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“Confianza”. Esa palabra volvió a la siempre agitada agenda de Bolivia y Chile. Ayer en Quito, los cancilleres Rogelio Mayta y Andrés Allamand se reunieron luego de coincidir en el acto de investidura del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

Las dos autoridades diplomáticas dieron cuenta de avances en el proceso de “normalización” de las relaciones bilaterales sobre la base de una “hoja de ruta” acordada en La Paz, el pasado 7 de mayo.

A través del diálogo podremos construir confianzas y un futuro en beneficio de Chile y Bolivia”, indicó Allamand. “Ambos coincidimos en que el diálogo constructivo es el instrumento idóneo para el fortalecimiento de los vínculos bilaterales acordados en la hoja de ruta 2021”, escribió Mayta.

Ambos criterios, exteriorizados a través de las cuentas en Twitter de las autoridades, marcan un proceso de inflexión tras el proceso judicial que Bolivia y Chile libraron ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre 2011 y 2018 por efecto de la demanda marítima.

La “hoja de ruta” suscrita en mayo excluye el debate marítimo y el pleito judicial por las aguas del Silala, pero avanza en otras temáticas que estuvieron pendientes durante el desarrollo del proceso judicial internacional como la evaluación de los acuerdos comerciales ACE-22, el desarrollo común de las fronteras e integración, complementación económica, libre tránsito, medioambiente, turismo, cooperación, cooperación policial contra el contrabando y la lucha antidroga.

La historiadora chilena Loreto Correa, en un contacto con EL DEBER, valoró las señales y consideró que estas tienen que ver con la necesidad de que el gobierno de Sebastián Piñera “deje un legado de política exterior” a partir de la gestión de Andrés Allamand.

Correa recordó que las relaciones con Bolivia generaron reflexiones en todo nivel y recordó que el excanciller Teodoro Ribera postuló unas “relaciones colaborativas” con Bolivia sobre la base de temas prácticos y útiles.

“Se trata de una política progresiva con una nueva agenda, pero creo que el interlocutor (Mayta) conoce muy poco a Allamand. El nuevo gobierno boliviano está delineando sus acciones en materia internacional y no tengo tan claro que Chile sea una prioridad para Bolivia”, puntualizó Correa.

Entre 2006 y 2010, Bolivia y Chile acordaron la llamada agenda de 13 puntos que incluyó el “tema marítimo” sobre la base, precisamente, de la recuperación de “confianzas mutuas”, pero el proceso se frenó luego que el gobierno de Evo Morales denunciara la falta de resultados del diálogo para la restitución de un acceso marítimo en favor del país.

En 2013, Bolivia demandó a Chile ante la CIJ para que declare que existe una obligación de negociar ese acceso al mar, sobre la base de las promesas anteriores, entre ellas la agenda de 13 puntos.

El 1 de octubre de 2018, la CIJ dictaminó que Chile no tiene obligación legal de negociar, aunque animó a reponer este tema en el escenario bilateral. Desde el fallo, las relaciones estuvieron reducidas al tratamiento consular.

Correa señala que este año es complejo para su país, puesto que termina el periodo de Sebastián Piñera y se ajusta la Constitución.

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