15 de marzo de 2022, 4:00 AM
15 de marzo de 2022, 4:00 AM


Con el patrocinio del Ministerio de Justicia y sus buenas influencias en la Fiscalía y el Poder Judicial, el activista de Derechos Humanos y ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, fue perseguido, tenía orden de aprehensión, detención domiciliaria y arraigo por un delito que no cometió. Utilizaron a una mujer para que diga que Albarracín es el padre de una hija no reconocida, que él la abandonó y que no pagaba pensiones.

La familia de Albarracín pidió en 14 oportunidades que las partes se realicen una prueba de sangre para comprobar la inocencia del activista de Derechos Humanos, pero la parte demandante, asesorada por el Ministerio de Justicia, no quiso someterse a la prueba en todas esas oportunidades.

Finalmente, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó el estudio, hace cuatro días dio a conocer sus conclusiones y señaló que Waldo Albarracín no es el padre de la menor por la que fue denunciado.

“La muestra sanguínea del señor Waldo Albarracín y de la menor no son genéticamente compatibles para una relación de paternidad biológica”, dice textualmente el informe del IDIF tras el examen de ADN.

Anteriormente, el juez que maneja la causa, de nombre Santos Ayala, se negó permanentemente a valorar las pruebas presentadas por la familia de Albarracín. Según el hijo, Franco Albarracín, el juez llegó a decir que en Bolivia embarazar a una mujer fuera del matrimonio es delito.

Mientras transcurría el proceso, Waldo Albarracín se declaró en la clandestinidad porque consideraba que su derecho a demostrar su inocencia no era atendido por la justicia persecutoria. Ahora, conocida la conclusión del IDIF que comprueba que Albarracín decía la verdad y es inocente, la familia dice que él seguirá en la clandestinidad hasta que la justicia boliviana anule la detención domiciliaria y la orden de aprehensión.

Ellos esperan que el Ministerio Público garantice que ya no se va a continuar persiguiendo a Albarracín por razones políticas. Y no solo eso, como corresponde, ahora la familia solicitará el resarcimiento de daños económicos, sicológicos y morales, y de ser necesario iniciará procesos civiles y penales contra la denunciante y las autoridades de gobierno que se prestaron a esa calumnia.

Aún así, no habrá resarcimiento que le devuelva a Albarracín la tranquilidad perdida, el haber permanecido escondido lejos de su familia, el haber visto su nombre manchado por una acusación ruin y falsa, un recurso muy bajo en el que más que la voluntad de la denunciante se advierte la mano negra del poder político que siempre miró con desprecio a un luchador social que con frecuencia critica el autoritarismo y los abusos de los gobiernos del Movimiento al Socialismo.

Una autoridad del Ministerio de Justicia anunciaba que una vez conocido el informe pericial del IDIF, ellos levantarían el patrocinio a la denunciante. Aún así, el funcionario Aldo Torres, del Ministerio de Justicia, espera que Waldo Albarracín solicite la nulidad del proceso, en lugar de ser esa oficina del Estado la que ahora anule todas las medidas con la misma celeridad que empujó que un juez las dicte.

Albarracín es víctima del atropello del Gobierno por ser opositor y tener ideas diferentes; igual que el 10 de noviembre de 2019 militantes del MAS movilizados en las calles quemaron su domicilio, esta vez fueron autoridades del Gobierno que “patrocinaron” la persecución judicial de un hombre que en su trayectoria ha dado sobradas muestras de integridad, honestidad, compromiso con los Derechos Humanos y con la democracia.

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