Mientras Arturo Murillo es uno de los dos detenidos en EEUU sobre un caso de presunto soborno y lavado de dinero, en Bolivia hay contradicciones sobre el pedido de extradición. Lo que sí ha sido confirmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, es que Estados Unidos mantuvo informadas a las autoridades nacionales sobre las pesquisas y operaciones que dieron con la detención del ex ministro de Gobierno durante el Gobierno de transición.

Murillo fue detenido el 22 de mayo bajo la sospecha de lavado de dinero y soborno, dos delitos tipificados en una ley de Estados Unidos para prevenir la corrupción. Ese día, el exministro de Gobierno fue enviado al Centro de Detención Preventiva de Miami-Dade, en el estado de Florida, donde ahora espera la decisión del juez sobre su futuro legal.

El exministro pudo cometer esos delitos en Estados Unidos por acceder a más de $us 600.000 de un soborno que facilitó el negocio de una empresa, Bravo Tactical Solutions LLC, una intermediaria que vendió gases lacrimógenos a Bolivia por $us 5,2 millones, cuando el precio real de esos insumos, adquiridos de la empresa brasileña Cóndor, era de $us 3,3 millones.

Según la investigación de la policía de Florida, la coima también llegó a Sergio Rodrigo Méndez, un amigo del exministro y que en 2020 fue su jefe de gabinete.

Los ciudadanos estadounidenses Bryan Samuel Berkman y su hijo Luis Berkman Littman, dueños de esa empresa, pagaron $us 850.000 de fianza y quedaron libres. Su socio Philip Lichtenfeld fue enviado a prisión preventiva, según explicó el abogado estadounidense Thomas Becker, en contacto con EL DEBER, con información basada en las decisiones del Tribunal de Servicio del estado de Florida.

Ante ese juzgado, Murillo compareció el miércoles 26 de mayo ante el magistrado Jonathan Goodman, quien atendió un requerimiento fiscal para que se aplique la figura legal de “Pre-trial detention” que es la reclusión del imputado previo al juicio, pero la audiencia fue postergada para las 10:00 del 7 de junio, a requerimiento de la abogada defensora, Julia Kefalinos.

Becker explicó que el proceso que enfrenta Murillo y sus “socios” puede durar hasta dos años y precisó que los acusados “enfrentan al Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de Seguridad Nacional”, la entidad que realizó la investigación previa a las detenciones del 21 y 22 de mayo. Esas pesquisas incluyeron rastreo de mensajes de WhastApp y de llamadas telefónicas.

“Murillo debería contratar a abogados muy capos y eso cuesta dinero”, señaló Becker a este rotativo. El profesional conoce la realidad del país, puesto que respaldó a las familias que demandaron al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la ‘Guerra del Gas’. Becker detalló que el exjefe de gabinete de Murillo no logró pagar una fianza y recibió detención preventiva que cumple en la ciudad de Miami.

De todas maneras, el ex hombre fuerte del gobierno de Jeanine Áñez puede quedar libre bajo fianza, aunque para el sistema legal de EEUU ya hay “una bandera roja porque dejó Bolivia sin atender demandas penales en su contra”, apuntó el jurista.

La detención de Murillo se realizó en Naples, una ciudad cerca de Miami, por agentes de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que estaban a cargo de las pesquisas.

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, dijo ayer que el Gobierno boliviano estuvo al tanto de esas acciones a merced de un intercambio de información, a través de los canales diplomáticos. “De forma cordial, en el marco del respeto, hemos estado compartiendo información con los Estados Unidos. Sabíamos de la detención de Murillo hace algún rato atrás y antes de que se haga público. No nos correspondía dar la noticia, ni mucho menos especular ni nada por el estilo, y eso es lo que hemos hecho de manera respetuosa con la propia administración de justicia de EEUU”, apuntó.

No obstante, el miércoles, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentaba al cuñado de Murillo como detenido, recibió una nota de su asesora, Gabriela Reyes, y detuvo el informe para señalar que su predecesor acababa de ser detenido.

Extradición

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer en Sucre que autoridades del Ministerio Público de La Paz recibieron en enero instrucciones para iniciar la extradición sobre la base de una acusación instalada en enero, pero por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y munición no letal. En EEUU, se investiga al exministro y a sus “socios” por lavar dinero y conspirar para acceder a sobornos.

“El 12 de enero de 2021 el Ministerio Público inició el proceso de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal, para que la solicitud sea atendida y resuelta por la autoridad jurisdiccional competente, según el artículo 149 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. También se dispuso la realización de todas las acciones procesales destinadas a las recuperación y repatriación, en favor del Estado boliviano, de todos los activos, dineros y valores que se hubieren generado como resultado de actos ilícitos”, dijo Lanchipa.

Cinco meses y 15 días después de que se iniciara ese trámite, el mismo no es de conocimiento de la Cancillería, su titular, Rogelio Mayta, explicó que ellos son el canal oficial para enviar al Departamento de Estado de EEUU la petición de extradición. La solicitud, según su explicación, la podía realizar el fiscal que conoce el caso o el juez que está a cargo del proceso; ninguna de estas instancias empezó un trámite

“Hasta el momento a la Cancillería no ha llegado ningún requerimiento de una autoridad judicial para que pueda procederse a presentar una solicitud de extradición de parte del Estado boliviano”, dijo Mayta.

Bolivia y EEUU firmaron en 1995 el Tratado de Extradición que está basado en el principio de reciprocidad y de cooperación. Mayta explicó que esta nota establece que la solicitud de extradición debe ser planteada por el Tribunal Supremo de Justicia a requerimiento de la Fiscalía. En EEUU ese pedido debe ser analizado por autoridades del sistema judicial.

“No nos adelantaremos. Que todo se vaya desarrollando. Es conveniente no precipitarse y adelantar criterio sobre las cosas que van a suceder. En EEUU hay un proceso penal abierto contra el señor Murillo, otros bolivianos y ciudadanos estadounidenses. Ese proceso va a seguir su curso. Aquí en Bolivia, tenemos otros procesos también contra el señor Murillo que van a seguir su curso”, puntualizó Mayta sobre las solicitudes de extradición.

En todo caso, el canciller anticipó que el país cooperará con estos procesos. “Probablemente, a nosotros nos toque aportar y a ellos les toque aportar con información. Eso se verá más adelante”.

El abogado Becker dijo que ese tipo de cooperación se realiza en el ámbito técnico, pero puntualizó que en su país “los fiscales trabajan solos” y que las autoridades pueden aportar con información una vez que se desarrolle el juicio. “Los acusados, entre ellos Murillo, también pueden declararse culpables y de este modo, accederán a penas menores de dos, tres o cuatro años de prisión. El delito por el que es acusado el exministro tiene una pena máxima de 20 años, aunque durante el litigio, los acusados pueden acceder a fianzas para salir libres.

“Si le otorgan fianza, pediremos la extradición de Murillo, que ha robado recursos de los bolivianos”, anticipó ayer el ministro Del Castillo durante una entrevista con la red Unitel. La autoridad adelantó que se mantendrán atentos al desarrollo del caso y anticipó que pedirán, a través de la cooperación internacional, “que existan personas en esa audiencia que puedan aportar mayores datos de convicción” sobre los delitos que juzga Estados Unidos.

Políticos, oficialistas y opositores lanzaron duras críticas contra la Fiscalía que tiene este caso desde hace un año y no avanzó en las investigaciones. Los propios legisladores del MAS pidieron informes al fiscal sobre el estado en el que está la denuncia.

“Si tuviéramos un FBI boliviano, hasta el último masista cerraría la puerta en Chonchocoro”, cuestionó el senador Edwin Bazán, de la alianza opositora Creemos. El legislador solicitó informes a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Defensa, Edmundo Novillo, sobre las acciones que hicieron desde sus carteras para esclarecer el caso en el país.

El senador Leonardo Loza (MAS) insistió en la necesidad de promover la extradición de Murillo y también abrió la posibilidad de requerir informes a la Fiscalía sobre el caso vinculado con el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para el Ministerio de Defensa.

El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano aclaró que el caso de sobreprecio en Bolivia, es distinto al tema de lavado de dinero que está en EEUU.