Camacho ratifica a sus secretarios y aleja a su asesor Federico Martínez
El gobernador llamó a una reunión de gabinete, luego de enterarse que todos los secretarios pusieron su cargo a disposición. Aclaró que el hombre que lo asesoraba y que viajó con él a Brasil no es funcionario
En la Gobernación rodó la primera cabeza por el decreto 373, que concedía atribuciones a un secretario por encima del vicegobernador. Luis Fernando Camacho retiró del cargo a su asesor Federico Martínez, quien lo acompañaba desde su gestión en el Comité Cívico, pero ratificó ayer a todos los miembros de su gabinete, que habían puesto su cargo a disposición. La autoridad adujo que “son personas de confianza, hombres intachables y un equipo de técnicos que trabajan con alma vida y corazón”.
Camacho asumió la decisión un día después de su regreso de Brasil, cuando se encontró con la renuncia colectiva de sus colaboradores a consecuencia del conflicto que ‘explotó’ a comienzos de la semana pasada por la emisión del decreto que concedía atribuciones de gobernador al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, por encima del vicegobernador, Mario Aguilera, como establece el Estatuto.
El gobernador aseguró el sábado que el decreto no fue promulgado, aunque anunció el inicio de una investigación para identificar a los responsables de subir el documento a la internet, como denunció el exsecretario de Gobierno Luis Fernando Roca.
El miércoles, el vicegobernador reveló que las comunicaciones con el gobernador son estrictamente las necesarias, situación que provoca “cierta lentitud” en la gestión porque algunas personas tienen “otro ritmo” de trabajo. Añadió que Camacho tiene su gabinete que debe responder por el resultado de su gestión.
Federico Martínez era considerado como uno de los hombres más cercanos al gobernador Camacho, junto con Miguel Ángel Navarro y el asesor político Walter Chávez.
Al respecto, el gobernador comunicó que Martínez, quien lo acompañó a Brasil para participar de un congreso de gobernadores y que trabajó como su asesor desde la campaña para la Presidencia y luego para la Gobernación cruceña, ya no trabaja a su lado y aclaró que no era servidor público.
“Es un hombre con mucha formación, con conocimiento del manejo de la cosa pública. Los secretarios, conociendo su capacidad, también le pedían asesoramiento. Él no era funcionario de esta Gobernación, solo iba cuando los secretarios se lo pedían. Se ha decidido que el señor Federico Martínez ya no forme parte más como asesor de los secretarios”, informó a los medios.
Proceso por publicar decreto
Sobre el decreto departamental 373 que dispone la delegación de funciones al secretario y no al vicegobernador, Camacho aclaró que inicialmente sí se delegó al secretario Navarro una serie de facultades que corresponden al cargo del gobernador porque se necesitaba que “el normal desenvolvimiento diario de la Gobernación continúe”. Sin embargo, aclaró que luego decidieron no oficializar el decreto para que los secretarios cumplan con su agenda y de ese modo, el vicegobernador quede libre de ejecutar sus propias actividades.
“Nos preocupa esta situación, porque han subido a la Gaceta la información de un decreto que no debía haber ido”, añadió la autoridad, que atribuyó el incidente a personas que buscan la desestabilización de su labor.
Actualmente existe un proceso abierto, inicialmente por la Secretaría de Justicia de la Gobernación, que fue ratificado.
La investigación compromete a los servidores públicos que subieron el proyecto de decreto a la Gaceta Oficial, supuestamente “por descuido”. También se apunta a exfuncionarios de la gestión de Rubén Costas que, según el gobernador, aún tienen acceso al sistema de la Gobernación.
“Dentro de los que manejaban el portal oficial de la Gobernación había personas de la anterior gestión, los cuales aún tenían claves, son personas que no son parte de esta gestión y que también serán investigadas”, adelantó.
Los asambleístas departamentales del MAS presentaron una solicitud de informe escrito al Ejecutivo para que se explique lo ocurrido con el polémico decreto.
Además, impulsan una denuncia ante la Fiscalía contra el gobernador por los presuntos delitos de manipulación informática, resolución contraria a la Constitución e incumplimiento de deberes.
“Esta vulneración va en contra de nuestra autonomía que ha costado años. Existe un manoseo en la administración”, refutó la legisladora, Raquel Valencia.
