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Cara a cara

20 de mayo de 2020, 3:00 AM
20 de mayo de 2020, 3:00 AM

Justo cuando el coronavirus adquiere virulencia mayor en Bolivia y se han disparado, particularmente en Santa Cruz y Beni, las cifras de contagios, las autoridades nacionales y sub-nacionales se desvelan por el retorno gradual a la ‘normalidad’ de las actividades interrumpidas hace más de dos meses. Lo tienen que hacer con un ojo en la implacable infección y sus preocupantes efectos, y con el otro sobre la necesidad de reactivar la productividad y la economía del país donde es cada vez más difícil la contención de la gente en cuarentena. Como ciudadanos hagamos conciencia de que, cualquiera sea la decisión que se adopte entre prolongar o flexibilizar la medida, nuestra responsabilidad seguirá jugando, incluso post-pandemia, un papel determinante ante la gravísima emergencia sanitaria que nos toca vivir.

Al igual que agitadores masistas intentando incendiar el país por la inacción de los organismos del Estado llamados a garantizar y preservar el orden y la seguridad pública, también depredadores, ‘narcos’ y otras alimañas de la peor especie siguen operando a sus anchas en los parques Amboró, Aguaragüe y Madidi donde la tala indiscriminada de madera, la caza furtiva, los cultivos de coca destinados al narcotráfico, la minería ilegal, la explotación de hidrocarburos, entre otras actividades, tiene bajo amenaza grave esas tres ‘áreas protegidas’ apenas vigiladas por un número limitado de guardaparques. Una investigación de EL DEBER y Mongabay Latam, a cargo de Nelfi Fernández y Gustavo Jiménez, deja en evidencia que la desidia y negligencia de gobernantes de turno, no permiten preservar los dones maravillosos que tan generosamente nos obsequió la naturaleza. De repente, no los merecíamos.


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