22 de agosto de 2021, 5:00 AM
22 de agosto de 2021, 5:00 AM


Si hay un punto del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en el que todos los bolivianos sin excepción pueden coincidir, es en el diagnóstico que hicieron de la justicia boliviana, de la que observaron cuatro graves problemas que solo se resolverán con una profunda reforma del sistema de justicia boliviano, a estas alturas podrido y maloliente.

Esos cuatro problemas señalados por el GIEI son 1) Falta de independencia de la administración de justicia; 2) Ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política; 3) El uso abusivo de la prisión preventiva y 4) Los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.

En su evaluación, los expertos recomiendan que el Estado boliviano debe implementar reformas profundas en su sistema de justicia a fin de garantizar que la Judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso en los procesos penales.

Y por último, los expertos advierten que si bien este balance de la justicia se desprende de los casos referidos y que acontecieron durante el periodo objeto de su mandato, las falencias identificadas son un problema estructural en el país.

Si el Gobierno de Luis Arce cree en el informe del GIEI, que incluso lo utilizó políticamente en los acápites referidos a las masacres de Sacaba y Senkata, también debe creer en el conjunto del documento y en particular en este dramático diagnóstico de la justicia boliviana.

El presidente Luis Arce debe entrar en conciencia de que para mantener una hegemonía política con características democráticas y legítimas del poder -que al final es lo que persiguen los políticos cuando lo detentan- debe convivir con un sistema judicial independiente, que no sea el brazo legal/represor ni esté a su servicio, como ocurre actualmente.

Lo contrario, es decir mantener el actual sistema judicial sumiso a las órdenes del ministro de Justicia o de Gobierno, o cambiarlo por otro igual de controlado por ellos, significará apostar por una hegemonía del poder a lo Cuba, a lo Nicaragua o a lo Venezuela, donde la democracia, la institucionalidad y la independencia de poderes se han perdido hace mucho tiempo, excepto Cuba que simplemente es una dictadura en el sentido de la definición clásica al más puro estilo del fascismo militar; que se declare socialista o comunista es apenas un detalle, dictadura es dictadura.

Es decir, Luis Arce -y hablamos de Luis Arce porque él es el presidente y porque Evo Morales no tiene credenciales democráticas para encarar este problema del país- debe controlar el Poder Ejecutivo, puede controlar el Legislativo porque emana del voto popular, pero debe dejar que el Poder Judicial trace su propia ruta institucional lejos de la influencia política de los partidos gobernantes de turno, en este caso del MAS.

Y si todos coinciden en esa necesidad de cambiar profundamente la justicia -el propio ministro Iván Lima era un convencido cuando asumió, pero luego adoptó el libreto partidario ordenado desde más arriba- la primera señal necesaria para el país es que el fiscal Juan Lanchipa dé un paso al costado, porque de todos los actores de la Judicatura y el Ministerio Público, él es quien muestra cada día la cara más vergonzosa de ese fango podrido y nauseabundo. Que Lanchipa le haga un bien al país y renuncie a su cargo.

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