) que debutó en 1995 pasando posteriormente por 13 dueños antes de llegar a Bolivia el 2016. Y la tercera es un Boeing 737-33 de 1997, llegó a Bolivia el año 2015, luego de pasar por 6 diferentes compañías aéreas.

Cinco, BOA mantiene un perverso monopolio. Tiene una cuota de mercado del 83% con el transporte de 3.691.000 pasajeros en vuelos nacionales. Luego está Amaszonas con 510.679 pasajeros (11%) y Ecojet, con 251.000 usuarios (6%). ¿Es eso lo peor? No, lo peor es que el gobierno no quiere competencia. Ya se encargó de echar al olvido a Aerosur, prohibió los vuelos del Transporte Aéreo Militar (algo que retiró a esta empresa del ruedo a pesar que de 2009 a 2013 tuvo el 33% de los pasajeros) y prohibió a Ecojet que volara en el eje troncal del país. 

Seis, las rutas turísticas fueron desestimadas. Ir as Uyuni sale 400 dólares, el mismo monto que se paga por ir a Sao Paolo o Buenos Aíres. A Rurrenabaque se suspendieron los vuelos existentes. Ese paraíso del Amazonas ya no tiene un puerto. Asimismo, a Chimoré no se llega. Se prometió tener al menos tres vuelos semanales con ese destino, pero se cancelaron. Lo propio sucede con Potosí: se inauguró el vuelo directo a esta ciudad, pero hoy es sólo un amargo recuerdo. Asimismo, los pasajeros que venían de Santa Cruz a La Paz se sorprendieron con el costo del pasaje que alcanzó los 1.700 bolivianos en BoA.” 

Siete, los recursos siguen fluyendo hacia la empresa estrella. El primer mandatario destacó en diciembre de 2020 el aporte a BOA de 37,4 millones de bolivianos para garantizar sus operaciones. Mediante su cuenta de Twitter, Arce manifestó que “para el Gobierno de facto nuestras empresas fueron un botín, en el caso de nuestra aerolínea, favorecieron a empresas aéreas privadas en desmedro de la estatal, dejándola quebrada y desprestigiada (...) Realizamos un aporte de capital de 38 millones de bolivianos para nuestra línea aérea … “.
¿Qué argumentan quienes saben? Leamos la declaración del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas del país, don Jorge Augusto Vargas: “Bolivia restringe todo a las empresas privadas de aviación. Somos un país mediterráneo y ya que no tenemos salida al mar, deberíamos abrir los cielos. Lo cierto es que no abrimos ni el mercado, ni la cabeza, ni nada. Tiene que hacerse una política de aviación comercial de verdad, no a capricho de ciertos funcionarios estatales que no escuchan a los privados”. 

Exacto señor Vargas. Muy claro.