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La Alcaldía tomó la decisión de retirar los cordones que fueron construidos para el sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) del primer anillo, pero estudia un respaldo jurídico para hacerlo, toda vez que el caso está siendo investigado en la justicia por supuestos sobreprecios e irregularidades en la obra. 

Mientras se encuentra esa salida, la población tendrá que seguir aguantando el caótico tráfico que se genera porque un carril está sin uso, aunque el municipio asegura que trabaja en un nuevo plan que consiste en reducir las unidades de micros y trufis dentro del primer anillo.

El primer paso para hacer posible el retiro de los separadores se dio este martes, cuando la Alcaldía se reunió con los transportistas y se agendaron reuniones para trabajar en una nueva ley de movilidad urbana y en el reordenamiento vehicular.

Se acordó para hoy una reunión para definir los trabajos de retiro de los cordones del BRT, en el que el sector transporte se compromete a brindar su apoyo en esta acción. Este viernes se tiene previsto otro encuentro para definir la nueva ley de movilidad urbana entre representantes del sector transporte y el personal técnico de las secretarías de Movilidad Urbana y de Fortalecimiento Institucional y Autonomías.

El alcalde Fernández confirmó el retiro de los cordones, que precisamente fue una de sus promesas electorales. “Son un peligro para la seguridad de los ciudadanos y un obstáculo muy grande para el tránsito en esa zona”, señaló la autoridad municipal.
Además de los transportistas, las ambulancias, las clínicas y los negocios también han respaldado el retiro de los cordones.

 “Tránsito registra entre 10 y 13 accidentes diarios por los cordones”, complementó Fernández.

El acuerdo alcanzado con los transportistas contempla un acomodo del transporte público. “La ciudad necesita un reordenamiento”, recalcó la autoridad. Fernández aseguró que se reducirá en un 50% “los 16 canales de micros que cruzan el centro”.

Marco Antonio Franco Viscarra, asesor de Movilidad Urbana, indicó que los cordones tienen que salir, porque están causando muchos accidentes.

“Mañana (hoy) tenemos una reunión con los transportistas, para ver la forma y el actuar que debemos hacer para retirar los cordones, se tiene que ver la forma legal para que se puedan retirar los cordones y que no haya más adelante un proceso contra el alcalde”, remarcó el asesor.
Al respecto, el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra, recordó un caso en Sucre, donde se precisó de una orden judicial para el retiro de los cordones de una ciclovía. “Al ser un bien público, hay que seguir los procedimientos para hacer bien las cosas”, remarcó.

El nuevo plan
Con respecto a los cambios que serán implementados, el asesor de Movilidad Urbana dijo que se trabaja en un plan integral de transporte con buses de mayor capacidad, pero en los corredores fuera del segundo anillo.

Precisamente los buses que adquirieron los transportistas del primer anillo para el BRT serán reubicados a estos corredores, porque se ha tomado la decisión que el primer anillo ya no sea una de las rutas del BRT.
El plan también contempla la reducción de buses en el centro, porque solo ingresarán unas 60 líneas madres de las 110 que lo hacen actualmente.

Se establecerán nuevos canales de transporte y en el primer anillo quedarán circulando solo las líneas 17 y 18, mientras que los trufis deberán reducir un 60 por ciento sus unidades.
Por otro lado, el concejal Saavedra pidió habilitar el carril del BRT. “La población quiere una solución para el primer anillo, por eso el año pasado, planteamos que se use el carril de manera inmediata y no tuvimos respuesta. La propuesta es de aplicación inmediata, no cuesta un centavo y no vamos a perder tiempo al liberar el tercer carril para el transporte público, transporte libre o los particulares”, sostuvo Saavedra.
Al respecto, el asesor de Movilidad Urbana señaló que no se puede liberar el carril del BRT sin el retiro de los cordones, porque puede provocar más accidentes.

Sobre el proceso
La investigación judicial sobre la obra del BRT se abrió por una denuncia presentada por el diputado Anyelo Céspedes contra la exalcaldesa Angélica Sosa y otros, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros.

Según la denuncia, el costo total de la primera fase del proyecto fue de Bs 156.185.365, de los cuales el presupuesto para obras alcanzó a Bs 151.302.959 y para la supervisión Bs 4.882.406, pero la obra no fue concluida generando perjuicio a la población. La denuncia señala que puede haber presuntas irregularidades en el costo y en la contratación de las empresas adjudicadas.

En el marco del proceso, el director municipal de Asuntos Jurídicos, Ever Mérida, presentó ante la Fiscalía documentos de contratos millonarios, donde se observa la firma del exalcalde Percy Fernández, la misma que presumen que están totalmente distorsionada. “Eso ha saltado a establecer que esas firmas son totalmente fraguadas”, manifestó Mérida.

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