Campaña electoral judicializada
En materia electoral, los programas de gobierno describen las acciones de políticas públicas y los objetivos a ser alcanzados, según las competencias que correspondan. Uno de los deberes legales de las organizaciones políticas es cumplir con la implementación del programa de gobierno y ofertas electorales. El control social en materia electoral puede, vía asamblea o cabildo como instrumentos deliberativos sobre gestión, exigir el cumplimiento de un programa de gobierno.
El TSE procedió a la recepción de programas de gobierno en la primera convocatoria, antes de la pandemia y en una etapa especial de transición luego del fraude electoral, cuando la realidad del país era distinta. Hoy, se profundizó la crisis política, económica e institucional del Estado, por tanto, los programas de gobierno registrados en el TSE quedaron desfasados de las acciones inmediatas de políticas públicas.
El TSE debió permitir que los partidos reajusten sus programas a la realidad actual del país, máxime si suspendió el calendario y fecha en tres oportunidades. Los candidatos tampoco plantean cómo asumir la realidad de la crisis económica y de institucionalidad que vive el Estado. Esto profundiza la incertidumbre e indecisión de quién lo haría mejor.
El proceso de campaña electoral se inicia judicializando las ofertas electorales. La oferta central de discursos es quién podrá enjuiciar al MAS y encerrar a Evo Morales. Acciones políticas que no corresponden ni a la Asamblea, mucho menos al Órgano Ejecutivo. Ambos poderes no tienen competencia para ello. Solo pueden promover acciones.
En el proceso electoral de judicialización de la campaña se encuentran impregnados y utilizadas las instituciones del Estado.
La Defensoría del Pueblo es defensora de la Asamblea controlada por el MAS. La Fiscalía General promueve la impunidad porque no cumple su rol de defensa de la sociedad frente al delito. La Contraloría no ha efectuado un solo informe de auditoría del anterior y del actual Gobierno. La Procuraduría del Estado no cumple su rol de defensa de los bienes y patrimonio e intereses del Estado, solo denuncia al anterior Gobierno y no revisa los actos del actual.
La administración de justicia entró a la toma de decisiones electorales, aun cuando las resoluciones del TSE son inapelables e irrevisables en materia jurisdiccional administrativa, como es el asunto de registrar candidaturas.
La acción de la justicia no es competencia de ninguno de los dos poderes que serán renovados en octubre. Lo que sí es competencia es promover la acción de la justicia para que se cumpla la ley en la comisión de delitos y actos dolosos. Las candidaturas deben plantear, dentro de sus competencias, cómo van reestructurar el Órgano Judicial sumergido en la extrema politización y corrupción. Eso corresponde a las acciones inmediatas en materias de reforma institucional y constitucional.
Se espera que los organizadores de debates dirijan el planteamiento de los candidatos a los programas de gobierno, las acciones y objetivos de realización de las políticas públicas. Esto bajará la intensidad de la guerra sucia impregnada sobre quién es más o menos macho para aguantar los embates del MAS.
La justicia no puede seguir siendo instrumentalizada de manera engañosa (hay decenas de denuncias) para conseguir votos, cuando los ciudadanos ya conocen el estado deplorable del Poder Judicial. Poder que necesita una cirugía mucho mayor que no ha sido expuesta por los candidatos.
El TSE debe controlar y ser oportuno en no permitir que se usen los bienes y recursos del Estado (ciudadanos) en campaña electoral. La clase política debe mejorar su calidad, abordando cómo el país saldrá de la crisis económica (no se refiere a bonos) y de institucionalidad mediante una revolución profunda.
