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Jonathan Eades es el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EEUU) que rastreó las comunicaciones y transferencias bancarias de Sergio Méndez, el exjefe de gabinete de Arturo Murillo en el Ministerio de Gobierno durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez.

Esas pericias terminaron por incriminar al exfuncionario boliviano en un caso de soborno por un monto de $us 582.000. Méndez fue detenido en Estados Unidos el viernes 21 de mayo y hay empresarios involucrados, “así como otras altas exautoridades de Bolivia”.

Así lo señaló una fuente del Órgano Ejecutivo de Bolivia a EL DEBER. Precisó que hay un requerimiento de información a las autoridades judiciales de Estados Unidos que ya fue encaminado a través de la Cancillería y que existe mucha información que aún no se puede revelar porque, precisamente, forma parte de un proceso de investigación que “está en curso desde hace varios meses”.

El soborno que se investiga en Estados Unidos pudo darse en la compra de bombillas de gas lacrimógeno y munición no letal para dispersar protestas. La operación que se desarrolló en enero de 2020 pudo movilizar $us 5,6 millones con un cargo de algo más de $us 2 millones de sobreprecio que presumiblemente terminó en manos de los intermediarios que también son investigados, según la pesquisa, que incluyó escuchas telefónicas, rastreo de cuentas, y seguimiento de correos electrónicos autorizados y requeridos por la jueza Alicia O. Valle, de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, en el marco de una ley de esa nación contra el lavado de dinero.

“Vamos a promover desde el Senado, de manera oficial, ante la Cancillería y ante las instancias que corresponde, la extradición”, informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

De acuerdo con el rastreo, el pago de esta operación fue recibida por empresarios intermediarios desde el Banco Central de Bolivia. Los bancos estadounidenses rechazaron en una primera instancia esa operación, lo que generó una alerta en el sistema de seguridad de EEUU. De acuerdo con el informe que recibió la magistrada O. Valle, Méndez y otro “funcionario jerárquico” del Ministerio de Gobierno junto con otro asociado al lavado de dinero del Ministerio de Defensa, ayudaron a una intermediaria estadounidense con un contrato para munición no letal.

El intermediario fue identificado como Bryan Berkman, quien compró el gas lacrimógeno en Brasil por $us 3,3 millones. Méndez y un presunto socio “en el Ministerio de Defensa” obtuvieron las ‘ganancias’ de la venta que demandó $us 5,6 millones. Una parte del pago debía hacerse en efectivo por $us 700.000 en el país.

Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia del gobierno de Áñez, afirmó que Murillo le “hizo mucho daño al país porque la corrupción que fomentó hizo que, lamentablemente, el Movimiento Al Socialismo vuelva al poder”.

“En su momento fuimos claros: el pueblo luchó contra el fraude, pero después los viejos políticos se apropiaron del poder y traicionaron nuestra lucha”, escribió luego el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mientras que el expresidente Jorge Quiroga pidió sanciones drásticas.


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