Cancillería usa el 71% de recursos para mejorar la imagen del país

En la era del presidente Luis Arce, la Cancillería presentó una “renovada” política exterior, cuyo “posicionamiento” demandará el 71% de su presupuesto de “corto plazo”. Es decir, son unos $us 33,7 millones frente a la asignación anual de $us 46,8, que ha previsto la entidad estatal.

Los recursos de este “posicionamiento” serán empleados en un contexto global marcado por la pandemia de Covid-19, explicó el vicecanciller Freddy Mamani. El plan, que se basa en los principios de la autodeterminación, el respeto a la soberanía y a los derechos humanos se ha propuesto “afianzar las relaciones bilaterales y multilaterales”, pero especialmente con las naciones y bloques con los que Bolivia tiene un diálogo político “fortalecido”, puntualizó la autoridad.

En este escenario, el vicecanciller Mamani reveló que en el marco de la política internacional están previstos al menos 12 encuentros de “alto nivel”, como el que Arce desarrollará en septiembre, en el periodo de sesiones de la ONU y en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), además de otras citas específicas globales, como la cumbre del Clima COP-25 que se desarrollará en Glasgow, Escocia.

El jefe de Estado ya se reunió el 24 de marzo con su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para fijar una postura común ante la secretaría de la OEA, a la que responsabilizan por la salida de Evo Morales de la Presidencia de Bolivia, en noviembre de 2019.

La OEA denunció irregularidades en las fallidas elecciones de octubre de ese año, lo que provocó la dimisión de Morales del poder. Esto ocurrió en medio de una crisis política interna que encendió las alertas de la Unión Europea (UE) y la ONU. Ambos organismos alentaron las elecciones de 2020 con las que Arce llegó finalmente al poder, luego de la transición dirigida por Jeanine Áñez, la expresidenta ahora encarcelada, acusada de terrorismo, sedición y conspiración.

Desde marzo, la Cancillería tuvo que salir a explicar a la comunidad internacional que la detención de Áñez se produjo en el marco de “una política de Estado” para restaurar el derecho de los familiares de las personas que murieron en gobierno de Áñez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también aceptó la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una entidad vinculada con la OEA. Los peritos indagan la violencia que sacudió al país desde las elecciones de 2019, pero casi un mes antes de la dimisión de Morales, cuando estalló la crisis.

Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el Gobierno esperará el reporte internacional para, eventualmente, formalizar una acusación contra Áñez por las muertes de civiles tras las intervenciones militares en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019. También explicó que las investigaciones sobre las acusaciones contra Áñez fueron “reconducidas”, ahora se la acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, delitos que pudo cometer cuando asumió la presidencia en 2019.

El titular del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), dijo que el informe de los expertos independientes será presentado en julio y activó la posibilidad “de llevar el caso a la Corte Penal Internacional”, porque consideró que hay delitos de “lesa humanidad” cometidos por la expresidenta.

Las declaraciones de esta autoridad legislativa se produjeron el 8 de junio, tras la reunión que sostuvo la bancada del MAS con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para “coordinar” la interpelación en la que, precisamente, debía explicar si se cumplió “con el debido proceso” para la detención de Áñez, ocurrida el 13 de marzo en Beni.

Este caso motivó una conversación entre Arce y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien recordó que el debido proceso se constituye en “una base fundamental de la consolidación de la democracia”. El presidente indicó que en esa cita hubo un intercambió criterios sobre la “recuperación de la democracia”, producto de la victoria del MAS, en noviembre de 2020.

Tres meses después, cuando el tema aterrizó en el Legislativo se produjo una gresca entre legisladores del MAS y de Creemos, luego que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acusara a opositores de “corruptos” y “asesinos”, cuando fue interpelado por el caso de la exmandataria.

“No queremos más estos hechos violentos, cuando se inducen a provocaciones y se da una mala imagen al país interno”, señaló el diputado Sandro Ramírez (MAS), un criterio que también había expresado con preocupación el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani, luego de los hechos violentos en el Legislativo.

Críticas

“El Gobierno busca posicionar la narrativa del golpe, mientras las aspiraciones ciudadanas son consideradas menores y no hay una verdadera política estatal de salud, de apoyo a la educación e impulso productivo”, señaló el diputado Óscar Balderas, de CC.

El legislador consideró que el MAS debería priorizar los aspectos inherentes a la actual crisis sanitaria, provocada por la pandemia y lamentó que ese partido opte por la “división y la violencia”.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, aseguró que uno de los aspectos centrales de la política exterior de este tiempo pasa, precisamente, por el pedido boliviano “de buscar la liberación de las patentes de las vacunas” y la adquisición de medicamentos, a pesar de la alta demanda global por los insumos.

Pero, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, estuvo el jueves en Santa Cruz y afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar los inmunizantes, pues consideró que esa es la única fórmula para superar la crisis del municipio. La autoridad se reunió con representantes de la comunidad internacional en busca de respaldo.

También en busca de apoyo internacional y en una línea más política, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, viajó a EEUU para denunciar “los excesos cometidos por el MAS”.