5 de febrero de 2024, 4:00 AM
5 de febrero de 2024, 4:00 AM

Los recursos públicos que se pierden debido a la corrupción equivalen a sistemas de salud deficientes y una infraestructura vial siempre incompleta; y a escuelas y hospitales necesarios, pero inexistentes. La corrupción también golpea cuando las ciudades aparecen descuidadas y se sumergen en la inseguridad.

La corrupción destruye y hace metástasis en las instituciones, además debilita a los Estados porque es capaz de aniquilar bosques milenarios para alimentar intereses de unos pocos, pero avispados centros de poder. La corrupción es violenta; mata la inocencia y priva del futuro a sociedades enteras.

Transparencia Internacional acaba de publicar el Índice de Percepción de Corrupción 2023 y el país no está bien. “Bolivia tiene problemas estructurales” le dijo a EL DEBER, Luciana Torchiaro, la consejera para América Latina y el Caribe de esa organización.

Nuestro país obtuvo una calificación de 29 puntos y se ubicó en el puesto 133 de 180 países. Este indicador de corrupción solo fue superado por Venezuela (13 puntos y puesto 177) y Paraguay (28 puntos y puesto 136), de acuerdo con el reporte global.

El puntaje de corrupción se mide de cero a 100, donde cero significa “altamente corrupto” y 100 implica que es percibido como “muy limpio”. De esta manera, los países mejor puntuados, es decir, más transparentes, están en las primeras posiciones del ranking.

Bolivia bajó en 2023 dos peldaños con respecto al informe de 2022 y se situó en una postura similar a la de 2018 que es el peor histórico que tiene el país, cuando Evo Morales estaba en el poder.

Los datos de Transparencia Internacional, que ubican a Bolivia en un vergonzoso podio, impactan en la imagen del país, porque son el reflejo de una crisis estructural que frena el desarrollo. Además, llegan en un momento de crisis política y pugnas por el poder, en un escenario en el que los operadores de la justicia juegan a merced de la marejada.

Ahora bien, la independencia del Poder Judicial es central para que la ley responda al bien común y no a las élites económicas o políticas, como se observa con cierta regularidad en nuestro país. Si el Poder Judicial está cooptado imparte la ley de acuerdo con los intereses de unos pocos y les garantiza impunidad. La falta de sanción es darle piedra libre a la corrupción.

Pero la independencia judicial también es clave para la democracia, que es un sistema que, además, debería sustentarse en un conjunto de partidos sólidos y elecciones periódicas. ¿Estas condiciones se cumplen en Bolivia? Nuestro amable lector ya tiene una respuesta.

En los países con democracias más consolidadas, la percepción de corrupción es menor. Para sustentar esto hay ejemplos que sobran y es que, cuando existe más autoritarismo, la percepción sobre la opacidad y discrecionalidad de las decisiones en los poderes públicos es mayor.

La transparencia en Bolivia está ciertamente disminuida y a esa tendencia se debe sumar la acumulación de poder que tuvo el MAS en las últimas dos décadas. El poder sin control es, ciertamente, un caldo de cultivo para mayores indicadores de corrupción que anulan los contrapesos y, por esa vía, la capacidad de diálogo político para el bien común. Ahora estamos lejos y sí, estamos en el podio de la vergüenza

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