El Órgano Ejecutivo regional y La Asamblea Legislativa Departamental aseguraron que “no se han dado las condiciones legales” para un mandato interino en Santa Cruz

20 de enero de 2023, 7:55 AM
20 de enero de 2023, 7:55 AM


La audiencia virtual se prolongó por cerca de siete horas. Tras ese tiempo, la vocal Rosmery Pabón, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), rechazó la apelación que formuló la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho. 

La jueza ratificó, de este modo, la detención preventiva de cuatro meses, dictaminada el 30 de diciembre por el juez Sergio Pacheco y rechazó el pedido del Gobierno de ampliarla a seis meses.

En la vista judicial, Camacho presentó argumentos con los que intentó desvirtuar el riesgo procesal de fuga que fue utilizado a finales de diciembre del año pasado y que Pabón validó para ratificar la prisión preventiva. 

Eso sí, la autoridad le había exigido al gobernador que “sea concreto” en la exposición y le cortó la palabra.

Antes que ello ocurra, Camacho había ratificado que el proceso planteado en su contra es porque él formó parte de la “lucha histórica del pueblo”, contra el “fraude cometido por Evo Morales” en 2019. 

El expresidente buscó, ese año, su cuarta elección continúa en medio de rechazo ciudadano que reclamó la ilegalidad de su postulación que, además, había sido prohibida por el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).

Pero, fueron pocos minutos en los que se le escuchó a la autoridad departamental. Pabón insistió que “sea concreto” sobre la apelación que activó la audiencia.

“Han utilizado en varias ocasiones (el argumento) que como gobernador yo pudiera usar influencias para lograr muchas cosas. Esta denuncia fue sentada en 2020, cuando yo no era presidente del Comité ni gobernador, pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”, aseguró Camacho.

Durante el tiempo que pudo expresarse, la autoridad exteriorizó su preocupación por el cumplimiento de su “derecho a la defensa” y enfatizó que en ninguna de las citaciones que le habían enviado evadió la convocatoria. 

Aseguró que no interfirió ni tuvo forma de influir en la investigación por el delito de “terrorismo”, en un caso que las autoridades judiciales llaman “golpe de Estado I” y que está vinculado con la crisis política que tuvo lugar en 2019.

“En ningún momento intenté querer salirme del país, dos semanas antes de mi aprehensión muchos diputados denunciaron que ya venía este caso y tampoco hui, ese tampoco es mi ser. Aclarar en qué forma dicen que puedo influir como gobernador, en estos casi dos años que digan en qué influí”, afirmó el gobernador.

Tras los reclamos de la defensa por la interrupción a Camacho, la administradora de justicia dijo que “únicamente se concedió la palabra en vía informativa y por eso se recomendó que sea concreto”. “En su defensa, argumentó los agravios”, añadió. Ante los reclamos, Pabón volvió conceder la palabra al gobernador Camacho.

“Estoy tratando de ser lo más objetivo; trataré de resumir para que usted no se moleste. Voy a esperar, no puedo expresarme como quisiera, pero espero que hoy su autoridad sea la excepción de la justicia, para que todos sepan que todavía hay autoridades que hacen justicia”, concluyó Camacho.

Al emitir el fallo, la vocal consideró “improcedentes” las apelaciones presentadas por la defensa que pedía la cesación de la detención preventiva. También rechazó los argumentos planteados por los abogados del Ministerio de Gobierno, de la Procuraduría y de la exdiputada Lidia Patty (MAS), que pedían que la detención preventiva se amplíe a seis meses.

Pabón recordó que el Ministerio Público tiene hasta seis meses para desarrollar los actos investigativos y que, en este caso, hay “suficiente logicidad jurídica”. Los juristas alegaron que el caso es complejo porque aún deben comparecer otros sindicados.

La defensa del gobernador reiteró, por su lado, sus denuncias de vulneraciones a sus derechos cuando la autoridad fue detenida. Los abogados señalaron hubo incongruencias en la acusación.

Martín Camacho, quien es parte del equipo jurídico que defiende al gobernador, lamentó que la decisión no se haya ajustado al fondo de la demanda de libertad y anticipó que buscarán otras vías para demostrar “la inconsistencia” del caso y la detención del gobernador en un penal de máxima seguridad. La autoridad está en Chonchocoro desde el pasado 30 de diciembre de 2022.

 “Agotaremos las vías correspondientes, tanto en materia ordinaria como en materia constitucional. Consideramos, primero, que la autoridad jurisdiccional incurrió en los mismos errores del juez Pacheco respecto a la carencia de fundamentación, incongruencia en su resolución”, afirmó el letrado.

Mientras se desarrolló la audiencia, un grupo de campesinos de Cochabamba se instaló en las puertas del penal en una vigilia. Exigieron que Camacho sea condenado a 30 años de prisión tras implicarlo en las masacres de Senkara y Sacaba que provocó una veintena de fallecidos. El caso por “terrorismo” no es el que ocupa a Camacho, según aclaró en varias ocasiones David Inca, representante de esas víctimas.

No vamos a generar mayor debate en este tema, porque éste se discute en tribunales. No se discute en las calles y quienes están pidiendo liberación o detención, desde la protesta social, no están actuando correctamente. Eso constituye una violación a la independencia judicial”, señaló ayer el ministro de Justicia, Iván Lima.

Tras el fallo, el secretario de Justicia de Gobernación de Santa Cruz, José Luis Terrazas, afirmó que Camacho seguirá como gobernador, a pesar de su ausencia en el departamento. De ese modo, ratificó la postura institucional que se fijó luego de su detención. 

El gobernador sigue siendo Luis Fernando. No está ausente; evidentemente no está en Santa Cruz, pero el sigue ejerciendo el cargo”, declaró la autoridad. 

El secretario de justicia consideró así que “la detención preventiva tiene una naturaleza que es variable en cualquier momento” y, sobre este aspecto, tendría que desarrollarse la defensa técnica.

El asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, informó que Camacho firmó varios documentos oficiales tras la audiencia. “Él está ejerciendo su cargo con normalidad”, afirmó poco después de retornar a Santa Cruz.

Suárez estuvo ayer con el gobernador y es quien hace las diligencias. Visitó a Camacho en al menos seis oportunidades desde que está en Chonchocoro.

Desde que materializó la detención preventiva de Camacho, en la Gobernación de Santa Cruz se instaló un debate sobre el “alcance” de la “ausencia temporal” del gobernador, una figura legal que está inscrita en el Artículo 25 del Estatuto Autonómico cruceño. 

Para esclarecer esta figura legal, el vicegobernador, Mario Aguilera, hizo dos consultas a la Asamblea Legislativa Departamental. El presidente del ente deliberante respondió esta semana.

Así, Zvonko Matkovic señaló que el Legislativo no tiene potestad para definir la suplencia de la primera autoridad del departamento y recordó que hay jurisprudencia en este sentido, además de “un manual de funciones” del Ejecutivo que se activa cuando se dan las condiciones de un interinato.

“Cuando el gobernador hizo un viaje oficial, este mecanismo que ya establece nuestro Estatuto y está en el Manual de Funciones del Ejecutivo ya se activó y el gobernador asumió sin participación de la Asamblea”, precisó la autoridad.

Las consultas de Aguilera fueron formuladas en el contexto de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, quien está recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022.

Camacho está acusado de “terrorismo” por una supuesta afectación a la investidura de Evo Morales en la crisis política de 2019. El caso fue llamado por las autoridades judiciales como “Golpe de Estado I” y hace referencia a la renuncia de Evo Morales “bajo presión” y en medio de estallidos de violencia en todo el país. 

Matkovic afirmo que la carta de Aguilera fue respondida tras un análisis que hizo la Dirección Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental. “Las preguntas han sido respondidas puntualmente”, insistió, mientras el vicegobernador aún no se pronunció.

El abogado Vladimir Peña, quien fue secretario en la gestión de Rubén Costas, había recordado que Aguilera fue aislado varias veces por Camacho y que hubo episodios de tensiones internas que evidenciaron “desconfianza” de Camacho hacia Mario Aguilera, su vicegobernador.

Desde la bancada del MAS, asambleístas insistieron que Aguilera sea gobernador interino.