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El estado de alerta continúa. Universidades y municipios rechazan la vigencia de la Ley 1407 que validó el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, y se organizan para analizar “artículo por artículo” de cada una de otras siete leyes que son observadas, por considerar que conceden poderes especiales al Gobierno.

El análisis ocurre al calor de la reciente abrogación de la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias ilícitas y la anulación del proyecto 218. El Gobierno admite que este conflicto fue “una lección aprendida”, pero en simultáneo se activan procesos legales, especialmente, para líderes de Santa Cruz, la región donde se focalizó el paro de los nueve días.

El presidente Luis Arce, por su lado, oficializará en el curso de los próximos días la convocatoria a una reunión con las universidades para tratar la “calidad educativa”, debido a que el Estado entrega “grandes cantidades de recursos económicos” para el funcionamiento de estas entidades.

La tarea para este acercamiento fue encomendada por Arce al recién posesionado ministro de Educación, Édgar Pary. El escenario es complejo, pues varias casas de estudios superiores analizan acciones para evitar que se “vulnere la autonomía universitaria”.

Pero, el presidente de la Confederación de Universidades de Bolivia (CUB), Max Mendoza, pidió una reunión con la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, para establecer “los alcances del plan y la relación con las universidades”, según anticipó.

Hay universidades, como la Tomás Frías, de Potosí; la Mayor de San Andrés, de La Paz, y la Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, en las que existen comisiones de especialistas que analizan la ley para establecer si existe una afectación a las autonomías. Roberto Bohórquez, rector de la universidad potosina, consideró que el Gobierno no debería tomar en cuenta al sector, porque “existen planes de desarrollo en vigencia para el periodo 2019 - 2025” y, en ese marco se puede establecer que habrán afectaciones a las autonomías.

Por su lado, los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto, que son parte de la Asociación de municipalidades de Bolivia (AMB), se reunieron con sus equipos técnicos y otros expertos el sábado 20 de noviembre para iniciar “un análisis exhaustivo de la Ley 1407”, informó el burgomaestre paceño, Iván Arias. También se revisarán, dijo, “otras leyes que afectan a las autonomías”. El análisis dará vida a varios informes técnicos que se entregarán a los alcaldes. Arias anunció que la AMB se reunirá este lunes 22 de noviembre para hacer una valoración final. “En base al detalle del análisis tomaremos las medidas más pertinentes”, dijo.

“Presidente Arce, por favor, sentémonos a dialogar, éste es el pedido de este alcalde para que no haya más convulsiones. El país quiere la reactivación de la economía”, invocó la autoridad paceña, quien recordó que fue elegido con el 49,5% de los votos en los comicios subnacionales de marzo.El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, también exteriorizó su preocupación por la vigencia de la Ley 1407 y recordó que antes que Arce promulgue la norma, él pidió reconsiderarla porque afecta la autonomía municipal en la planificación.

“El Gobierno no puede determinar ni decidir en qué gastamos, en qué invertimos o qué tipo de presupuesto es el que necesitamos”, señaló la autoridad edil.

Conformada por seis artículos y un anexo de 209 páginas, la ley de Desarrollo Económico y Social fue promulgada el 9 de noviembre, durante el segundo día del paro multisectorial que reclamó la anulación de la Ley 1386.

La normativa, validada con el respaldo del oficialismo, tiene además una disposición adicional que establece un plazo de entre 120 y 180 días para que las instituciones de todo el aparato estatal, incluidas gobernaciones, municipios y universidades, adecúen sus planes a los parámetros establecidos por el Gobierno.

La principal observación de la ley tiene que ver con el artículo cuarto, que plantea “la obligación” de aplicar el Plan Nacional en el ámbito de los territorios autónomos y en las universidades.

El secretario de Autonomía del municipio cruceño, José Luis Santistevan, señaló que “se viola el sistema autonómico” porque se obliga a cumplir con el plan nacional de “manera coercitiva”.

El diputado Jerges Mercado (MAS) dijo que socializó esta ley con la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz). “Ha quedado muy claro para ellos, que ya hicieron esa planificación en 2016. He estado reunido con todos los municipios cruceños, menos con el de la capital”, afirmó.

El MAS también explicó la normativa en los territorios municipales donde tiene control político. De hecho, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) rechazó las propuestas de abrogación que planteó la opositora Comunidad Ciudadana (CC).

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseguró que autoridades del Ejecutivo y del MAS se movilizarán para explicar los alcances de la nueva ley cuestionada, pero recomendó a sus colegas de la oposición esforzarse para comprender las leyes y “evitar la desinformación”.

“Debemos ser responsables con el pueblo boliviano y con nuestra representación. Tenemos que enterarnos, informarnos, dar lectura a los proyectos de ley y socializar con veracidad al pueblo y no tergiversar”, afirmó Mamani.

Evaluación

Mientras Rómulo Calvó, el líder cívico cruceño que coordinó la movilización contra la Ley 1386, atendía procesos legales que se reactivaron en su contra, activistas y los comités de varias regiones del país desarrollaron consultas el fin de semana para asumir una postura en este nuevo escenario.

La idea es deshuesar, “artículo por artículo” la Ley 1407 y el resto de las siete iniciativas legales observadas para comprenderlas con la ayuda de expertos en derecho constitucional y de otras áreas, anticipó, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel. “Estamos en un cuarto intermedio y nos vamos a reorganizar en todo el país, pues tenemos un mandato para convocar a los comités cívicos de todo el país”, afirmó el dirigente.

La convocatoria fue emitida el jueves pasado con miras a una reunión nacional que pudiera realizarse entre el 25 y 26 de noviembre, eventualmente en la Villa Imperial. De acuerdo con la convocatoria, el primer día se debatirá sobre el actual escenario, además de las acciones legales que el Gobierno activó contra dirigentes de Santa Cruz y, eventualmente otras regiones del país.

Para el segundo día de la convocatoria, está prevista el análisis de las leyes, además de la necesidad de promover la restitución de los dos tercios en el debate legislativo. En octubre de 2020, con los dos tercios que tenía el MAS se modificó los reglamentos en ambas cámaras y se dejó sin efecto esos dos tercios para ascensos en la Policía y FFAA; designación de embajadores, moción de dispensación de trámites, impugnación a senadores, moción de modificación del orden del día, honores públicos,; impugnación a la elección de un legislador, creación de comisiones especiales, pasar por alto el reglamento y sesiones por tiempo y materia. Esta condición de consenso se mantiene para la aprobación de juicios de responsabilidades y otras decisiones que establece la Constitución.

“Hay que concientizar a la gente. Hemos pedido a expertos para que vengan a explicarnos porque el Gobierno nunca lo va a hacer; no nos han buscado durante el conflicto y menos lo van a hacer ahora. Convocaremos a algunos juristas, entendidos en la materia, para que nos vengan a explicar ley por ley, y de esa forma podamos socializarla. Manejar así a la gente, sin información real no es bueno”, remarcó Manuel.

De cara a esa reunión, el dirigente del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, indicó que se debe tomar en cuenta que en el Plan de Desarrollo también existe la postura oficial del “golpe de Estado”, relativo a la crisis política de 2019. 

“Entre los fundamentos se habla de que hubo un golpe de Estado y cuando ellos hablan de cumplir con la obligatoriedad de ese Plan de Desarrollo están diciendo que se incorpore una acción vinculada a ese golpe de Estado junto con las acciones para enfrentar el Covid-19”, apostilló el dirigente. Sobre la ley existe una demanda de inconstitucionalidad planteada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Para la exconstituyente, Magda Calvimontes “las movilizaciones sociales sustituyeron el papel del Tribunal Constitucional”.

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