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Sergio Magne, economista

Varios opinadores realizaron comentarios sesgados de la composición del Presupuesto General del Estado (PGE), desinformando a la población, con un interés más político, carente de sentido y utilizando falsedades para respaldar sus posturas. Por lo que corresponde aclarar que, la literatura económica señala que el PGE, constituye en un instrumento de suma importancia en el diseño de política económica, que determina y estima los ingresos y gastos de una economía, compuesta por todas las entidades públicas, para la ejecución de políticas públicas.

Antes del 2006, Bolivia arrastraba un enfoque muy desgastado del diseño y manejo de la política económica que, a su vez, dependía directamente de la decisión de organismos internacionales, ajenos a las necesidades básicas de la población boliviana. 

Hoy en día, analistas de aquella época, aún recomiendan que la proyección de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de la inflación, entre otros indicadores, provengan idealmente de aquellos organismos, que solo apoyaban a sectores privilegiados, con un Estado que ignoraba cualquier resquicio que lo contradecía, sin ningún sentido de distribución de la riqueza, que garantice la equidad y participación de todos los bolivianos en la demanda de programas y proyectos de inversión pública, que mejore sus condiciones de vida.

La elaboración del PGE, es similar a la elaboración de un presupuesto familiar, donde los padres identifican sus principales metas y objetivos, para lo cual definen el monto de recursos del cual podrán disponer durante una gestión (ingresos) y aquellas obligaciones que deben realizar durante el mismo periodo (gastos). Este presupuesto, no se define bajo la opinión del vecino u otro individuo ajeno, ya que desconoce las necesidades de todos quienes conforman dicha familia.

Es por esta razón que, con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), hecho por bolivianos para los bolivianos, a partir del 2006, se llegó a establecer cambios estructurales en el diseño e implementación de la política económica en Bolivia, donde la participación del Estado en la economía, desarrolla un papel fundamental en la definición de políticas públicas, incidiendo así, un cambio en la forma de elaborar el PGE, que coadyuvará en mejorar las condiciones de vida de todos los bolivianos.

El PGE 2022, está compuesto por el presupuesto institucional de todas las entidades públicas, que incluyen los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales e Indígenas Originarios Campesinos, Universidades Públicas, Empresas Públicas, Entidades Descentralizadas y Órganos del Estado. La base para su elaboración es el MESCP, con el objetivo de reconstruir la economía, dándole certidumbre, estabilidad y sostenibilidad macroeconómica. 

Este presupuesto, proyecta un crecimiento del PIB del 5,1%, mayor al 3,5% que señala el Banco Mundial. Con una inversión de USD 5.015 millones de dólares, impulsando al sector productivo con un 42,5% del total de dichos recursos (incluye proyectos en los sectores de energía, agropecuario, minería, industrial, hidrocarburos y de turismo), el sector de infraestructura concentra el 29,9% y social el 17,2%. 

A su vez, garantiza la asignación del 10% para el sector de salud y el 10,8% para educación, sin dejar de lado la sostenibilidad de las finanzas públicas, que prevé reducir el déficit fiscal al 8% del PIB, porcentaje menor a lo programado para la gestión 2021 del 9,7% del PIB.

En este sentido, la reformulación del diseño de la política económica, la implementación del MESCP y su incidencia en el PGE, han sido los mayores logros para la economía boliviana a partir del 2006. Y la continuidad de dichas medidas, han llevado a incentivar principalmente el sector productivo y social de forma particular, sin dejar de lado políticas que beneficia a la población más vulnerable, a través del Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Bono de Discapacitados, Renta Dignidad, Subsidio Universal Prenatal por la Vida, la subvención a los hidrocarburos, servicios básicos con la tarifa dignidad eléctrica y entre otros programas, que coadyuvan continuamente a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y asimismo, reducir la pobreza extrema.

 



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